Confiscar las joyas de los solicitantes de asilo, construir centros en países no comunitarios para quitarse de en medio a los migrantes a los que se quiere deportar; detener durante tres meses a solicitantes de asilo tras arriesgar su vida en el mar, complicar los trámites de nacionalidad; abrir la puerta a encerrar en prisiones comunes a personas que no han cometido ningún delito… Son algunas de las medidas debatidas en los últimos meses a lo largo y ancho de una Europa que, tras años de blindaje sin éxito, sigue apostando por endurecer aún más las políticas migratorias como vía para reducir las llegadas irregulares y contentar a la extrema derecha.
En lo que va de año, varios países europeos han anunciado distintas normativas nacionales para reducir la inmigración: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Países Bajos, Grecia, Italia han impulsado iniciativas que reducen los derechos de las personas migrantes… Incluso España, que mantiene la distancia de la línea dura promovida por la extrema derecha, también aprobó una reforma que, aunque favorece la regularización de miles de personas, desincentiva a su vez el acceso al asilo de miles de personas, ante la nueva penalización que sufren quienes reciben una denegación de su petición.
Todas estas iniciativas nacionales ocurren mientras la Unión Europea ultima la aplicación del Pacto Europeo de Migraciones, que va a transformar la política migratoria a nivel comunitario y que abrirá la puerta a la puesta en marcha de una serie de medidas represivas inimaginables hace una década, cuando el “Welcome Refugees” aún coronaba los discursos de los principales dirigentes europeos. A ello se suman tres iniciativas legislativas sobre inmigración, negociadas actualmente por las instituciones europeas, cuyo enfoque sienta las bases para retornar a inmigrantes incluso a países con los que carecen de cualquier tipo de vínculo: los reglamentos de retorno, de países de origen seguro y de terceros países seguros.
Esta nueva propuesta tiene todas las características de un Estado policial. Permitir a las autoridades entrar en domicilios privados con tanta discrecionalidad es un claro intento de intimidar a cualquiera que ayude a otro ser humano y de poner a las personas necesitadas en un peligro aún mayor
Si hace meses la Comisión Europea introdujo en su propuesta de reglamento de retorno -que desarrolla las políticas de expulsión y devolución incluidas en el pacto europeo- la creación de centros europeos de detención en terceros países, con el objetivo enviar allí a los migrantes con una orden de retorno en firme, así como amplios periodos de detención de migrantes; el Consejo Europeo ha fijado este lunes una posición aún más dura tras la reunión de los ministros de Interior comunitarios, pues incluye mayores periodos de detención, amplía las sanciones a las personas en situación irregular (incluida la posibilidad de penas de prisión) y abre la puerta al impulso de las redadas policiales para detener a personas sin papeles.
“Esta nueva propuesta tiene todas las características de un Estado policial. Permitir a las autoridades entrar en domicilios privados con tanta discrecionalidad es un claro intento de intimidar a cualquiera que ayude a otro ser humano y de poner a las personas necesitadas en un peligro aún mayor”, ha criticado Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM, ONG con sede en Bruselas que defiende los derechos de los migrantes en la UE. “No podemos permitir que la aplicación de las leyes migratorias se convierta en la puerta de entrada a la normalización de las prácticas propias de un Estado policial en Europa”, añade.
También habrá consecuencias cuando las personas a las que se les haya ordenado regresar no cooperen. Los Estados miembros podrán “decidir denegar o deducir ciertas prestaciones y subsidios, denegar o retirar permisos de trabajo o imponer sanciones penales” que, según la posición del Consejo, también deberían incluir penas de prisión.
Según PICUM, un nuevo artículo propuesto por el Consejo permitiría a las autoridades realizar “redadas domiciliarias, investigaciones y controles adicionales para hacer cumplir las deportaciones”.
Los Estados también piden mayores periodos de tiempo de detención que los incluidos por la Comisión. Frente a los 18 meses actuales y los 24 meses del planteamiento de Bruselas, el Consejo apuesta por extenderlo hasta los 30 meses, incluso en el caso de los niños.
Además, añaden nuevos motivos de detención de las personas migrantes. “Supone una criminalización de facto de la pobreza y la exclusión”, critican desde PICUM.
Como era de esperar, el Consejo también ha mantenido en su posición la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, pese al rechazo de algunos países como España, Francia y Portugal.
Este procedimiento merma las garantías de las personas solicitantes de asilo, pues imponen plazos muy breves. Y, si se toma la decisión de la denegación de asilo, recibe directamente la orden de retorno. Se puede de recurrir, pero no se frena la expulsión automáticamente, lo que reduce los derechos de estas personas
El Consejo ha mantenido la visión inicial de Bruselas, en lo que respecta esta medida pueda afectar solo a los migrantes que reciban una decisión de retorno firme. La única condición impuesta por la Comisión sobre los lugares donde pueden levantarse es que el Estado miembro que aplique esta medida tenga un acuerdo bilateral con el país a donde quiere mandar a sus inmigrantes y “el respeto de los derechos humanos” pero sin establecer por el momento la manera de controlar esas garantías, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y a la falta de garantías en materia de derechos humanos, consecuencias habituales en los procesos denominados como “externalización de fronteras”, por los que un país europeo cede la gestión migratoria a otro no comunitario a cambio de dinero o de la cesión de posiciones en determinados intereses políticos.
