Raquel Sánchez, ministra de Transportes: “La no renovación del CGPJ plantea dudas sobre la imparcialidad de sus informes”

El Ejecutivo mantiene su intención de aprobar en Anteproyecto de la Ley de Vivienda que pactó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y, aunque analizará el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asume que los retrasos en la renovación del órgano de gobierno de los jueces pueden influir en el contenido del texto.

El bono alquiler no llegará al 1% de la población joven y puede presionar al alza los precios

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“No me gustaría entrar en polémica con el CGPJ que, en fin, es cierto que es un órgano que desde el punto de su no renovación pues puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes, pero respeto total y absoluto a sus informes y lo analizaremos”, ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista en TVE. 

“Claro que nos hubiera gustado aprobar la Ley, pero nos tocará esperar al informe, que insistir que no es vinculante. Es una demora de unos días”, ha adelantado. 

Respecto al informe en sí, Sánchez afirma que “habrá que analizarlo, pero estamos seguros de que es una Ley sólida desde punto de vista jurídico, que respeta las competencias y el derecho a la propiedad privada”. 

“Tendremos que ver el contenido, pero el informe tendría que limitarse a tres preceptos” porque la Ley de Vivienda “modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque afecta a los desahucios”. Sin embargo, ha recordado que el CGPJ “ha emitido otras valoraciones” que no están relacionadas con esos aspectos.

Consenso en la tramitación

La pasada semana, el Poder Judicial en funciones rechazó avalar el primer informe, favorable al Anteproyecto de Ley aunque con objeciones, presentado por el vocal progresista Álvaro Cuesta. En cambio, acordó designar nuevos ponentes, José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV, que tendrán que emitir un nuevo informe de cara a que sea aprobado o rechazado el próximo 27 de enero.

“Defiendo que la ley cumple la Constitución, intentaremos que sea ese texto. En la tramitación buscaremos máximo consenso”, ha indicado la ministra.

“La Ley [de Vivienda] la necesitan los ciudadanos y ciudadanas, buscaremos el máximo consenso posible”, ha indicado respecto a la tramitación parlamentaria, donde pide al Partido Popular, “responsabilidad, sentido de país de estado, que analice el texto”.

Medidas complementarias al bono alquiler

Respecto al bono de alquiler joven, de 250 euros mensuales para menores de 35 años que ingresen menos de 24.000 euros al año, Sánchez ha comentado su reducido impacto, dado que no llegará ni al 1% de la población joven.

“Las ayudas no se limitan a ese bono que está destinado a facilitar la emancipación”, ha asegurado la ministra de Transportes en TVE. “Jóvenes que no se beneficien del bono joven pueden beneficiarse de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, de las viviendas que se van a construir en alquiler asequible. El bono va a tener un efecto satisfactorio”, ha resumido.

El Ejecutivo mantiene su intención de aprobar en Anteproyecto de la Ley de Vivienda que pactó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y, aunque analizará el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asume que los retrasos en la renovación del órgano de gobierno de los jueces pueden influir en el contenido del texto.

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“No me gustaría entrar en polémica con el CGPJ que, en fin, es cierto que es un órgano que desde el punto de su no renovación pues puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes, pero respeto total y absoluto a sus informes y lo analizaremos”, ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista en TVE. 

“Claro que nos hubiera gustado aprobar la Ley, pero nos tocará esperar al informe, que insistir que no es vinculante. Es una demora de unos días”, ha adelantado. 

Respecto al informe en sí, Sánchez afirma que “habrá que analizarlo, pero estamos seguros de que es una Ley sólida desde punto de vista jurídico, que respeta las competencias y el derecho a la propiedad privada”. 

“Tendremos que ver el contenido, pero el informe tendría que limitarse a tres preceptos” porque la Ley de Vivienda “modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque afecta a los desahucios”. Sin embargo, ha recordado que el CGPJ “ha emitido otras valoraciones” que no están relacionadas con esos aspectos.

Consenso en la tramitación

La pasada semana, el Poder Judicial en funciones rechazó avalar el primer informe, favorable al Anteproyecto de Ley aunque con objeciones, presentado por el vocal progresista Álvaro Cuesta. En cambio, acordó designar nuevos ponentes, José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV, que tendrán que emitir un nuevo informe de cara a que sea aprobado o rechazado el próximo 27 de enero.

“Defiendo que la ley cumple la Constitución, intentaremos que sea ese texto. En la tramitación buscaremos máximo consenso”, ha indicado la ministra.

“La Ley [de Vivienda] la necesitan los ciudadanos y ciudadanas, buscaremos el máximo consenso posible”, ha indicado respecto a la tramitación parlamentaria, donde pide al Partido Popular, “responsabilidad, sentido de país de estado, que analice el texto”.

Medidas complementarias al bono alquiler

Respecto al bono de alquiler joven, de 250 euros mensuales para menores de 35 años que ingresen menos de 24.000 euros al año, Sánchez ha comentado su reducido impacto, dado que no llegará ni al 1% de la población joven.

“Las ayudas no se limitan a ese bono que está destinado a facilitar la emancipación”, ha asegurado la ministra de Transportes en TVE. “Jóvenes que no se beneficien del bono joven pueden beneficiarse de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, de las viviendas que se van a construir en alquiler asequible. El bono va a tener un efecto satisfactorio”, ha resumido.

El Ejecutivo mantiene su intención de aprobar en Anteproyecto de la Ley de Vivienda que pactó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y, aunque analizará el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asume que los retrasos en la renovación del órgano de gobierno de los jueces pueden influir en el contenido del texto.

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