La investigación de Competencia a la sanidad privada afecta a uno de los principales grupos regionales del sector
Recoletas, uno de los principales grupos regionales de sanidad privada en España, líder en Castilla y León y en expansión en Galicia o Andalucía, es una de las empresas del sector que inspeccionó en noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles abusos y acuerdos irregulares.
La Audiencia Nacional ha rechazado una petición de esta empresa de paralizar cautelarmente el proceso e impedir que la CNMC utilice la información recopilada por sus inspectores en los registros que, según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que ha tenido acceso elDiario.es, realizó el organismo en la sede de Recoletas en Valladolid entre los pasados 18 y 21 de noviembre.
La empresa alegaba que esa inspección fue irregular y “que, una vez incoado el expediente sancionador, se suspenda su tramitación”, recoge el auto. Alegaba que la pesquisa le causa graves pérdidas económicas y reputacionales, pese a que el organismo no identificó las empresas investigadas ni consta la apertura de expediente alguno por ahora.
Para pedir esa suspensión cautelar, Recoletas recurrió la orden de inspección de la CNMC de 7 de noviembre de 2025 (en el marco de la información reservada S/0019/25), la actuación inspectora y la negativa del personal del organismo a entregar el auto judicial de un juzgado-administrativo autorizando el registro. La empresa arguyó falta de competencia de la CNMC para llevar a cabo la investigación y entendía vulnerados sus derechos fundamentales, con “un perjuicio irreparable” para sus intereses.
Alegó que “en el plano reputacional, la eventual incoación de un expediente sancionador y la publicidad que la CNMC le otorga a ello –además del eco que le dan los medios de comunicación– comporta un daño particularmente intenso y difícilmente reversible para una organización sanitaria en su relación con aseguradoras y Administraciones públicas”.
Además, expuso que “ese deterioro reputacional tiene efectos multiplicadores: puede generar revisiones contractuales o exigencias de garantías adicionales, y condicionar, en el ámbito de la contratación pública sanitaria, la valoración de solvencia y fiabilidad del operador en procedimientos de licitación y renovación de conciertos y convenios”.
La Sala señala que esos costes económicos y reputacionales “no pueden ser el fundamento de la concesión de la medida cautelar”, al ser “inherentes a toda orden de inspección y de investigación dictada por la Dirección de Competencia de la CNMC”. “En todos los casos en que se dictaran tales órdenes habría que conceder medidas cautelares como las que aquí se solicitan, haciendo ineficaz la actuación de la CNMC realizada para preservar la competencia”, razona.
En el top 10
Recoletas, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está entre las diez principales empresas del sector en España. El Observatorio del Sector Sanitario 2026, publicado en mayo por su patronal, IDIS (de la que es patrono el grupo), situaba a la empresa en décima posición por número de camas “no benéficas” (vinculadas, por ejemplo, a órdenes religiosas) entre los hospitales privados en 2024, con 439 unidades y una cuota del 1,6% (por delante de la canaria Hospiten), y un total de ocho hospitales.
Esta cifra ha quedado desactualizada y el grupo, que ha protagonizado varias compras en los últimos años, tiene ya más de una decena de hospitales en funcionamiento. En Castilla y León tiene siete (en Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia y Ponferrada), a los que sumará próximamente el que construye en Salamanca.
También proyecta desde hace años otro en Aranda de Duero. Y cuenta con hospitales en Cuenca, en Orense (donde compró el grupo Cosaga en 2022) y en Marbella, inaugurado a finales del año pasado. En Palma gestiona la Policlínica de Miramar. Además, tiene una veintena de centros médicos y una docena de centros de diagnóstico por imagen, clínicas de medicina reproductiva e institutos y unidades especializadas, según su web.
En Andalucía se está expandiendo tras incorporar a su red el Grupo Médico Doctor López Cano de Cádiz en julio de 2024. En 2023 fue uno de los adjudicatarios del acuerdo marco para el servicio de asistencia “complementaria” del servicio andaluz de salud (SAS) para derivar operaciones quirúrgicas a clínicas privadas y reducir listas de espera, un megacontrato con un valor estimado en 533 millones de euros, copado por otros grupos como Quirón, Vithas, HLA u Hospitales Pascual, entre otros.
La anterior edición de ese informe de IDIS cifraba la facturación de Recoletas en 113 millones anuales, a partir de datos de la consultora DBK. El grupo (de los pocos que quedan de capital familiar en España) no aporta cifras de facturación ni consolida sus cuentas en una cabecera que dé idea de su verdadera dimensión.
