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Hacienda tampoco transferirá a los ayuntamientos el IVA de 2017, que las corporaciones cifran en 750 millones

Las grandes entidades locales, como las comunidades autónomas, también están afectadas por los cambios en el sistema de información del IVA que ha reducido en un mes el cobro de las liquidaciones correspondientes a 2017 

Aprobado el déficit autonómico del 0,2 % para 2020 con el voto de las CCAA del PSOE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero EFE

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a los ayuntamientos que, al igual que las autonomías, no se les trasladará directamente el IVA que dejaron de cobrar por el lío de la puesta en marcha de un nuevo sistema de información en el año 2017, que implicó que las liquidaciones se efectuaran por once en lugar de por doce mensualidades. Pero al igual que a las regiones, les propone mecanismos compensatorios para suavizar las implicaciones financieras de este menor ingreso. La la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cifra esta cantidad en 750 millones de euros, una cantidad que María Jesús Montero no ha querido confirmar tras la reunión del Consejo de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), ya que quiere esperar al cierre de las liquidaciones.

Entre las medidas de alivio, la regla de gasto del año 2020 se situará en el 2,9%, una décima más que la senda vigente aprobada en 2017, con lo que se ofrece un mayor margen a los municipios para invertir en políticas sociales. Además, se pondrá en marcha un extra FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para que no se produzcan retrasos en el pago a proveedores. La ministra de Hacienda también ha trasladado en la reunión que no tendrá efecto la liquidación del IVA de 2017 a la hora de evaluar el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto y de déficit de 2019 de las entidades locales.

Los grandes ayuntamientos reciben una parte menor de ingresos por IVA, y algunas corporaciones del PP han amenazado con ir a los tribunales (así lo ha hecho el alcalde de Zaragoza, el conservador Jorge Azcón).

Las entidades locales también sufrieron las consecuencias de la liquidación de un mes de 2017 en el que el dinero que les correspondía por el principal impuesto indirecto no les llegó: primero por la entrada en vigor de un nuevo sistema (el SII) y después por la ausencia de presupuestos generales del estado para 2019. Una cantidad que Hacienda no ha confirmado.

María Jesús Montero, y la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, han comunicado a las administraciones locales sus objetivos de estabilidad presupuestaria para este año como paso previo a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020. Montero ha explicado que hasta esta tarde no se sabrá si finalmente la senda de estabilidad de todo el Estado y el techo de gasto se verán en el Consejo de Ministros de mañana o en otros próximos.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2020 y del periodo 2021-2023 para las entidades locales implican equilibrio presupuestario en todos los años. El objetivo de deuda pública para las entidades locales queda fijado en el 2% para 2020 y 2021; en el 1, 9% en 2022; y en el 1, 8% en 2023. 

Para comprender el enredo contable por el que dejó pagarse a las comunidades, y también afectó a los ayuntamientos, la mensualidad del IVA correspondiente a diciembre de 2017 debemos remontarnos a la implementación ese año del llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Entre otras cuestiones, esta medida que adoptó Montoro implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 de cada mes al 30. El pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entró en caja en enero de 2018. De manera que, en tales términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones de IVA, sin que ninguna comunidad autónoma del PP protestara por este cambio.

En 2019 llegó la hora de liquidar el ejercicio 2017 (es decir, ver si los anticipos ingresados por el estado central a las autonomías eran mayores o menores de lo efectivamente recaudado por IVA, y compensar las diferencias). Esta operación siempre se hace con un decalaje de dos años, y ya estaba María Jesús Montero al frente del Ministerio. La solución que se ideó para resolver el problema fue articular un cambio normativo en el IVA a través de los Presupuestos de 2019 que supuso adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del día 30 al 20, generando así el efecto contrario que en 2017. De esa forma, en términos de caja, en el año que acaba de terminar se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los once meses de 2017. Esta solución no pudo aplicarse ya que el proyecto de presupuestos fue rechazado.

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