Primeras negativas a la prórroga del alquiler: “Me responden que me vaya con otro burofax”

Tan solo había pasado un día de la votación del Congreso que tumbaba el decreto-ley de prórroga de los alquileres cuando Pedro (nombre ficticio), joven vecino del barrio de Arganzuela de Madrid, recibió una respuesta a su petición de acogerse a esa posibilidad. “Nos respondieron a nuestro burofax con otro burofax que nos decía que el 1 de septiembre nos íbamos a la calle”.

Cuando habla de su primer burofax, se refiere al que enviaron pocos días después de que el pasado 20 de marzo el Gobierno aprobara, en el marco de las medidas económicas de protección al impacto de la guerra en las familias, un real decreto que obligaba a los caseros a prorrogar dos años los contratos que vencieran entre ese momento y el 31 de diciembre de 2027. Se estima que unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares están en esta situación.

El propietario de la vivienda en la que vive Pedro ya había dejado caer por mensaje a los tres jóvenes inquilinos de este piso, por el que pagan una renta de 1.390 euros mensuales, que debían irse el 1 de septiembre, cuando finalizaba el contrato, o “afrontar una subida muy elevada de precio”, cuenta Pedro. Por ello, cuando se aprobó el decreto, vieron una oportunidad para quedarse en su vivienda.

El Ministerio de Consumo y los sindicatos de vivienda recomendaron entonces enviar un burofax antes de que decayera el decreto para acogerse a la prórroga, que tendría efecto siempre y cuando el derecho se hubiera activado (mediante dicho burofax) en su etapa de vigencia.

El decreto lo tumbó el Congreso y dejó de estar vigente un mes y poco después, el pasado 28 de abril. Y una parte del sector inmobiliario y los asesores jurídicos que trabajan con ellos aseguran que desde entonces ya no es válido y que tan solo será aplicable para contratos que vencieran antes del 28 de abril, y en ningún caso para los que venzan después. Por ello, los caseros respondieron con otro burofax a Pedro, que augura una batalla legal como la que han advertido algunas voces del sector.

En el comunicado, al que ha tenido acceso elDiario.es, la propiedad dice que antes del 1 de septiembre se deberá proceder a la entrega de llaves después de NO PRORROGAR (así, en mayúscula, negrita y, además, subrayado) dicho contrato, ya que, una vez ha caído el decreto, “no resulta aplicable ninguna prórroga extraordinaria”.

Se avecina batalla judicial

Ante tal respuesta, un adelanto de denuncias y procedimientos judiciales que acabarán de dirimir quién tiene la razón, los sindicatos de vivienda han elaborado instrucciones de cómo responder. No es obligatorio, dicen, contestar de nuevo porque la prórroga es de aceptación obligatoria, pero recomiendan hacerlo (ya no es necesario con burofax) para que quede constancia clara de su postura.

elDiario.es ha hablado con decenas de inquilinos a quienes el contrato les vencía en este periodo y las coyunturas son muy diversas. Desde alguno que se ha ido por la tensión que generó la mera idea del burofax hasta caseros que lo han aceptado de buenas y sin rechistar, pasando por otros a quienes les ha servido para negociar un nuevo contrato o silencios sepulcrales que no dejan muy clara la postura. Algunos de esos silencios se están convirtiendo ya en negativas explícitas.

Es el caso también de Trinidad Cruzado, vecina de Cornellà (Barcelona) de 56 años en un piso en el que vive sola y por el que paga 600 euros. Tiene problemas desde que la gestión de su vivienda pasó del propietario, al que conocía desde la infancia y que falleció, a un administrador de fincas contratado por el hijo del fallecido.

Ya en 2021 se negó a una subida de precio que llevó a que la invitaran a abandonar la vivienda. Llegaron a un acuerdo con la mediación del Sindicat de Llogateres, pero la propiedad le dejó claro que tendría que irse al vencer el contrato, o sea, en julio de este año.

La aprobación del decreto le sirvió como ventana para pedir la prórroga por burofax. En el escrito también solicitó la de tres años recogida en un decreto parecido de 2022, por la guerra de Ucrania, que solo es aplicable en zonas declaradas como de mercado tensionado por las Comunidades Autónomas, como es el caso de Cornellà.

En su caso, la respuesta ha llegado por mail. “Me dicen que no aceptan la prórroga y que me tengo que ir como ya habían dicho”, relata Trinidad. “No me han dado ninguna razón. Llevo viviendo allí 15 años, nunca he dejado de pagar y tengo el piso en perfectas condiciones. Me quieren echar para especular”, sentencia.

También ha recibido un correo Pablo, también nombre ficticio, de Coslada (Madrid). En él, el casero responde al burofax pidiendo la prórroga asegurando tajantemente que “el 27 de mayo será la entrega de llaves”. En su caso, vive con su mujer y su hija y asegura haberse ocupado del cuidado del piso y de una gran parte de las reparaciones e inversiones a las que estarían obligados los caseros. También les han obligado a guardar muebles antiguos ocupando el sótano, “los muebles del conde Drácula”, bromea, después de una bienvenida con chinches en el colchón que encontraron.

La familia llegó al apartamento en 2020 con una mensualidad de 1.200 euros que, con las subidas que se han ido aplicando, se ha elevado a 1.400. En diciembre del pasado año, la propiedad les exigió por burofax digital 1.800 euros (es un chalé con piscina), cuantía que Pablo consideró excesiva, lo que le llevó optar por la vía del burofax. Después de la votación del Congreso, le llegó la negativa de los caseros.

La inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler, también conocida como Tranquiler y que fue sancionada con multas por cobrar comisiones ilegales por el Ministerio de Consumo, es la que gestiona su inmueble. Fuentes de la empresa aseguran que ven los alquileres “caso por caso”, pero que en general no dan validez al decreto para contratos que vencen una vez ha decaído el decreto en el Congreso. “Eso lo acabará decidiendo un juez”, dicen estas fuentes.

“Que vengan, que me denuncien”

Ante esta tensión, ninguno de los tres inquilinos entrevistados sabe qué pasará, si serán denunciados o si se presentará alguien a recoger las llaves en las fechas anunciadas. “No va a pasar nada. Que vengan, que me denuncien”, dice Pablo. “A mi casa no puede entrar nadie sin una orden judicial”, sentencia Trinidad.

Pedro, por su parte, aún confía en que la propiedad dé su brazo a torcer. “La idea es que acepten la prórroga. Y si no aceptan, tendremos que ver si queremos seguir y pelearlo o preferimos no meternos en ese lío”, resume.

Todos ellos prefieren esa incertidumbre a la indefensión de tener que abandonar su hogar ante la jungla de precios del exterior o afrontar una gran subida para poder continuar, aunque Trinidad reconoce que es “un parche” ante la indefensión legal de los contratos.

“Me afecta, me preocupa la incertidumbre, pero es la única manera”, dice Pablo. Coincide Pedro: “Claro que genera estrés, pero está bien que genere incertidumbre en los dos bandos. Porque no es lo mismo tener inestabilidad en unos ingresos extra que recibes que en quedarte en tu propia casa”, concluye.