Más renovables, veto a la venta de minas… Las condiciones del rescate estatal a la metalúrgica de los Villar Mir

Compromisos de contratación de energía renovable para el suministro de sus plantas industriales; prohibición de vender sus minas de cuarzo y, en su caso, derecho de tanteo para el Estado; veto a un cambio de sede relacionado con actuaciones de la Administración Tributaria, o al nombramiento de un auditor no autorizado…

Son algunas de las condiciones del rescate concedido por el Estado español al grupo Ferroatlántica, la metalúrgica de la familia Villar Mir, para la que el Gobierno autorizó en febrero pasado un apoyo financiero público temporal de 34,5 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Las condiciones de esa financiación, un préstamo participativo por importe de 17,6 millones y otro ordinario de 16,9 millones, no se conocían hasta ahora. Salvo que así lo determine una instancia judicial o un organismo regulador, “los términos y condiciones de este acuerdo, incluyendo su existencia, son confidenciales, y deben ser tratados como tal por las partes”, se lee en el tratado de financiación.

La matriz de Ferroatlántica, el grupo cotizado Ferroglobe PLC, acaba de desvelar ese extenso documento de 137 páginas, incluyendo los anexos. Está disponible en la web de la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos.

Entre las condiciones hay muchas que no habían trascendido y algunas relativas a las explotaciones mineras de Ferroatlántica, que como recordó la SEPI cuando dio luz verde al rescate “es uno de los mayores productores mundiales de silicio metal y ferroaleaciones a base de silicio y manganeso, y tiende a una base de clientes de todo el mundo en mercados dinámicos y de rápido crecimiento; como el solar, el de la automoción, el de los productos de consumo, la tecnología, el de la construcción y el de la energía”.

En un momento en el que, tras el golpe de la pandemia y ahora, tras la invasión de Ucrania, la UE está incidiendo en la autonomía estratégica europea en lo relativo, por ejemplo, a las materias primas clave para la transición energética, el acuerdo impone duras restricciones a la venta de determinadas filiales de la empresa de los Villar Mir.

“En particular”, el grupo deberá “mantener la propiedad” de sus filiales Rocas, Arcillas y Minerales, SA, y Cuarzos Industriales, SAU. Y ambas otorgarán un derecho de tanteo en favor del fondo de la SEPI en caso de venta de sus derechos mineros. Ese derecho preferente estará vigente hasta el 1 de octubre de 2025. Entretanto, “tendrán prohibida” cualquier “enajenación, arrendamiento o gravamen” de los derechos que tienen en las minas de cuarzo de Ferroatlántica en Galicia (Conchitina, Esmeralda, Sonia y Serrabal).

El reglamento del fondo, creado en 2020 para paliar el efecto de la pandemia sobre empresas consideradas estratégicas y que va a estar vigente hasta el próximo 30 de junio, establece que, al conceder estas ayudas, se valorará el papel de las beneficiarias “en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica”, entre otras cuestiones.

Así, Ferroatlántica está “obligada” a que sus factorías de Boo (Cantabria) y Sabón (Arteixo, Galicia) cierren contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo de origen renovable (los conocidos como PPA), con la “intención de que sean firmados durante 2022, y cubriendo el 10% del consumo de energía de cada una” de esas plantas, dice el acuerdo.

Además, Ferroatlántica deberá reducir el consumo eléctrico de Sabón un 2,8% comparado con la media de 2019 y 2020 durante los próximos cinco años; comprometerse a la “minimización” de la generación de residuos tóxicos, con una reducción en Boo del 10% respecto a 2019; poner en marcha un plan de eficiencia energética, con un recorte del 10% del consumo en las oficinas y en la red de aire comprimido que utiliza esa planta; y lanzar un plan de instalación de puntos de recarga eléctrica en sus factorías.

El documento detalla los activos que se ofrecen en prenda como garantía del préstamo: inmuebles “sobre los que se constituirá hipoteca inmobiliaria de segundo rango”, inventarios, derechos de crédito, acciones de filiales de Ferroglobe, o los ingresos extra por derechos de CO2 de las plantas del grupo “que pudieran existir en los ejercicios siguientes”.

Ventas de activos

El acuerdo impone restricciones a la venta de cualquier activo por un importe superior al millón de euros y controles de las inversiones. Ferroatlántica “deberá abstenerse de aprobar operaciones de inversión en activos fijos que no estén incluidos en el Plan de Viabilidad, y que, aislada o colectivamente, supongan en su conjunto a lo largo de la vida de la Financiación un importe superior a 5.000.000 de euros”.

