Rato defiende ante el juez que contratar a su cuñado le salió muy rentable a Bankia

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha defendido este jueves ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, los contratos que hizo la entidad bancaria a su excuñado Santiago Alarcó, como asesor internacional con un salario que pasó de 100.000 a 480.000 euros anuales entre 2010, y 2012 y a su secretaria, Teresa Arellano, durante su mandato en Caja Madrid. Ha subrayado las experiencias laborales de ambos como requisitos para los cargos en los que fueron contratados. 

Rato, que ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a las 8.30 horas, ha declarado como investigado ante el magistrado durante una hora en una pieza separada de las investigaciones por presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, entre otros. También han sido llamados a declarar Alarcó, Arellano --ambos en calidad de investigados-- y un testigo.

En declaraciones a Europa Press, el ex vicepresidente del Gobierno ha explicado que Alarcó fue contratado como asesor de Bankia, ya que en ese momento se estaba buscando a una persona con su “perfil” para “reforzar el comité de activos y pasivos”. Según ha constatado, el excuñado tiene una experiencia internacional de “20 años o más” en bancos y manejo de fondos de inversión.

Informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportados al sumario señalaban que Alarcó fue contratado como asesor de Caja Madrid con una retribución de 120.000 euros; en 2012 el contrato se renovó por 240.000 y un año después por 480.000 euros.

Rato ha concretado que al principio Alarcó aceptó trabajar “a prueba unos meses y con salario reducido” y ha hecho hincapié en que las revisiones de su salario se hizo “según las normas” y en un comité de medios. “Yo nunca participé, nunca hablé con las personas que eran miembros de ese comité de medios y nunca me trasladaron preocupación por su contratación. Fue de gran rentabilidad para Caja Madrid y Bankia”, ha indicado.

Así pues, ha apostillado que la primera revisión se hizo debido a la “satisfacción” con la labor desempeñada; mientras que la segunda fue por la realización de informes directos al Consejo de Caja Madrid sobre temas inmobiliarios y financieros, a su “dedicación exclusiva” a la entidad y a la su participación en consejos de administración de sociedades participadas “sin ninguna remuneración”.

En cuanto a Arellano, ha hecho hincapié en que tiene una “gran experiencia” en el Ministerio de Economía, en la Vicepresidencia del Gobierno y en el Congreso de los Diputados. Para Rato, estas son las “mejores” referencias laborales para el puesto de coordinadora que ocupó su secretaria.

“Cuando me incorporo en Caja Madrid, entendí que la coordinación entre diversas áreas necesitaba una coordinadora. Creí que tenía las mejores características y pedí a los responsables del banco que se pusieran en contacto con ella”, ha dicho el expresidente de Bankia.

No obstante, ha recalcado que, en este caso, tampoco intervino en su contratación, ni conocía las condiciones laborales, ya que fue ella quien las negoció.

Asimismo, ha enfatizado que existe una cláusula de dos años de indemnización en caso de despido para “todas las personas” relacionadas con la Presidencia de la entidad, “desde el consejero delegado u otros cargos”.

Se trata de la cuarta vez que Serrano-Arnal llama a declarar al expresidente del FMI en relación con la gestión de su patrimonio; la última fue el pasado mes de febrero, cuando le interrogó a él, a su abogado Domingo Plazas, y a otras personas, entre ellas su hermana María de los Ángeles, contra quienes no adoptó ninguna medida cautelar.

Tras su última declaración en febrero, Rato manifestó que diez meses después de su detención y registro en su vivienda y despacho, la Agencia Tributaria no tenía aún un informe definitivo sobre las presuntas irregularidades en su patrimonio. “Diez meses después de entrar en mi casa, Hacienda no es capaz de hacer un informe definitivo”, explicó entonces Rodrigo Rato en declaraciones a Europa Press.

Además, según han informado fuentes jurídicas, continúan las medidas cautelares que ordenó el juez pasado 7 de octubre, ya que nadie ha solicitado nada al respecto. El magistrado impuso la retirada del pasaporte y la comparecencia mensual en dependencias judiciales.