Hacienda busca frenar el conflicto con las autonomías por los 2.500 millones del IVA con más margen en el déficit

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado una serie de medidas paliativas a las comunidades autónomas por el efecto de haber dejado de cobrar la parte que les correspondía del IVA de diciembre de 2017. Son 2.500 millones de euros que han puesto en pie de guerra incluso a las comunidades del PSOE, algunas de las cuales, como Castilla–La Mancha, se han unido a las amenazas de acudir a los tribunales.

No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas, informa EP.

Hacienda no tiene la intención (por una cuestión legal, aseguran) de transferir esa cantidad directamente, pero también porque considera que en realidad las comunidades autónomas ya han gastado ese dinero. 

“En 2019 la mayoría de las comunidades presupuestaron y gastaron el IVA que les correspondía, en torno a dos décimas del PIB y por eso en 2019 las comunidades van a experimentar esa traslación al déficit. Las comunidades han gastado el dinero del IVA y se ha convertido en déficit para las CCAA”, ha explicado Montero en la rueda de prensa posterior. Por ello, ha asegurado, en la reunión, donde prima el criterio técnico, las comunidades del PP no han planteado que el gobierno se queda con el dinero de las comunidades “porque eso es falso”. 

Pero sí ha puesto sobre la mesa una serie de compensaciones para aliviar las cuentas autonómicas, encargadas de sufragar gastos como la educación, la sanidad y la dependencia. Por un lado, el objetivo de déficit para 2020 se modera para dar más margen a las CCAA y queda fijado en el 0,2% del PIB. Esto supone dos décimas más que la senda vigente (aprobada por el Gobierno del PP en 2017) y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año. 

Los objetivos de déficit del 0,2% del PIB han salido adelante con once votos a favor: nueve comunidades autónomas (Aragón, asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, todas del PSOE excepto la que gobierna Miguel Ángel Revilla en coalición con los socialistas), Melilla (Ciudadanos y PSOE) y el Ministerio de Hacienda. Por su parte, han votado en contra las cinco CCAA del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia) y Ceuta, también gobernado por los conservadores. 

Catalunya no ha podido votar por la inasistencia del consejero de Economía, Pere Aragonès, aunque sí ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no cuenta con voto en este foro por ostentar un menor cargo. País Vasco y Navarra acuden a estas reuniones pero tampoco votan, al no ser de régimen común.

En cuanto al problema del IVA, según fuentes presentes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera desde julio de 2018, Montero ha reiterado que el problema fue generado por su antecesor, Cristóbal Montoro, y que PP y C’s impidieron solucionarlo al rechazar la propuesta del Gobierno en los presupuestos de 2019. 

Además, ha asegurado que el efecto de esta liquidación de 2017 no cobrada no ha provocado recortes en las comunidades autónomas, sino que han gastado ese dinero. Por lo tanto, el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.

Por este motivo, las autonomías se habrían pasado de gasto el año pasado: la ministra de Hacienda ha trasladado en la reunión que los datos aún provisionales y no definitivos reflejan que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron 2019 con un déficit en torno al 0,5% del PIB.

A partir de aquí lo que ha propuesto es no tener en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, por ser un ‘one off’ (no recurrente en el tiempo). Es decir, se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Si tras descontar dicho efecto del IVA las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.

Además, si se descuenta el efecto del IVA, el cierre estaría alrededor del 0,3%. Esto significa que al aprobarse un objetivo de déficit del 0,2% para 2020, el esfuerzo de reducción de déficit de las CCAA este año es de solo de una décima.

 En cuanto a la financiación, si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA. Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.

Adicionalmente, les ha propuesto un “extra FLA al 0%”. Para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas esta financiación del Fondo de Liquidez Autonómica con un tipo de interés del 0%.

El origen del problema

Para comprender el enredo contable por el que dejó pagarse a las comunidades la mensualidad del IVA correspondiente a diciembre de 2017 debemos remontarnos a la implementación ese año del llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Entre otras cuestiones, esta medida que adoptó Montoro implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 de cada mes al 30. El pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entró en caja en enero de 2018. De manera que, en tales términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones de IVA, sin que ninguna comunidad autónoma del PP protestara por este cambio.

En 2019 llegó la hora de liquidar el ejercicio 2017 (es decir, ver si los anticipos ingresados por el estado central a las autonomías eran mayores o menores de lo efectivamente recaudado por IVA, y compensar las diferencias). Esta operación siempre se hace con un decalaje de dos años, y ya estaba María Jesús Montero al frente del Ministerio. La solución que se ideó para resolver el problema fue articular un cambio normativo en el IVA a través de los Presupuestos de 2019 que supuso adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del día 30 al 20, generando así el efecto contrario que en 2017. De esa forma, en términos de caja, en el año que acaba de terminar se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los once meses de 2017. Esta solución no pudo aplicarse ya que el proyecto de presupuestos fue rechazado.