Entre los numerosos supuestos de vencimiento anticipado del préstamo, que obligarían a la empresa a devolver los fondos públicos recibidos, está no devolver los préstamos, aportar datos inexactos a la SEPI, incumplir el plan de viabilidad, cambios en la de propiedad de la empresa, pago de blindajes a personal clave en caso de despido, un cese o suspensión del negocio (salvo si es consecuencia de la COVID-19), una expropiación de activos, o un laudo o sentencia que le obligue a pagar a terceros cantidades que “comprometan sustancialmente el cumplimiento del Plan de Viabilidad”, salvo si el litigio que lo origine es previo al acuerdo de financiación.

Respecto a los cambios de control, entre los supuestos que se citan están que Ferroglobe reduzca su participación en Ferroatlántica por debajo del 51% o que el peso de Grupo Villar Mir en la multinacional caiga por debajo del 35%. La ayuda “se amortizará en su totalidad el 1 de junio de 2025” e incluye una cláusula denominada “Barrido de Caja”: a partir del 31 de diciembre de 2023, Ferroatlántica “deberá destinar cada año el 50% del Efectivo Final Disponible a la amortización anticipada obligatoria de la Financiación”, bajo determinadas circunstancias.

Con varios contenciosos abiertos con el Fisco español, Ferroatlántica tendrá que “abstenerse de adoptar decisiones que supongan un cambio de su domicilio social o fiscal, incluyendo, en este último caso, la circunstancia de que el cambio se produzca como consecuencia de una confirmación y rectificación por parte de la Administración Tributaria, y no deben trasladar sus lugares de trabajo principales fuera de España”, dice el acuerdo.

El grupo también está obligado a implantar un sistema de prevención de delitos “cubriendo riesgos penales y fiscales” que deberá certificar un tercero. El máximo ejecutivo de Ferroglobe es Javier López Madrid, yerno del octogenario Juan Miguel Villar Mir, conocido por ser el compi-yogui de los reyes de España. Este empresario está pendiente de juicio por contratar al ex policía José Manuel Villarejo para “hostigar” a la dermatóloga Elisa Pinto. Y ya fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid que desveló elDiario.es hace casi una década.

El acuerdo incluye restricciones ya anunciadas cuando se lanzó el fondo de rescate: desde prohibir una expansión “agresiva” a repartir dividendos, adquirir participaciones superiores al 10% en empresas análogas sin permiso expreso; o que hasta la devolución del 75% de las ayudas, “no se pagará remuneración alguna a los administradores en su condición de consejeros. También recoge límites en la remuneración del consejero delegado de Ferroglobe y su CFO (director financiero).

A su vez, hay restricciones al pago de intereses de la deuda de Ferroatlántica con su matriz y se le prohíbe prestar financiación a terceros. Con estos fondos públicos “no se podrán realizar operaciones de cash pooling o compensación de facturas que supongan una salida neta de fondos”. Y “no podrá suponer una mejora del patrimonio neto superior al registrado a 31 de diciembre de 2019”.

El rescate de Ferroatlántica fue solicitado formalmente el 15 de enero de 2021. La compañía pidió un total de 32 millones, cifra que elevó en noviembre de 2021 a los 34,5 millones finalmente concedidos por el Consejo de Ministros el 18 de febrero. La ayuda fue otorgada junto a las autorizadas al grupo Técnicas Reunidas (de la familia Lladó), el grupo turístico Wamos y Global Exchange, compañía de cambio de divisas que preside Isidoro Alanís, alcalde popular de Fuentes de Oñoro (Salamanca).

La actividad industrial de Ferroatlántica va desde la extracción del mineral de cuarzo en A Coruña hasta la fabricación y comercialización de silicio metal y ferroaleaciones que se producen en sus plantas españolas. A diciembre de 2019, las divisiones beneficiarias del rescate empleaban en España 338 personas, incluyendo las fábricas de Boo, Sabón y servicios generales. Su matriz, Ferroglobe PLC, con más de 25 centros de producción alrededor del mundo, emplea un total de 3.400 profesionales a nivel global, de los cuales alrededor de 600 empleados están asentados en España.

