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Las siete prioridades que debe abordar el nuevo Gobierno en materia de energía

Abaratar un recibo al alza, decidir el futuro de las nucleares, resolver el problema de los residuos atómicos e impulsar las renovables, principales retos de la nueva legislatura

Tras cuadrar el déficit de tarifa a martillazos y en contra de todo el sector, el PP lleva tiempo apostando por un "pacto de Estado" en materia energética

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Sede del Ministerio de Industria. CC Luis García

Sede del Ministerio de Industria. CC Luis García

Sin punto de comparación con el reto de la anterior legislatura, cuando Mariano Rajoy heredó un descomunal déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sistema eléctrico) de cerca de 27.000 millones de euros que ha logrado encauzar a martillazos y a costa de un profundo descontento del sector, la persona que aterrice al frente del Ministerio de Industria afronta ahora otras urgencias en materia energética. Con el PP apostando desde hace tiempo por un “pacto de Estado” energético, estos son los principales retos que, a juicio de expertos y agentes del sector, debe abordar el nuevo Gobierno.

Electricidad más barata

Con España encaramada al quinto puesto del ránking europeo de tarifas eléctricas más caras para los consumidores domésticos, el actual entorno de precios de los últimos meses no ayuda (ya van seis meses consecutivos de subidas) y la pobreza energética ha entrado de lleno en la agenda política. Este mismo mes, el Congreso instaba al Gobierno, a propuesta de Ciudadanos, a incorporar este asunto como “prioridad” en la política energética española. Quizás por ello, prácticamente la única alusión de Rajoy a la energía durante el debate de investidura fue esta: “Mi único objetivo, supongo que compartido por todo el mundo, es que la energía sea cada vez más barata”, dijo, tras reprocharle Albert Rivera la “chapuza” de la reforma eléctrica de la anterior legislatura.

El todavía secretario de Estado de Energía y, uno de los ministrables que suenan con más fuerza, Alberto Nadal, ya ha apostado por una nueva reforma energética, pero técnica, más que política. “Hay comunión en todos los partidos en que hay que tocar la factura de la luz. Se hará sin duda”, dice un observador del sector. Entre las partidas ajenas al suministro que podrían salir de los costes regulados está el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares, que deberían asumir los Presupuestos Generales del Estado. O el anacrónico mecanismo de interrumpibilidad (descuentos para la gran industria a cambio de teóricos cortes en determinados momentos).

Sentencias judiciales

Varias sentencias recientes juegan en contra de esa intención de aligerar la tarifa. En julio, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a revisar al alza el margen de comercialización de las eléctricas que suministran el precio regulado (conocido como PVPC). Unesa ya ha dicho que este es "uno de los temas importantes" que debe abordar el Ejecutivo. La refacturación a más de 13 millones de usuarios acogidos a la TUR será previsiblemente una de las primeras decisiones que se aborden. Además, el Supremo acaba de tumbar el sistema de financiación del bono social (descuentos del 25% para clientes desfavorecidos), que hasta ahora sufragaban las eléctricas. El coste del bono es de unos 200 millones al año, a los que suman 500 millones por lo que han adelantado las empresas desde 2014. Las alternativas son básicamente dos: cargar ese coste a los Presupuestos o a los peajes (los costes regulados). En este último caso, Industria podría aprovechar el superávit que ahora tiene la tarifa (nos 1.000 millones del periodo 2014-2016). A más largo plazo, está por ver qué deparan las decenas de denuncias promovidas ante tribunales internacionales de arbitraje contra España por los recortes a las renovables, con miles de millones en juego. En caso de derrota, está descontado que correrá a cargo del consumidor.

Mix eléctrico

La cesta futura de tecnologías que garantizarán el suministro eléctrico dependerá fundamentalmente de qué pase con las nucleares, con la decisión sobre el cierre definitivo de Garoña como primer hito. En línea con las peticiones del lobby eléctrico, el Gobierno (en minoría) intentará en la medida de lo posible alargar la renovación de las plantas a los 60 años (en lugar de los 40 actuales), pero se va a topar con el rechazo del Congreso. Aunque técnicamente ya está empujando a favor a través de varias resoluciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que van en esa línea, es difícil que vaya a ser posible. El PP utilizará los compromisos de reducción de emisiones para intentar conseguir ese objetivo.

