Más de un siglo de desmemoria en Perú: los indígenas que se movilizan para investigar los crímenes del caucho

Duberney Lanza no es el primer joven de la Amazonía peruana que creció sin conocer sus propias raíces indígenas. Nació en San Antonio del Estrecho (Loreto, Perú), un municipio situado a la orilla del río Putumayo, en la frontera con Colombia, en una región afectada por el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Duberney alcanzó la adultez bajo la ilusión del mestizaje. Nadie le aseguró tener sangre española, pero tampoco le habló del pueblo originario Murui Bue, le inculcó sus prácticas culturales, le enseñó su lengua o lo vistió con las ropas tradicionales. No hubo una negación explícita del propio origen, sino silencio.

Duberney tiene 19 años y estudia Antropología en Iquitos. Con 500.000 habitantes, es la ciudad más grande del mundo no accesible por carretera y la capital de Loreto, la región más extensa del Perú. A pesar de su abundancia cultural y natural, la falta de acceso a servicios básicos y la mirada extractivista han escrito capítulos muy oscuros en la historia de Loreto.

La Fiebre del caucho (1880–1915) fue posiblemente el más terrible: conllevó la esclavitud, tortura, asesinato y desplazamiento forzado de miles de personas. En un flujo constante de exportaciones internacionales, Iquitos fue el epicentro de la comercialización y extracción de la goma natural en el Perú.

Pero de este tema a Duberney tampoco le habían contado mucho, a pesar de que su pueblo limita con la región más azotada por la actividad cauchera en el país: la zona entre los ríos Putumayo y Caquetá que, tras las disputas territoriales, pasó a ser colombiana. Ahí se encuentra la Chorrera, centro de actividad de la sanguinaria Casa Arana, tristemente célebre por esclavizar a la población nativa como mano de obra de su negocio cauchero.

Duberney, que empezaba a indagar en el tema, participó en un viaje organizado por la parroquia junto a otros jóvenes indígenas: “Nos invitaron a ir a la Chorrera para aprender el idioma e investigar sobre el lugar del que venimos y quiénes son nuestros ancestros”. A través de los apellidos, cada joven encontró su maloca, la casa comunal donde se reúne cada familia o clan.

El joven aprovechó para preguntar sobre la época del caucho. Le describieron unos tiempos de esclavitud con un sistema de endeudamiento que hacía imposible salir de la rueda de la explotación. Cuando algunos indígenas intentaban escapar, los barones del caucho les practicaban el castigo ejemplarizante: “Les torturaban delante de sus familiares. Les golpeaban, les cortaban dedos, la lengua…”. Siempre en nombre del progreso.

Duberney recuerda que “los abuelos de la Chorrera lloraban y procuraban no hablar de eso”. Este viaje marcó un antes y un después para él. Al poco tiempo se sumó al colectivo Tsɨuni, integrado por más de 40 personas de 11 pueblos originarios: una generación de jóvenes orgullosos de sus raíces y determinados a hacer justicia.

Tsɨuni, en lengua kukama, significa escuchar. El 17 de septiembre de 2025, en el Auditorio del Vicariato (Iquitos), la audiencia escucha. El colectivo presenta por primera vez su proyecto: una demanda contra el Estado peruano para exigir la creación de una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la época del caucho. La idea surgió tras un encuentro del pueblo kukama, donde ancianos compartieron sus vivencias. Dana Gaviota, música y antropóloga kukama, relata el testimonio de una señora, Alejandrina, que recordaba los relatos sobre asesinatos sádicos, como la quema de personas vivas.

Nadie hoy vivo es víctima directa de los caucheros. Quizá por eso las heridas son complejas. Tienen que ver con la impunidad de la violencia, con la complicidad del Estado y con un relato insultante sobre el indígena, aún muy presente en el Perú. “La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida”, critica Patrick Murayari, fotógrafo kukama y activista.

Pasar a la acción

El 12 de octubre, Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, el colectivo tsɨuni marcha por la Alameda del Caucho (Iquitos). Si bien la ciudad está muy marcada por la presencia indígena, también lo está por la época en que empresarios blancos la habitaron masivamente. Esa inmigración, promovida por el Estado, transformó lo que era un pequeño pueblo en la capital de la Amazonía peruana. Las casonas de estilo europeo son testimonio de ello y las calles con nombres de caucheros le rinden homenaje.

