El Proceso 1001: el juicio contra el movimiento obrero que puso bajo el foco internacional la represión franquista

Laura Olías

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Lo que iba a ser una reunión sindical clandestina acabó con un mediático proceso judicial y los 'diez de Carabanchel' en la cárcel como símbolo viviente de la represión franquista. Hace cincuenta años, el día de San Juan de 1972, la mayor parte de la cúpula de Comisiones Obreras fue detenida por la policía franquista. La orden de la Brigada Político Social contra el movimiento obrero dio pie al llamado Proceso 1001, un juicio que puso el foco en la dureza del franquismo sobre libertades esenciales en la mayoría de países. El régimen, en sus últimos coletazos y que pretendía dar cierta imagen de moderación, impuso penas muy elevadas a los responsables sindicales que contribuyeron a desmontar ese espejismo. No solo dentro del país, sino también fuera, con un aumento de la solidaridad a la movilización sindical en España.

“1972 fue un año de represión”, recordó Cristina Almeida, abogada laboralista que formó parte de la defensa de la cúpula sindical de CCOO en este episodio. Solo participaron dos mujeres: ella y la abogada Francisca ('Paca') Sauquillo, que este viernes tomaron la palabra en el homenaje al juicio contra el movimiento obrero celebrado en Madrid.

“1972 fue un año de represión”, que ellas veían en sus despachos y hasta en sus casas, donde recibían numerosos casos de trabajadores y otros ciudadanos represaliados, como las personas del colectivo LGTBI, advirtió Paca Sauquillo. Pero muchos no lo sabían, o no hasta qué punto. Tanto dentro del país, pero también fuera. Hasta que llegó el Proceso 1001.

Este se inició con la detención de la mayor parte de la dirección clandestina de CCOO, los que pasarían a la historia como 'los diez de Carabanchel', por su encarcelamiento en la prisión del barrio madrileño: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luis Fernández Costilla.

La detención fue el pistoletazo de salida a un caso que ganó repercusión, dentro y fuera del país, por las elevadas penas que pidió la Fiscalía y que finalmente acordó también el Tribunal franquista de Orden Público.

Penas máximas por libertades básicas

“Aquí pedían 20 años de cárcel. Eran unas penas que no las ponían ni a los que mataban al rey, porque es que el Código Penal se terminaba casi en esas penas”, recordó entre risas Cristina Almeida, con su habitual humor, en el homenaje del proceso judicial. Hasta 20 años de cárcel y un día para líderes sindicales, como Marcelino Camacho, y un mínimo de 12 años de prisión para otros como Acosta y Santisteban. “Como si fueran los peores criminales del mundo”, destacó la laboralista.

“La petición de penas resultaba realmente insólita e impropia de esa época y del Tribunal de Orden Público. A fin de cuentas se los acusaba de dirigir una organización sindical, por muy ilegal que fuera”, recuerdan José Antonio Pérez y Mayka Muñoz Ruiz en el libro Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras, que acaba de editar Catarata con la Fundación 1 de Mayo por el 50 aniversario del suceso.

La postura de la Fiscalía se tornó en condena negro sobre blanco, con las abultadas penas de prisión para todos ellos, en un juicio marcado por un hecho decisivo: el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA el mismo día que arrancó la vista oral, el 20 de diciembre de 1973. “Se los castigaba imputándolos por un delito que en los países del entorno europeo no era sino el ejercicio de unos derechos democráticos, como las libertades de sindicación y de reunión”, recogen en el libro los dos historiadores.

El atentado de ETA contribuyó, pero no fue el único motivo de las abultadas penas, destacan los protagonistas del proceso. “Muchas veces nos hemos preguntado por qué ese ensañamiento”, apuntó Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas en la actualidad y uno de 'los diez de Carabanchel', que tomó la palabra este viernes en Madrid en nombre de los condenados, algunos ya fallecidos. “Solo es explicable en el marco de creciente movilización de trabajadores, en múltiples lugares de España”, de hombres y mujeres “jugándose el trabajo, la libertad y la vida, contra una dictadura que se resistía a desaparecer”.

Se pretendió dar un escarmiento a los movimientos sociales. El golpe fue duro, pero no lograron frenar las luchas sociales ni lo que ellos llamaron 'la subversión', que continuó creciendo hasta la conquista de la democracia

Para los condenados, el franquismo “pretendió dar un escarmiento que debilitase a los movimientos sociales ante lo que pudiera acontecer el el futuro”, indicó Nicolás Sartoruis. Un final del régimen y el paso a un sistema democrático que “ya se preveía”. “El golpe fue duro, hay que reconocerlo, pero no lograron frenar las luchas sociales ni lo que ellos llamaron la subversión. Esta continuó creciendo hasta la conquista de la democracia”, celebró Sartorius.