Compromisos de contratación de energía renovable para el suministro de sus plantas industriales; prohibición de vender sus minas de cuarzo y, en su caso, derecho de tanteo para el Estado; veto a un cambio de sede relacionado con actuaciones de la Administración Tributaria, o al nombramiento de un auditor no autorizado…

Son algunas de las condiciones del rescate concedido por el Estado español al grupo Ferroatlántica, la metalúrgica de la familia Villar Mir, para la que el Gobierno autorizó en febrero pasado un apoyo financiero público temporal de 34,5 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Las condiciones de esa financiación, un préstamo participativo por importe de 17,6 millones y otro ordinario de 16,9 millones, no se conocían hasta ahora. Salvo que así lo determine una instancia judicial o un organismo regulador, “los términos y condiciones de este acuerdo, incluyendo su existencia, son confidenciales, y deben ser tratados como tal por las partes”, se lee en el tratado de financiación.

La matriz de Ferroatlántica, el grupo cotizado Ferroglobe PLC, acaba de desvelar ese extenso documento de 137 páginas, incluyendo los anexos. Está disponible en la web de la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos.

Entre las condiciones hay muchas que no habían trascendido y algunas relativas a las explotaciones mineras de Ferroatlántica, que como recordó la SEPI cuando dio luz verde al rescate “es uno de los mayores productores mundiales de silicio metal y ferroaleaciones a base de silicio y manganeso, y tiende a una base de clientes de todo el mundo en mercados dinámicos y de rápido crecimiento; como el solar, el de la automoción, el de los productos de consumo, la tecnología, el de la construcción y el de la energía”.

En un momento en el que, tras el golpe de la pandemia y ahora, tras la invasión de Ucrania, la UE está incidiendo en la autonomía estratégica europea en lo relativo, por ejemplo, a las materias primas clave para la transición energética, el acuerdo impone duras restricciones a la venta de determinadas filiales de la empresa de los Villar Mir.

“En particular”, el grupo deberá “mantener la propiedad” de sus filiales Rocas, Arcillas y Minerales, SA, y Cuarzos Industriales, SAU. Y ambas otorgarán un derecho de tanteo en favor del fondo de la SEPI en caso de venta de sus derechos mineros. Ese derecho preferente estará vigente hasta el 1 de octubre de 2025. Entretanto, “tendrán prohibida” cualquier “enajenación, arrendamiento o gravamen” de los derechos que tienen en las minas de cuarzo de Ferroatlántica en Galicia (Conchitina, Esmeralda, Sonia y Serrabal).

El reglamento del fondo, creado en 2020 para paliar el efecto de la pandemia sobre empresas consideradas estratégicas y que va a estar vigente hasta el próximo 30 de junio, establece que, al conceder estas ayudas, se valorará el papel de las beneficiarias “en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica”, entre otras cuestiones.

Así, Ferroatlántica está “obligada” a que sus factorías de Boo (Cantabria) y Sabón (Arteixo, Galicia) cierren contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo de origen renovable (los conocidos como PPA), con la “intención de que sean firmados durante 2022, y cubriendo el 10% del consumo de energía de cada una” de esas plantas, dice el acuerdo.

Además, Ferroatlántica deberá reducir el consumo eléctrico de Sabón un 2,8% comparado con la media de 2019 y 2020 durante los próximos cinco años; comprometerse a la “minimización” de la generación de residuos tóxicos, con una reducción en Boo del 10% respecto a 2019; poner en marcha un plan de eficiencia energética, con un recorte del 10% del consumo en las oficinas y en la red de aire comprimido que utiliza esa planta; y lanzar un plan de instalación de puntos de recarga eléctrica en sus factorías.

El documento detalla los activos que se ofrecen en prenda como garantía del préstamo: inmuebles “sobre los que se constituirá hipoteca inmobiliaria de segundo rango”, inventarios, derechos de crédito, acciones de filiales de Ferroglobe, o los ingresos extra por derechos de CO2 de las plantas del grupo “que pudieran existir en los ejercicios siguientes”.

Ventas de activos

El acuerdo impone restricciones a la venta de cualquier activo por un importe superior al millón de euros y controles de las inversiones. Ferroatlántica “deberá abstenerse de aprobar operaciones de inversión en activos fijos que no estén incluidos en el Plan de Viabilidad, y que, aislada o colectivamente, supongan en su conjunto a lo largo de la vida de la Financiación un importe superior a 5.000.000 de euros”.