El reglamento de retorno es una de las medidas insignias con las que la UE pretende intensificar la detención de inmigrantes y las deportaciones de personas en situación irregular, incluso en países extracomunitarios.
“El denominado ‘Reglamento sobre el retorno’ instaura un régimen de deportación que consolida el castigo, la violencia y la discriminación. En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE está optando por políticas que empujarán a más personas al peligro y al limbo legal”, denuncia Carta. “La posición del Consejo va en contra de la humanidad básica y los valores de la UE. Ahora le corresponde al Parlamento Europeo rechazar este enfoque. La gestión de la migración debe basarse en la dignidad y los derechos, no en el miedo, el racismo o la exclusión”, añade Carta.
Menos garantías
El Parlamento Europeo tendrá que adoptar su propia posición negociadora en los próximos meses. Y, posteriormente, ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo, deberán alcanzar un texto común para alcanzar un acuerdo.
“La aplicación del mismo pacto ya supone un endurecimiento con respecto a lo que teníamos antes, en Europa en general y aún más en España. En general, endurece, pero dependerá de cada Estado, dado que algunos puntos pueden aplicarse de una manera más garantista”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR.
El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido… “Esta tendencia, se refuerza con las tres iniciativas legislativas que prepara la UE”, apunta Muñoz. Además del reglamento de retorno, las otras dos iniciativas concretan los conceptos de “país de origen seguro” y “tercer país de origen seguro”, que conformarán el esqueleto de la nueva política migratoria europea.
Según el acuerdo europeo, quienes procedan de un país considerado “seguro” por la UE serán objeto de un procedimiento acelerado de estudio de sus peticiones de asilo y tendrán grandes posibilidades de ver rechazada su petición.
“Este procedimiento merma las garantías de las personas solicitantes de asilo, pues imponen plazos muy breves. Y, si se toma la decisión de la denegación de asilo, recibe directamente la orden de retorno. Se puede de recurrir, pero no se frena la expulsión automáticamente, lo que reduce los derechos de estas personas”, cuestiona la abogada de CEAR.
Lo que ya está aprobado
Los Estados miembros tienen de plazo hasta el verano del año que viene para trasladar a su legislación el pacto europeo de migración y asilo, y crear la infraestructura necesaria para aplicarlo. La puesta en marcha del acuerdo cambiará, entre otros asuntos, el procedimiento activado en caso de llegadas irregulares. Por ejemplo, tras el desembarco de uno de los cayucos que suelen llegar a las costas canarias. El nuevo sistema se asienta sobre lo que muchos expertos en migraciones denominan de forma crítica como “limbo jurídico”, por el cual las personas no entran en suelo comunitario cuando sobrepasan la frontera sino que se encuentran en una especie de tierra de nadie a efectos legales. Después de un triaje inicial, si los recién llegados quieren pedir asilo, pasan al carril del asilo. Si no, al de retorno. En ambos casos, mientras las autoridades estudian la petición de protección o mientras realizan los trámites de expulsión, estas personas pueden ser detenidas un máximo de tres meses, según el pacto. Sobrepasado ese plazo, las personas que no hayan sido retornadas quedarán en libertad y se les aplicará la normativa vigente hasta ahora.
En cuanto al asilo, el pacto pretende acelerar el estudio de las solicitudes y, con ello, el retorno de quienes no obtengan la protección internacional. Para cumplir con este objetivo, crea un procedimiento exprés, que reduce los plazos, lo que en la práctica limita las garantías en el análisis de las peticiones de asilo. La finalidad es que estas solicitudes se resuelvan “lo antes posible” hasta un plazo máximo de tres meses.
Una de las claves para decidir qué peticiones serán estudiadas por la vía exprés y cuáles por la ordinaria será el país de origen de los solicitantes. La UE creará un listado común de “países de origen seguros”, una iniciativa muy polémica por la arbitrariedad en los criterios de selección. También permite que cada Estado tenga su propia lista. El listado aún no es definitivo, pero en la propuesta de la Comisión Europea se incluyen países como Marruecos o Turquía. Y el Consejo ha dado el visto bueno a este listado.
Además de quienes procedan de estos países, los Estados también tendrán que estudiar de manera rápida las peticiones cuya nacionalidad tenga menos de un 20% de reconocimiento en las solicitudes de asilo totales de la UE. También aquellas de solicitantes que generen problemas de “seguridad y orden público” o aquellas donde existan indicios de fraude, un relato de los hechos “poco convincente” o sean registradas con cierto retraso desde su llegada a territorio comunitario. El derecho de asilo, por tanto, queda limitado por distintos extremos, lo que preocupa a las organizaciones especializadas en protección internacional.