La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida

“Como pueblos indígenas, la Alameda no nos representa”, expone Omar Navarro, un chico kukama de 18 años nacido en La Rioja (San Martín, Perú) y estudiante de Antropología en Iquitos. Por eso, Tsɨuni eligió este espacio para celebrar lo que Omar llama Festival de la Memoria. “Hicimos una marcha pacífica para dar a conocer las atrocidades de la época del caucho. Muchos pueblos originarios se quisieron sumar y mucha gente quiso saber por qué tomábamos la Alameda”, comparte.

Pero la gran fecha llega al día siguiente. El 13 de octubre los activistas se reúnen en la sede en Nauta de Radio Ucamara, emisora comprometida con el colectivo, para marchar hacia el juzgado. Ocho activistas locales presentan la demanda ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La base legal de la demanda es el derecho a la verdad, reconocido legalmente en el Perú y exigible judicialmente. “El objetivo de la Comisión de la Verdad es que el Estado investigue los crímenes de la época del caucho, yendo a las comunidades y recopilando información sobre los pueblos, porque son necesarias sus voces”, explica Omar. El colectivo sigue esperando la admisión de la demanda, pero ha asumido el compromiso de investigar, sea en colaboración con las instituciones o sin ellas.

Las denuncias anteriores

Quien ha dedicado su carrera a documentar el impacto de las caucherías en los pueblos indígenas es el antropólogo Alberto Chirif. Él sabe que no es la primera vez que estos crímenes llegan a instituciones judiciales. Ya en 1907, el periodista peruano Benjamín Saldaña los denunció en los diarios La Felpa y La Sanción. Reino Unido también investigó la cuestión, ya que la Peruvian Amazon Company, responsable de la mayor parte de la producción de caucho en Perú, estaba registrada como empresa británica. El cónsul británico Roger Casement, que viajó al Putumayo, confirmó las atrocidades en una serie de cartas. Otras voces también denunciaron los crímenes y los jueces Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, que sufrieron amenazas y ataques, condujeron la investigación, pero no se llegó a hacer justicia.

Chirif señala que el inicio de la Primera Guerra Mundial “creó un nuevo escenario de preocupaciones para Gran Bretaña”, que apartó la mirada. Además, la extracción de caucho en la Amazonía inició su declivio, ya que, tras el robo de miles de semillas, se habían establecido plantaciones en las colonias británicas en Asia. La Peruvian Amazon Company se disolvió, los criminales quedaron impunes y sus crímenes enterrados por el paso del tiempo.

Un Estado cómplice

“El Estado peruano ha tratado siempre de evadir responsabilidades”, asegura Chirif, que señala que nunca ha hecho un reconocimiento público de su implicación en los crímenes. En 2012, en el centenario de la presentación de las denuncias ante el parlamento inglés, los antropólogos Alberto Chirif y Manuel Cornejo intentaron que se pidieran disculpas. Consiguieron que el ministro de cultura y el presidente del Congreso escribieran cartas a título personal, “pero, al fin y al cabo, ellos no eran el Estado peruano”.

Alberto Chirif define la relación del Estado con los pueblos originarios como demagógica. A menudo, la presencia es insuficiente a la hora de cubrir necesidades básicas. Duberney reflexiona: “No es que en ese entonces el Estado tuviera olvidados los pueblos indígenas: ahorita pasa lo mismo”. Por ejemplo, ante la presencia de mafias extractivas en Loreto, que ocupan, violentan y contaminan el territorio indígena, la intervención es mínima. “La cuenca del río Nanay está toda contaminada por la minería, pero ellos no se mueven”, señala Omar.

Chirif afirma que hay una promoción de las actividades ilegales desde el Congreso: “Se han rebajado los estándares de contaminación y se han reducido las penas para los transgresores”. Opina que “la presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas”. Incluso ha habido ataques directos, como el bombardeo al pueblo Matsés en 1964 o los sucesos del Baguazo, los enfrentamientos entre policía e indígenas en 2009 en Bagua, en el departamento de Amazonas, en el que murieron más de 30 personas, entre agentes y activistas.