Entre los numerosos supuestos de vencimiento anticipado del préstamo, que obligarían a la empresa a devolver los fondos públicos recibidos, está no devolver los préstamos, aportar datos inexactos a la SEPI, incumplir el plan de viabilidad, cambios en la de propiedad de la empresa, pago de blindajes a personal clave en caso de despido, un cese o suspensión del negocio (salvo si es consecuencia de la COVID-19), una expropiación de activos, o un laudo o sentencia que le obligue a pagar a terceros cantidades que “comprometan sustancialmente el cumplimiento del Plan de Viabilidad”, salvo si el litigio que lo origine es previo al acuerdo de financiación.

Respecto a los cambios de control, entre los supuestos que se citan están que Ferroglobe reduzca su participación en Ferroatlántica por debajo del 51% o que el peso de Grupo Villar Mir en la multinacional caiga por debajo del 35%. La ayuda “se amortizará en su totalidad el 1 de junio de 2025” e incluye una cláusula denominada “Barrido de Caja”: a partir del 31 de diciembre de 2023, Ferroatlántica “deberá destinar cada año el 50% del Efectivo Final Disponible a la amortización anticipada obligatoria de la Financiación”, bajo determinadas circunstancias.

Con varios contenciosos abiertos con el Fisco español, Ferroatlántica tendrá que “abstenerse de adoptar decisiones que supongan un cambio de su domicilio social o fiscal, incluyendo, en este último caso, la circunstancia de que el cambio se produzca como consecuencia de una confirmación y rectificación por parte de la Administración Tributaria, y no deben trasladar sus lugares de trabajo principales fuera de España”, dice el acuerdo.

El grupo también está obligado a implantar un sistema de prevención de delitos “cubriendo riesgos penales y fiscales” que deberá certificar un tercero. El máximo ejecutivo de Ferroglobe es Javier López Madrid, yerno del octogenario Juan Miguel Villar Mir, conocido por ser el compi-yogui de los reyes de España. Este empresario está pendiente de juicio por contratar al ex policía José Manuel Villarejo para “hostigar” a la dermatóloga Elisa Pinto. Y ya fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid que desveló elDiario.es hace casi una década.

El acuerdo incluye restricciones ya anunciadas cuando se lanzó el fondo de rescate: desde prohibir una expansión “agresiva” a repartir dividendos, adquirir participaciones superiores al 10% en empresas análogas sin permiso expreso; o que hasta la devolución del 75% de las ayudas, “no se pagará remuneración alguna a los administradores en su condición de consejeros. También recoge límites en la remuneración del consejero delegado de Ferroglobe y su CFO (director financiero).

A su vez, hay restricciones al pago de intereses de la deuda de Ferroatlántica con su matriz y se le prohíbe prestar financiación a terceros. Con estos fondos públicos “no se podrán realizar operaciones de cash pooling o compensación de facturas que supongan una salida neta de fondos”. Y “no podrá suponer una mejora del patrimonio neto superior al registrado a 31 de diciembre de 2019”.

El rescate de Ferroatlántica fue solicitado formalmente el 15 de enero de 2021. La compañía pidió un total de 32 millones, cifra que elevó en noviembre de 2021 a los 34,5 millones finalmente concedidos por el Consejo de Ministros el 18 de febrero. La ayuda fue otorgada junto a las autorizadas al grupo Técnicas Reunidas (de la familia Lladó), el grupo turístico Wamos y Global Exchange, compañía de cambio de divisas que preside Isidoro Alanís, alcalde popular de Fuentes de Oñoro (Salamanca).

La actividad industrial de Ferroatlántica va desde la extracción del mineral de cuarzo en A Coruña hasta la fabricación y comercialización de silicio metal y ferroaleaciones que se producen en sus plantas españolas. A diciembre de 2019, las divisiones beneficiarias del rescate empleaban en España 338 personas, incluyendo las fábricas de Boo, Sabón y servicios generales. Su matriz, Ferroglobe PLC, con más de 25 centros de producción alrededor del mundo, emplea un total de 3.400 profesionales a nivel global, de los cuales alrededor de 600 empleados están asentados en España.

Compromisos de contratación de energía renovable para el suministro de sus plantas industriales; prohibición de vender sus minas de cuarzo y, en su caso, derecho de tanteo para el Estado; veto a un cambio de sede relacionado con actuaciones de la Administración Tributaria, o al nombramiento de un auditor no autorizado…

Son algunas de las condiciones del rescate concedido por el Estado español al grupo Ferroatlántica, la metalúrgica de la familia Villar Mir, para la que el Gobierno autorizó en febrero pasado un apoyo financiero público temporal de 34,5 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).