Las abogadas Almeida y Sauquillo advirtieron de hecho justo del efecto contrario del proceso judicial. Los 'diez de Carabanchel' se convirtieron en símbolo de la represión y ganaron “mucha solidaridad” dentro y fuera de las fronteras, con movilizaciones internacionales que señalaban a España por coartar derechos básicos.

Sus caras y nombres se multiplicaban en folletos y actos de protesta. Con un foco importante en Francia, sindicalistas, pero también intelectuales y artistas de Europa y Estados Unidos se movilizaron en favor de los encerrados en Carabanchel, recoge el libro de la Fundación 1 de Mayo. Desde el 'Boletín Solidaridad', impreso en francés y castellano en un sótano próximo a la Universidad de la Sorbona (París), hasta la publicación de cuadernillos personalizados sobre cada uno de los protagonistas encarcelados y la iniciativa 'Seis horas por España', con actos protagonizados por artistas como el escritor Jean Cassou, la cantante y actriz Juliette Greco, el compositor Mikis Theodorakis y el poeta Marcos Ana, entre otros.

Reivindicación de un “hito” en la Transición

“Hay momentos en la historia de los países que, cuando tomas perspectiva, te das cuenta de que cambian la vida. Son como puertas que hacen pasar a ese país de una habitación a otra. Esta efeméride hizo cambiar a este país”, subrayó el catedrático y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, en el acto de homenaje, que se celebró en la casa del diálogo social a nivel estatal.

Comisiones Obreras lideró este acto inaugural del 50 aniversario, pero de la mano del Gobierno a través del Ministerio de Memoria Democrática y del CES, con voluntad de celebrar la memoria no solo “del sindicato y para el sindicato”, sino ampliar su alcance para “que se reconozcan desde la instituciones el papel de trabajadores y trabajadoras en la historia democrática de este país”, destacó Unai Sordo, secretario general de CCOO. El ministro de la Presidencia y de Memoria Democrática, Félix Bolaños, agradeció a los protagonistas y a sus familias su papel para recuperar la democracia. “Hoy España sería otro país sin vuestra lucha”, subrayó. El ministro aseguró también que “la Ley de Memoria Democrática va a ser realidad muy pronto”, una regulación “que va a condenar el franquismo, homenajear a sus víctimas, y que pondrá en valor la Ley de Amnistía y la Transición como un éxito de los demócratas, de quienes lucharon por la democracia y los consiguieron”.

Descubrir el Proceso 1001 a las generaciones postfranquistas para entender su importancia no solo dentro el movimiento obrero y en concreto del sindicato, sino para también conocer su papel en los compases de la Transición, que dejó atrás un régimen dictatorial de cuatro décadas.

“A nosotros no nos liberó ningún ejército, ni extranjero ni nacional como sucedió en Europa después del nazismo. Nos tuvimos que liberanos nosotros”, reivindicó Nicolás Sartorius, que destacó el papel de diversos movimientos sociales, de trabajadores pero también otros como los estudiantiles, para acabar con la dictadura. “A la muerte del dictador no llegó la democracia a España”, recordó Sartorius. “Ahí hubo años decisivos en la historia de España, en los que nos jugamos el futuro de este país. Hubo que pelear mucho hasta que logramos la Constitución de 1978, de la que nos consideramos parte constituyente”, reivindicó.

Unai Sordo también destacó la necesidad de recuperar el papel de los trabajadores y trabajadoras en la historia de la restauración democrática. “Se ha hecho una historiografía edulcorada, sesgada y parcial de la Transición”, criticó. Reconociendo el papel central de partidos políticos en la oposición con sectores “más renovadores” del franquismo conscientes de que la dictadura llegaba a su fin, “es parte fundamental para entender los cambios acaecidos, la movilización social, particularmente de los trabajadores y trabajadoras, que precipitó aquellos cambios y abortaron el primer modelo de transición del franquimo sin Franco que encarnó Airas Navarro como presidente del Gobierno”, reivindicó Sordo.

Lo que iba a ser una reunión sindical clandestina acabó con un mediático proceso judicial y los 'diez de Carabanchel' en la cárcel como símbolo viviente de la represión franquista. Hace cincuenta años, el día de San Juan de 1972, la mayor parte de la cúpula de Comisiones Obreras fue detenida por la policía franquista. La orden de la Brigada Político Social contra el movimiento obrero dio pie al llamado Proceso 1001, un juicio que puso el foco en la dureza del franquismo sobre libertades esenciales en la mayoría de países. El régimen, en sus últimos coletazos y que pretendía dar cierta imagen de moderación, impuso penas muy elevadas a los responsables sindicales que contribuyeron a desmontar ese espejismo. No solo dentro del país, sino también fuera, con un aumento de la solidaridad a la movilización sindical en España.