Un imaginario que mata

Detrás de la violencia y la desprotección contra los pueblos originarios, sus tierras y su cultura, se esconde una discriminación muy enraizada. A inicios del siglo XX, los caucheros se servían del argumento civilizador: los nativos eran salvajes y caníbales que no creían en Dios y no hablaban castellano. Los empresarios, pues, asumían la tarea de civilizarlos y peruanizarlos. “He llegado a la conclusión de que se llegaron a creer el imaginario que ellos mismos habían creado sobre los indígenas y los trataban violentamente un poco por precaución”, comparte Chirif.

Con el paso del tiempo, la narrativa ha ido cambiando: “Ahora no sería correcto un imaginario que diga que los indígenas no son seres humanos, pero sí se puede actuar como tal a través de ataques o malos tratos”, reflexiona, y añade: “Al final, quienes van a salir siempre perjudicados serán los indígenas, con nuevos argumentos discriminatorios”.

Desde la fiebre del caucho, la discriminación y la violencia han condicionado la permanencia de las culturas originarias: “Hay pueblos que han desaparecido, otros han perdido la lengua y otros se han visto reducidos a su mínima expresión”. La gran mortalidad de esos años fue un factor importante, especialmente cuando afectó a figuras clave para la transmisión cultural.

“Por ejemplo, las sociedades huitoto estaban estructuradas en clanes, regidos por un curaca, que era el portador de la palabra tradicional y la transmitía a su primogénito, y así sucesivamente. En la medida que estos personajes van desapareciendo, se va cortando la transmisión cultural”, cuenta Chirif. Sin el curaca, los pueblos huitoto tuvieron que transgredir su propia cultura para procurar su continuidad. “Eso nos lleva hoy en día a una sociedad que ha perdido el vínculo con su propia tradición espiritual y está desorientada”, explica.

Pueblos en silencio

La migración ha sido un fenómeno muy presente entre los pueblos supervivientes. Durante los años 20 y 30, los desplazamientos forzados marcaron el futuro de pueblos enteros. Hoy, ante la falta de servicios básicos en las comunidades, son habituales las migraciones a núcleos urbanos. “En el transcurso de migrar a las ciudades, los indígenas ya no están con su gente, no tienen con quién hablar su lengua y la van perdiendo”, comenta Duberney.

Las familias de Duberney y Omar han estado fuertemente marcadas por un corte en la transmisión cultural. Hoy, estos jóvenes adultos buscan reconectar con su herencia perdida. Omar no supo que parte de su familia era kukama hasta hace pocos años, cuando conversó con su abuelo acerca de la historia familiar. “Al padre de mi abuelo el patrón lo maltrataba por hablar una lengua diferente a la suya. Eso provocó que ya no quisiera hablar su lengua y, poco a poco, la olvidara”, comparte. El abuelo de Omar no llegó a aprender la lengua kukama.

La presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas

En la época del caucho, “los patrones veían la diversidad lingüística como un acto del demonio”, señala el joven. Hoy, los prejuicios los tiene una sociedad urbana “que sigue repitiendo discursos de odio”. Las lenguas indígenas son excluidas en la educación, las vestimentas son motivo de burla y los apellidos son motivo de desconfianza. Los indígenas urbanos a menudo renuncian a su identidad. “Intentan occidentalizarse”, reconoce Omar. De nuevo, el silencio.

“Las conversaciones con mi abuelo me ayudaron mucho a conocer mi árbol genealógico: yo tenía mucha curiosidad sobre de dónde venía”, explica Omar. “Resolver estas dudas me ayudó a compadecerme de mis antepasados; a entender que ellos tuvieron que cambiar para adaptarse a la sociedad. Conozco su tristeza”, comparte. Para él y para Duberney, conocer lo que la época del caucho supuso para sus pueblos ha servido para desenterrar una parte muy importante de su historia familiar, conocer su herencia indígena y repensar la propia identidad.

Las familias de estos jóvenes les apoyan en la creación de la Comisión de la Verdad, que quiere ampliar la documentación sobre uno de los mayores crímenes contra los pueblos originarios de la zona, desde la perspectiva de las víctimas; que busca revalorizar las culturas originarias amazónicas, aún hoy discriminadas; que quiere contar unos hechos desgarradores para que nunca más se repitan. Duberney lo tiene claro: “Los ancianos ya no tienen la fuerza ni la voz para caminar, protestar y luchar. Ahora nos toca a nosotros”.