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Baleares limita a 620.000 las plazas turísticas y aumenta las multas a los propietarios de pisos ilegales

Una imagen de archivo de Palma.

Marta Garijo / EFE

La nueva normativa turística de Baleares entra hoy en vigor con novedades respecto a las viviendas de alquiler turístico y al límite de las plazas turísticas. Baleares tenía vigente una ley que prohíbia el alquiler de alojamientos turísticos, aunque en la práctica si uno entraba en una web de una plataforma de pisos turísticos, como Airbnb, veía una amplia oferta de pisos para alquiler durante unos días. Ahora, el Gobierno regional quiere restringir esto y lo hace introduciendo una serie de requisitos bastante restrictivos que tienen que cumplir los pisos para poder ser ofertados para el alquiler de corta estancia.

El Ejecutivo regional ha anunciado además que incrementarán las multas para quienes los anuncien de forma ilegal. En un contexto en el que quieren limitar las plazas de alojamiento para acotar la masificación turística. Para que la actividad turística sea sostenible los cercanos 10 o 20 años, y no vernos desbordados, se tienen que poner límites“, dijo en rueda de prensa ayer el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló.

Barceló lo dijo al presentar una normativa que permite los pisos de alquiler turístico pero les impone una estricta serie de requisitos. Entre ellos que dispongan de certificado energético, que se ofrezcan servicios turísticos y que se den de alta en el correspondiente registro. Otro de los puntos que recoge la nueva ley es que las viviendas no sean de protección oficial y que esta actividad no esté prohibida en los estatutos de la comunidad de propietarios. 

Para darse de alta y presentar nuevas declaraciones responsables de inicio de actividad de comercialización de estancias turística, las viviendas tienen que estar en aquellas zonas aptas para ellos. ¿Y qué es una zona apta? La normativa deja margen a los ayuntamientos para que estos estipulen cuáles son las zonas en las que se pueden dar de alta viviendas turísticas. “La administración competente para llevar a cabo la zonificación considere que esta utilización extraordinaria de las viviendas residenciales resulta compatible con el uso ordinario de vivienda que las caracteriza”, señala la norma.

La norma sobre el turismo se aprobó el pasado 31 de julio pero una serie de tiras y aflojas entre varios grupos políticos hizo necesaria la aprobación de un decreto ley que explicara algunos puntos que no estaban suficientemente explicados. Tras esto, ayer se aprobó la normativa que ya ha entrado en vigor.

¿Qué pasa con los pisos que están ya anunciados?

La administración ha dicho que va a dar una prórroga de 15 días a las plataformas para que se adapten a la nueva normativa. En la rueda de prensa de presentación de la norma, la directora general de turismo Pilar Carbonell señaló que el Govern enviará un requirimiento a las plataformas informándoles de las nuevas obligaciones legales, adjuntando caputras de pantalla que demuestren que no se han adaptado y dándoles un plazo de 15 días para hacerlo. Si en ese plazo no se facilitan los números de registro de las viviendas, el Ejecutivo comenzará los trámites de los expedientes.

Las multas para las plataformas, intermediarios turísticos o plataformas digitales van de los 40.000 a los 400.000 euros, según explicó el Ejecutivo Balear, que además señaló que se ha aumentado la cuantía para los propietarios o comercializadores de pisos desde los 20.001 hasta los 40.000 euros.

Límite de plazas

Otra de las medidas para controlar el turismo es el techo de plazas turísticas. Este se ha establecido en 622.917 de las cuales 435.707 serán para Mallorca. Para el resto de islas en el reparto corresponden 109.800 a Ibiza, 60.117 a Menorca y 18.000 a Formentera.

Las plazas se distribuyen por categoría. En el caso de Mallorca, las plazas hoteleras serían de 300.127, de las que 5.964 de las cuales están en tramitación. Estas suponen un 68,9% del total de las plazas. Además se establece un límite de 92.931 plazas para el alquiler turístico en viviendas vacacionales, que representa el 21,3% del total.

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