“1972 fue un año de represión”, recordó Cristina Almeida, abogada laboralista que formó parte de la defensa de la cúpula sindical de CCOO en este episodio. Solo participaron dos mujeres: ella y la abogada Francisca ('Paca') Sauquillo, que este viernes tomaron la palabra en el homenaje al juicio contra el movimiento obrero celebrado en Madrid.

“1972 fue un año de represión”, que ellas veían en sus despachos y hasta en sus casas, donde recibían numerosos casos de trabajadores y otros ciudadanos represaliados, como las personas del colectivo LGTBI, advirtió Paca Sauquillo. Pero muchos no lo sabían, o no hasta qué punto. Tanto dentro del país, pero también fuera. Hasta que llegó el Proceso 1001.

Este se inició con la detención de la mayor parte de la dirección clandestina de CCOO, los que pasarían a la historia como 'los diez de Carabanchel', por su encarcelamiento en la prisión del barrio madrileño: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luis Fernández Costilla.

La detención fue el pistoletazo de salida a un caso que ganó repercusión, dentro y fuera del país, por las elevadas penas que pidió la Fiscalía y que finalmente acordó también el Tribunal franquista de Orden Público.

Penas máximas por libertades básicas

“Aquí pedían 20 años de cárcel. Eran unas penas que no las ponían ni a los que mataban al rey, porque es que el Código Penal se terminaba casi en esas penas”, recordó entre risas Cristina Almeida, con su habitual humor, en el homenaje del proceso judicial. Hasta 20 años de cárcel y un día para líderes sindicales, como Marcelino Camacho, y un mínimo de 12 años de prisión para otros como Acosta y Santisteban. “Como si fueran los peores criminales del mundo”, destacó la laboralista.

“La petición de penas resultaba realmente insólita e impropia de esa época y del Tribunal de Orden Público. A fin de cuentas se los acusaba de dirigir una organización sindical, por muy ilegal que fuera”, recuerdan José Antonio Pérez y Mayka Muñoz Ruiz en el libro Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras, que acaba de editar Catarata con la Fundación 1 de Mayo por el 50 aniversario del suceso.

La postura de la Fiscalía se tornó en condena negro sobre blanco, con las abultadas penas de prisión para todos ellos, en un juicio marcado por un hecho decisivo: el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA el mismo día que arrancó la vista oral, el 20 de diciembre de 1973. “Se los castigaba imputándolos por un delito que en los países del entorno europeo no era sino el ejercicio de unos derechos democráticos, como las libertades de sindicación y de reunión”, recogen en el libro los dos historiadores.

El atentado de ETA contribuyó, pero no fue el único motivo de las abultadas penas, destacan los protagonistas del proceso. “Muchas veces nos hemos preguntado por qué ese ensañamiento”, apuntó Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas en la actualidad y uno de 'los diez de Carabanchel', que tomó la palabra este viernes en Madrid en nombre de los condenados, algunos ya fallecidos. “Solo es explicable en el marco de creciente movilización de trabajadores, en múltiples lugares de España”, de hombres y mujeres “jugándose el trabajo, la libertad y la vida, contra una dictadura que se resistía a desaparecer”.

Se pretendió dar un escarmiento a los movimientos sociales. El golpe fue duro, pero no lograron frenar las luchas sociales ni lo que ellos llamaron 'la subversión', que continuó creciendo hasta la conquista de la democracia

Para los condenados, el franquismo “pretendió dar un escarmiento que debilitase a los movimientos sociales ante lo que pudiera acontecer el el futuro”, indicó Nicolás Sartoruis. Un final del régimen y el paso a un sistema democrático que “ya se preveía”. “El golpe fue duro, hay que reconocerlo, pero no lograron frenar las luchas sociales ni lo que ellos llamaron la subversión. Esta continuó creciendo hasta la conquista de la democracia”, celebró Sartorius.

Las abogadas Almeida y Sauquillo advirtieron de hecho justo del efecto contrario del proceso judicial. Los 'diez de Carabanchel' se convirtieron en símbolo de la represión y ganaron “mucha solidaridad” dentro y fuera de las fronteras, con movilizaciones internacionales que señalaban a España por coartar derechos básicos.