Está a años luz de Quirónsalud, líder del sector en España (la filial del gigante alemán Fresenius facturó en 2025 unos 5.400 millones y tiene medio centenar de hospitales), y lejos de los siguientes en el ranking: Ribera Salud (unos 900 millones) y HM Hospitales y Vithas, que rondan los 800 millones. Pero es un actor relevante en un mercado muy atomizado, con buenas perspectivas de crecimiento y que, según Fresenius, movió 22.500 millones en 2024.
Recoletas se fundó en 1989 cuando su fundador, presidente y propietario, Amando Rodríguez, dejó el Banco de Bilbao, del que era directivo, para montar con varios socios el primer centro de resonancia magnética y TAC en Valladolid, en un local en la calle Recoletas, en el centro de la capital pucelana. De ahí el nombre de la compañía.
El grupo se incorporó a CEOE en 2021. Su principal sociedad, Grupo Hospitalario Recoletas, cerró 2024 con activos de 331 millones, según sus últimas cuentas disponibles, accesibles a través de Insight View. Esta cifra haría merecedor a su propietario de entrar en las tradicionales listas de ricos españoles, en las que nunca ha figurado, aunque ha sido señalado en alguna ocasión entre las familias más poderosas del país.
Rodríguez, que en alguna de sus escasas intervenciones públicas ha presumido de correr “delante de los grises” en su etapa universitaria en Bilbao, se prodiga poco en medios. Hace un par de años, en la que según dijo era su primera entrevista en televisión, contó al veterano periodista Manuel Campo Vidal que había recibido “muchas” ofertas por su “pequeño grupo”, que tenía entonces ya más de 3.000 empleados, y aseguró que “los fondos de inversión no debieran de pintar nada en la sanidad” porque “la contaminación que producen, perseguir sin denuedo el resultado para poder dar un pase y obtener dinero, a mí me parece que no es lo que se merece la sociedad ni los empleados que trabajan en esas empresas”.
El empresario aceptó en 2009 la oferta de uno de esos fondos, la extinta firma de capital riesgo Mercapital (no la nombró en esa entrevista), para desarrollar su negocio de diagnóstico por imagen, pero la experiencia “salió mal porque el fondo perseguía el dinero. Nosotros perseguimos ser útiles”. Rodríguez ha declarado que hace años exploró “de la mano de la Xunta” de Galicia su desembarco en Latinoamérica, pero no fructificó. Ha afirmado que los ingresos del sector público no llegan “a la mitad” del total del grupo.
Según Rodríguez, en su empresa son “colaboradores fieles” de la sanidad pública. “Entre el Sacyl [la sanidad de Castilla y León] y Recoletas tenemos que solucionar los problemas de salud de la comunidad”. Un ejemplo, el “maravilloso” acuerdo firmado en pandemia para dar apoyo a la sanidad pública “sin hacer ruido”.
Hace unos meses, la Fiscalía de Ourense denunció al grupo por presunta estafa y falsedad documental al cobrar supuestamente facturas infladas al Sergas (Servicio Gallego de Salud), simulando sedaciones completas en lugar de anestesia local. A finales de 2025 el Sacyl admitió que investiga a 15 médicos del hospital público de Burgos por incompatibilidad con su trabajo en centros de Recoletas.
La CNMC inició en la primavera de 2023 un estudio sobre las condiciones de competencia en el seguro de asistencia sanitaria en España. El pasado 27 de noviembre el organismo que desde julio preside Juan José Ganuza anunció que “investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria”.
“Se investiga la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las empresas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada”, indicó.
De confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que prohíben los acuerdos o recomendaciones dirigidos a “impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional” y los abusos de posición dominante.
Estas inspecciones, recalcó el organismo, son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la LDC, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la sanción.
En marzo de 2025, la CNMC anunció un expediente sancionador a Sanitas, una de las principales compañías del sector en España, y a la aseguradora Generali por supuestas prácticas anticompetitivas, relacionadas con un acuerdo firmado en octubre de 2022 por el que el grupo de sanidad privada asumió la gestión de los servicios asistenciales de los clientes de la aseguradora y su pago a los centros hospitalarios.
Fue el primer expediente sancionador incoado por el organismo (creado en 2013) a este sector, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2025, se superaron por primera vez los 14 millones de clientes con seguros de salud en España. Entre enero y junio fue el segmento que más creció (un 6,9%), según los últimos datos de la asociación Icea.