El comercio ilegal de tabaco le cuesta unos 13.000 millones de euros anuales a la Unión Europea
El comercio ilegal de tabaco provoca pérdidas de unos 13.000 millones de euros de ingresos anuales para los presupuestos de la UE y de sus Estados miembros debido a la elusión de derechos de aduana, el IVA y los impuestos especiales, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado “Lucha contra el comercio ilícito de tabaco en la UE: Esfuerzos fragmentados y lagunas persistentes”. En el documento se señala la falta de cohesión en las estrategias de la UE para combatir el mercado ilegal de tabaco, destacando que las medidas actuales son “insuficientes y desorganizadas”, de manera que se permite al crimen organizado que explote las diferencias entre Estados miembros.
El informe abarca a toda Europa pero se ha centrado en cuatro países: Bélgica, España, Polonia y Rumanía, debido a su relevancia en términos de incautaciones de tabaco, detección de fábricas ilegales, rutas de tráfico y su posición geográfica, además de realizar una encuesta a los otros 23 Estados miembros de la UE.
Los grupos de delincuencia organizada han reubicado estratégicamente la producción de Ucrania a la UE a fin de acortar la cadena de suministro y tener un acceso más directo a los consumidores. Uno de los punto que critica el informe es que las definiciones de contrabando y fabricación ilegal y las penas por estos delitos varían drásticamente en la UE, lo que incita a las redes delictivas a trasladar sus operaciones a jurisdicciones con sanciones menos estrictas.
De hecho, el informe pone como ejemplo de la magnitud del problema la mayor fábrica ilegal de cigarrillos desmantelada en España hasta la fecha, una operación de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF). Se trataba de una red delictiva transnacional altamente profesionalizada, que operaba en otros seis países de la UE y su vecindad (Polonia, Ucrania, Rumanía, Grecia, Eslovaquia e Italia). La operación concluyó con 20 detenciones, la incautación de aproximadamente 31 toneladas de tabaco crudo (valoradas en 5 millones de euros) y cerca de tres millones de paquetes de cigarrillos falsificados (valorados en 15 millones de euros).
El informe de la OLAF detalla que se han incautado de más de 427 millones de cigarrillos ilegales en todo el mundo (219 millones confiscados en las fronteras exteriores de la UE), además de 411 kilos de tabaco crudo y 53,6 kilos de tabaco para pipa de agua, evitando pérdidas por más de 178 millones de euros para los presupuestos públicos.
En 2023, los productos ilícitos representaban el 8,8% del consumo total de cigarrillos de la UE. No se trata ya solo del tabaco tradicional. El mercado ilegal de otros productos como cigarrillos electrónicos y tabaco calentado asciende a casi 21.000 toneladas en la UE. Los nuevos productos representan ya el 13% del valor de mercado de los productos de tabaco vendidos en la UE, resultando muy atractivos para los consumidores jóvenes.
El informe señala la fragmentación de la respuesta europea como uno de los motivos de la debilidad de la respuesta. La lucha contra el tabaco ilegal está dividida entre múltiples organismos (OLAF, Europol, DG TAXUD, DG SANTE, EMPACT, LEWP-C) sin que ninguna entidad asuma un liderazgo claro ni centralice la coordinación. Además, los auditores europeos señalan que la Comisión Europea no supervisa a los Estados ni ha realizado evaluaciones periódicas y exhaustivas sobre la eficacia real de las medidas tomadas a nivel de la UE.
Relaciones “opacas” con las tabaqueras
Además, el documento pone sobre la mesa la relación “opaca” de los fabricantes de tabaco con los Gobiernos europeos. Alrededor de la mitad de los Estados miembros han firmado acuerdos de cooperación voluntarios con las tabacaleras, que son en su mayoría confidenciales, lo que impide evaluar si se cumple la normativa de limitar las interacciones de las administraciones públicas con la industria tabaquera y asegurar la transparencia para evitar conflictos de interés.
El informe pone como ejemplo también que la OLAF tiene dos acuerdos vinculantes con British American Tobacco e Imperial Tobacco Limited, firmados en 2010 y vigentes hasta 2030. Sin embargo, estos acuerdos nunca se han actualizado a pesar de los cambios del mercado y son criticados por su falta de utilidad demostrada, elevados costes de reputación y la carga administrativa de cooperar de forma tan estrecha con las mismas empresas que deben regularse.
Los auditores también critican que cada Estado tiene unas prioridades diferentes en la lucha contra el contrabando de tabaco. Por ejemplo, mientras que en Bélgica, España y Polonia las aduanas disponen de amplias competencias para dirigir investigaciones penales y redadas, en Rumanía la autoridad aduanera se limita a investigaciones administrativas y depende de los cuerpos de seguridad para causas penales. Solo Polonia tiene una estrategia nacional específica para combatir el contrabando de tabaco, mientras que Bélgica, España y Rumanía aplican marcos más generales.
Respecto a la la maquinaria incautada, mientras que Polonia permite la destrucción inmediata de ciertos materiales decomisados, otros Estados miembros se enfrentan a trabas legales que les obligan a un almacenamiento a largo plazo muy costoso. En Rumanía, por ejemplo, la legislación permite subastar la maquinaria incautada sin que existan mecanismos de control eficaces para evitar que vuelva a entrar al mercado ilícito.
Además, el intercambio de información entre países es “lento o incompleto”. En una muestra de diez incautaciones por Estado miembro auditado, solo en una minoría de los casos (entre dos y cinco según el país) se compartió la información con las autoridades competentes de otro Estado miembro.