Sus caras y nombres se multiplicaban en folletos y actos de protesta. Con un foco importante en Francia, sindicalistas, pero también intelectuales y artistas de Europa y Estados Unidos se movilizaron en favor de los encerrados en Carabanchel, recoge el libro de la Fundación 1 de Mayo. Desde el 'Boletín Solidaridad', impreso en francés y castellano en un sótano próximo a la Universidad de la Sorbona (París), hasta la publicación de cuadernillos personalizados sobre cada uno de los protagonistas encarcelados y la iniciativa 'Seis horas por España', con actos protagonizados por artistas como el escritor Jean Cassou, la cantante y actriz Juliette Greco, el compositor Mikis Theodorakis y el poeta Marcos Ana, entre otros.

Reivindicación de un “hito” en la Transición

“Hay momentos en la historia de los países que, cuando tomas perspectiva, te das cuenta de que cambian la vida. Son como puertas que hacen pasar a ese país de una habitación a otra. Esta efeméride hizo cambiar a este país”, subrayó el catedrático y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, en el acto de homenaje, que se celebró en la casa del diálogo social a nivel estatal.

Comisiones Obreras lideró este acto inaugural del 50 aniversario, pero de la mano del Gobierno a través del Ministerio de Memoria Democrática y del CES, con voluntad de celebrar la memoria no solo “del sindicato y para el sindicato”, sino ampliar su alcance para “que se reconozcan desde la instituciones el papel de trabajadores y trabajadoras en la historia democrática de este país”, destacó Unai Sordo, secretario general de CCOO. El ministro de la Presidencia y de Memoria Democrática, Félix Bolaños, agradeció a los protagonistas y a sus familias su papel para recuperar la democracia. “Hoy España sería otro país sin vuestra lucha”, subrayó. El ministro aseguró también que “la Ley de Memoria Democrática va a ser realidad muy pronto”, una regulación “que va a condenar el franquismo, homenajear a sus víctimas, y que pondrá en valor la Ley de Amnistía y la Transición como un éxito de los demócratas, de quienes lucharon por la democracia y los consiguieron”.

Descubrir el Proceso 1001 a las generaciones postfranquistas para entender su importancia no solo dentro el movimiento obrero y en concreto del sindicato, sino para también conocer su papel en los compases de la Transición, que dejó atrás un régimen dictatorial de cuatro décadas.

“A nosotros no nos liberó ningún ejército, ni extranjero ni nacional como sucedió en Europa después del nazismo. Nos tuvimos que liberanos nosotros”, reivindicó Nicolás Sartorius, que destacó el papel de diversos movimientos sociales, de trabajadores pero también otros como los estudiantiles, para acabar con la dictadura. “A la muerte del dictador no llegó la democracia a España”, recordó Sartorius. “Ahí hubo años decisivos en la historia de España, en los que nos jugamos el futuro de este país. Hubo que pelear mucho hasta que logramos la Constitución de 1978, de la que nos consideramos parte constituyente”, reivindicó.

Unai Sordo también destacó la necesidad de recuperar el papel de los trabajadores y trabajadoras en la historia de la restauración democrática. “Se ha hecho una historiografía edulcorada, sesgada y parcial de la Transición”, criticó. Reconociendo el papel central de partidos políticos en la oposición con sectores “más renovadores” del franquismo conscientes de que la dictadura llegaba a su fin, “es parte fundamental para entender los cambios acaecidos, la movilización social, particularmente de los trabajadores y trabajadoras, que precipitó aquellos cambios y abortaron el primer modelo de transición del franquimo sin Franco que encarnó Airas Navarro como presidente del Gobierno”, reivindicó Sordo.

Lo que iba a ser una reunión sindical clandestina acabó con un mediático proceso judicial y los 'diez de Carabanchel' en la cárcel como símbolo viviente de la represión franquista. Hace cincuenta años, el día de San Juan de 1972, la mayor parte de la cúpula de Comisiones Obreras fue detenida por la policía franquista. La orden de la Brigada Político Social contra el movimiento obrero dio pie al llamado Proceso 1001, un juicio que puso el foco en la dureza del franquismo sobre libertades esenciales en la mayoría de países. El régimen, en sus últimos coletazos y que pretendía dar cierta imagen de moderación, impuso penas muy elevadas a los responsables sindicales que contribuyeron a desmontar ese espejismo. No solo dentro del país, sino también fuera, con un aumento de la solidaridad a la movilización sindical en España.

“1972 fue un año de represión”, recordó Cristina Almeida, abogada laboralista que formó parte de la defensa de la cúpula sindical de CCOO en este episodio. Solo participaron dos mujeres: ella y la abogada Francisca ('Paca') Sauquillo, que este viernes tomaron la palabra en el homenaje al juicio contra el movimiento obrero celebrado en Madrid.

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