Escrivá, contra el rechazo al ingreso mínimo vital por si se dan fraudes: “Nadie diría que no haya impuestos porque hay defraudadores”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha rebatido este jueves varias de las críticas que cuestionan o rechazan la implantación del ingreso mínimo vital para familias en riesgo de pobreza, muchas de ellas lanzadas desde la extrema derecha. Por ejemplo, que las rentas mínimas contribuyen a generar economía sumergida y fraudes para acceder a estas ayudas. “Creo que esta visión, que sigo oyendo como un mantra, realmente refleja un bajo conocimiento de lo que son estas prestaciones”, ha sostenido Escrivá en un encuentro digital celebrado esta mañana por Nueva Economía Fórum.

El ministro ha lanzado una “reflexión de carácter general” sobre por qué se cuestionan más este tipo de políticas con el argumento de que se pueden producir algunos abusos. “Nadie diría que no vamos a establecer impuestos en España porque hay defraudadores. No tiene sentido”, ha afirmado a modo de ejemplo, por lo que ha insistido que con estas políticas de gasto la visión debe ser la misma: implementar las políticas y perseguir los fraudes que se puedan producir al respecto.

“Si estamos de acuerdo en que los objetivos son absolutamente necesarios y legítimos, hagámoslo y después persigamos el fraude”, ha insistido. El ingreso mínimo vital que aprobó el Gobierno la semana pasada pretende reducir la pobreza más aguda en España, que tiene índices muy altos de pobreza moderada y severa en relación con los países de la UE. En algunos colectivos concretos, como los niños y las familias monoparentales, España se sitúa como el segundo país con peores registros, con más pobreza, de los 28 que conforman la Unión Europea.

La evidencia apoya las rentas contra la pobreza

El ministro, economista y anterior presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), ha recurrido a los datos y las investigaciones que han estudiado las rentas mínimas contra la pobreza para rebatir los recelos y las críticas a este tipo de políticas.

“La forma de entenderlo es: ¿dónde están estas prestaciones mejor desarrolladas?”, ha introducido Escrivá. “En los países nórdicos, en los países centroeuropeos.... Son precisamente los países donde mejor funciona el mercado de trabajo, donde menos informalidad hay”.

Si nos centramos en el caso de España, las prestaciones que mejor funcionan son las implementadas en Euskadi y Navarra, ha recordado el ministro, “Comunidades Autónomas con un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, una tasa de paro menor, un menos grado de precariedad del trabajo...”.

El ministro ha llamado a atender a “esas evidencias, sin necesidad de acudir a investigaciones, que también las hay”. Todo ello, “debería llevarnos a ser muy prudentes con ese tipo de juicios, que me parece que son injustos y poco informados”, ha rematado. Aquí pueden consultarse algunos estudios, como el de la Fundación Iseak sobre la reducción de la pobreza en Euskadi gracias a su renta mínima.

Hay sanciones y mecanismos contra el fraude

José Luis Escrivá ha subrayado que el ingreso mínimo vital incluye mecanismos en contra del fraude y que en su opinión permitirán aflorar economía sumergida. Por ejemplo, todos los beneficiarios de la ayuda tendrán que presentar la declaración de la renta, lo que aumentará notablemente la información de la que dispone hasta ahora Hacienda.

El ministro ha destacado especialmente por su novedad la creación de la figura del “colaborador responsable” en la legislación del ingreso mínimo vital, que convierte en responsable solidario a quien contribuya a la percepción de una renta mínima de manera indebida. Por ejemplo, un empresario que pagara en negro parte del salario a su empleado, de modo que este accediera a la ayuda.

El decreto que desarrolla esta nueva renta mínima estatal castiga además de manera específica posibles infracciones y fraudes en relación a la ayuda. Las sanciones van desde “el apercibimiento de la persona infractora” en los casos leves, la pérdida de la prestación durante determinados periodos en función de la infracción, e incluso la extinción del ingreso mínimo vital y la obligación de pagar a la Seguridad Social hasta “seis mensualidades de la prestación” en los casos muy graves.

En determinadas infracciones, la Seguridad Social podrá impedir que esa persona pueda beneficiarse de la renta mínima estatal “por un periodo de dos años” e, incluso, cinco años “cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa”.