La temporalidad abusiva en la Administración Pública está reconocida oficialmente. Miles de personas ocupan puestos temporales que en realidad son estructurales, en ocasiones durante años. El Gobierno se propone abordar este problema enquistado durante años por dos vías: con oposiciones que acaben con la temporalidad existente y con una reforma legal que evite que esta se vuelva a reproducir en el futuro. Función Pública ha presentado a los sindicatos su primera propuesta de cambios legislativos, que contempla exigir responsabilidades dentro de la Administración por este abuso laboral, así como otras medidas de sanción más polémicas que no convencen a los representantes de los empleados públicos.
El ministro responsable de acometer esta reforma es Miquel Iceta. Desde el inicio de su mandato, el nuevo titular de Función Pública ha sido claro: hay situaciones de temporalidad abusiva e injustificada en la Administración Pública. Del análisis que le han mandado las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, los que más temporalidad acumulan, el Ministerio de Función Pública ha cifrado en 300.000 las plazas estructurales en todo el país que están siendo ocupadas por interinos y personal temporal.
El Ejecutivo propone, por un lado, estabilizar esas 300.000 plazas antes de que termine 2024 para acabar con las situaciones de temporalidad abusiva y, por otro, aprobar la reforma legal que evite que los excesos se reproduzcan de nuevo. Y, en caso de que estos sucedan, que tengan consecuencias.
Los procesos de estabilización pretenden premiar la experiencia, para así favorecer a las personas que llevan muchos años en sus puestos y que han sido víctimas de esta temporalidad abusiva. Siempre dentro de los límites legales, que exigen cumplir con principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública. Iceta ha sido contundente al rechazar las reclamaciones de colectivos de interinos que reclaman la fijeza después de acumular muchos años en sus puestos, una medida “inconstitucional” como recordaban dos tribunales superiores de justicia en las últimas semanas.
Ceses automáticos de interinos tras tres años
Miquel Iceta ya había anunciado su intención de limitar a un máximo de tres años las plazas que ocupan los interinos en la Administración Pública. La propuesta de regulación planteada a los sindicatos esta semana concreta cómo hacerlo. El ministro plantea que los interinos sean cesados “de forma automática” cuando corresponda. En caso de ocupar una plaza vacante que no cuenta aún con un funcionario de carrera, este periodo máximo será de tres años, como adelantó El Periódico.
Si la Administración Pública correspondiente llegara a ese máximo de tres años con un interino, sin realizar el proceso de selección oportuno para ocupar el puesto de manera fija, el Ministerio propone como sanción que la Administración no pueda ocupar la plaza en un año.
Por otro lado, el Ministerio propone otro mecanismo de sanción, a través de la exigencia de responsabilidades. “Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 10”, que es el que regula estas condiciones sobre temporalidad, recoge el primer borrador enviado por Función Pública, sobre el que negocian los sindicatos y que puede sufrir muchos cambios.
“Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos de personal, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas”, añade el texto, que deja en manos de las diferentes Administraciones Públicas “el desarrollo de criterios” para cumplir con esta exigencia de responsabilidades.
Los sindicatos piden no perjudicar a los empleados
Los representantes mayoritarios de los empleados públicos ya han comenzado a negociar esta reforma, que el ministro Iceta quiere consensuar también con el resto de administraciones y aprobar en junio. En los sindicatos ven con buenos ojos sancionar a responsables de los abusos en la Administración, pero recelan de algunas de las medidas por el posible perjuicio sobre el servicio público y sobre la plantilla.
Por ejemplo, el 'castigo' de un año para cubrir una plaza pública en caso de que una Administración mantenga tres años a una persona interina en una vacante y no la saque a concurso. Este perjudica a la Administración de turno, que pierde el uso de la plaza, pero también a la población usuaria de ese servicio público y a los trabajadores públicos que tendrán más carga de trabajo al desaparecer este puesto.
El ministro Iceta respondió sobre esta inquietud en una rueda de prensa esta semana. El responsable de Función Pública considera que es una manera de retratar también a cada Administración ante sus ciudadanos, que luego votan qué gobernantes quieren que les representen. “Es curioso que habiendo una regulación de carácter general, hay una gran variación de interinos de unas a otras. O cómo en algunas se ha priorizado la estabilización y en otras no”, desliza.
Los ceses automáticos del personal interino también preocupan. Además, hay una cuestión que se pretende consolidar en la norma, que los sindicatos rechazan desde hace años: que este personal no cuente con derecho de indemnización al dejar sus puestos. Sí lo tienen, por ejemplo, los trabajadores temporales que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.
Miquel Iceta también argumentó que el texto legal propuesto por el Gobierno central no regula cómo se materializa esa exigencia de responsabilidades en caso de abuso, y lo deja en manos de la Administración de turno, por una cuestión de “competencias”. “No podemos decirles cómo han de hacerse las cosas, pero sí podemos decir que la temporalidad no es aceptable y se va a penalizar”, sostuvo.
Aunque los sindicatos han optado por la cautela dado que la negociación está abierta, en CCOO mandaron un comunciado esta semana para urgir también a la estabilización de las plazas que actualmente están ocupadas por temporales así como a que se elimine la tasa de reposición. En el pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy y el primer Gobierno de Sánchez se comprometieron a reducir la temporalidad al 8% en 2020, pero los procesos no se han completado y el empleo temporal incluso creció en lugar de reducirse. El ministro se ha comprometido públicamente a abordar ambas cuestiones, incluida la tasa de reposición.