El Gobierno plantea multar con 8,5 millones a un gran moroso fiscal por no aportar al Fondo de Eficiencia Energética
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, ha notificado una propuesta de resolución por la que plantea sancionar con 8,54 millones de euros a la empresa Biomar Oil por no aportar la cuantía económica correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el ejercicio 2024.
Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el anuncio se ha realizado mediante notificación edictal tras resultar infructuosos los intentos de notificación telemática y postal en el domicilio de la entidad, informa Europa Press.
Biomar figura en las dos últimas listas de morosos de Hacienda con una deuda de más de 119 millones. Era la sexta empresa que más debía al Fisco en España a cierre de 2025. Sus oficinas en Madrid fueron registradas a finales del año pasado por la Policía Nacional por un presunto fraude de IVA superior a los 200 millones. En las redadas contra esa presunta organización delictiva se halló incluso un taller ilegal de armamento en Ávila.
El expediente por esa sanción califica el incumplimiento como una infracción muy grave conforme al artículo 79.1.a) de la Ley 18/2014, al no haber ingresado dentro del periodo exigible la aportación asignada para dicho año. Por ello, se propone una sanción de 8.544.249,95 euros, cuantía sujeta al límite del 10% del importe anual de su cifra de negocios o de la cifra consolidada de su grupo matriz.
El Ministerio recuerda a la compañía que la sanción propuesta no la exime de abonar la deuda pendiente con el FNEE relativa a su obligación de ahorro de 2024, importe que asciende a 7,767 millones de euros. A partir de la publicación en el BOE, Biomar Oil tiene quince días para comparecer ante la Dirección General, consultar el expediente completo, formular alegaciones y aportar la documentación pertinente.
Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio para ejercer de operador de productos petrolíferos por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
Transición alegó que Biomar estaba incumpliendo la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley al fuel, y de ahí esa deuda con el Fisco de más de 119 millones. La empresa emprendió un procedimiento penal contra los responsables del ministerio que decidieron inhabilitarla como operador e interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación.
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