Apoyo a renovables

Fuentes del PP en el Congreso aseguran que los precios no van a ser “el eje principal” de la política energética de la próxima legislatura. Este, dicen, debe pasar por la transición energética: el abandono o reducción de las emisiones dando cumplimiento al Acuerdo de París y a los compromisos con la UE. 

En esa hoja de ruta, jugarán un papel fundamental las renovables, las grandes maltratadas de la primera legislatura de Rajoy. Para impulsarlas, el PP apuesta ahora por incentivos que primen más la eficiencia que la tecnología y que vienen impuestos desde arriba (desde Bruselas). “Se hablará de energía y no de fuentes, primando las más eficientes, probablemente mediante subastas de nueva potencia siguiendo el modelo alemán, a precio alzado”, dice una fuente del sector. Las candidatas a beneficiarse son la eólica y la fotovoltaica, que han visto desplomarse sus costes de instalación sin que España (pionera en su desarrollo) se haya beneficiado de ello hasta ahora. El despliegue de las energías limpias dependerá de qué pase con la nuclear. Y hay que recordar que el problema de infrautilización del enorme parque de centrales de ciclo combinado (gas natural) no está resuelto. Al PP también le tocará tragarse el sapo del peaje al autoconsumo (el conocido como impuesto al sol), rechazado por toda la oposición. Entre las eléctricas tradicionales, ya ninguna niega el cambio de modelo que se avecina pero, previsiblemente, darán la batalla en tema de los plazos, sobre todo, las que tienen un mix más contaminante, como Endesa o Gas Natural.

Residuos nucleares

El Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha en la anterior legislatura el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, pendiente todavía de los permisos de los ministerios de Industria y Agricultura y objeto de un fuerte rechazo político y social. El CSN, cuyo consejo está blindado hasta más allá de 2020 con vocales afines al PP, podría sacar la infraestructura adelante, pero con un desgaste político brutal. El proyecto está en el limbo por las incertidumbres sobre los terrenos elegidos, que técnicamente son válidos. La cuestión es el coste que tendrá, actualmente presupuestado en torno a 1.000 millones. Ni las propias empresas ven viable el ATC, porque están pidiendo almacenes individuales (ATIs) ante la saturación de las piscinas que custodian sus residuos. A corto plazo, en julio de 2017 debe regresar de Francia la basura atómica de la antigua central de Vandellós. Podrán quedarse allí a costa de un nuevo acuerdo millonario con la francesa Areva para dar una nueva patada hacia adelante al problema.

Gas Natural

El nuevo Gobierno deberá tomar una decisión sobre el desmantelamiento del fallido almacén Castor, pendiente de un informe técnico del MIT. Al problema de infrautilización de los ciclos combinados se suma el intento de convertir a España en un ‘hub’ de conexión con Europa para aprovechar su imponente red de regasificadoras. No es un empeño fácil. Todo dependerá del impulso europeo y de si Rusia vuelve a las andadas con sus periódicas amenazas de cortar el grifo del gas a Europa. Y para convertirse en un polo de distribución de gas a gran escala hacia Europa, España necesita más interconexión con Francia, que no está por la labor.

Olvido del ‘fracking’, más eficiencia, transporte limpio

Con el furor del PP a favor del ‘fracking’ ya disipado y una mayoría parlamentaria en contra, no parece que esta legislatura vaya a ser favorable para esta polémica técnica de extracción. Dado el determinante peso (en torno al 25%) que el transporte tiene en las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las prioridades de esta legislatura también debería estar este asunto. Probablemente se articulen medidas que coarten la voluntad de utilización de vehículos diésel y gasolina e incentiven el coche eléctrico, que día a día aumenta su capacidad de autonomía. Otra asignatura pendiente es el impulso del ahorro y del ahorro y la eficiencia energética, con medidas orientadas a la edificación.

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