Los sueldos millonarios de la Administración siempre están esperando a Elvira Rodríguez
Elvira Rodríguez ha sido nombrada la nueva presidenta de Tragsa, sociedad pública dedicada a servicios agrícolas y medioambientales. Será este su enésimo cargo en sociedades y administraciones vinculadas al PP. Nacida en Madrid en 1949 y economista de formación, fue ministra de Medio Ambiente y secretaria de Estado de Presupuestos durante los mandatos de José María Aznar.
Cuando el PP pasa a la oposición en el Gobierno central, Rodríguez da el salto a la Comunidad de Madrid, donde sucesivamente se ocupa de la consejería de Transportes y preside la Asamblea, hasta que los conservadores vuelven a ocupar La Moncloa en diciembre de 2011.
Poco después, en febrero de 2012, fue nombrada presidenta de la CNMV, el organismo regulador de los mercados, levantando ampollas en sectores financieros que no la consideraban preparada para el puesto. Durante su mandato tuvo que lidiar con las consecuencias de las preferentes. Rodríguez defendió la tesis de su predecesor en el cargo, Julio Segura: “La emisión de participaciones preferentes no se habría prohibido, ni siquiera con las nuevas normas de control de los mercados”.
Rodríguez también defendió la actuación del organismo en otros procesos como la salida a bolsa de Bankia. Dijo que el organismo hizo “todo lo que tenía y podía hacer” con los mecanismos con los que contaba durante el proceso.
La no renovación de Rodríguez a finales de 2016 como presidenta de la CNMV fue forzada por Ciudadanos, que no la consideraba idónea para el puesto tras los escándalos de Pescanova y Abengoa. Eran habituales los ataques de algunos economistas como David Taguas o Luis Garicano (y otros autores del blog Nada es Gratis) por lo que consideraban un nombramiento inadecuado.
Ya en octubre de 2012 aseguraban en un polémico post que el nombramiento de Rodríguez, era “un desacierto y un síntoma de los problemas que tiene nuestro país a la hora de seleccionar a sus dirigentes, algo que cada vez más vemos como razón última de nuestra profunda crisis nacional mucho más allá de los meros epifenómenos de la crisis financiera o presupuestaria”. E incidían: “el nombramiento compromete la autonomía de un organismo regulador que se supone independiente y refuerza el problema fundamental en el mercado financiero español que es la connivencia entre el poder político y la distribución del crédito”.
Tras su salida del regulador bursátil, y quizás intentando aprovechando la pugna que entonces libraban los ministros de Economía y Hacienda por controlar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la exministra se postuló abiertamente como presidenta del holding público del que dependen la mayoría de empresas públicas del Estado.
Es un puesto muy bien retribuido (más de 200.000 euros anuales) y con amplios poderes que llevaba vacante desde julio (tras la dimisión de Ramón Aguirre para volver al Congreso), pero que entrañaba un inconveniente: la posible existencia de conflictos de interés por el puesto anterior de Rodríguez en la CNMV y la presencia de la SEPI como accionista en las cotizadas Red Eléctrica, Enagás, IAG, Indra y Ebro Foods.
El Gobierno llevó a plantearse seriamente el nombramiento de Rodríguez pero lo descartó tras consultar con los asesores jurídicos del despacho Ramón y Cajal. La incompatibilidad era evidente. Finalmente, la elegida fue una persona de la máxima confianza de Cristóbal Montoro: Pilar Platero, anterior subsecretaria de Hacienda y exsocia de Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro de Hacienda.
En Tragsa, Rodríguez tendrá que conformarse con un sueldo de unos 176.000 euros anuales. Menos de lo que ganará la nueva presidenta de la SEPI, pero más de lo que cobraba al frente de la CNMV (149.326 euros). En todo caso, ganará más que el presidente del Gobierno.
La empresa pública que pasa a dirigir presentó un expediente de regulación de empleo en noviembre de 2013 por motivos económicos, que finalmente afectó a 555 trabajadores, el 5% de la plantilla total. Los sindicatos recurrieron el despido ante la Audiencia Nacional, que lo declaró nulo. Sin embargo, meses después el Tribunal Supremo dio un giro y avaló el expediente de regulación. Los trabajadores denuncian que, a pesar del ERE, la empresa ha seguido contratando personal temporal para cubrir los mismos puestos.
