El Gobierno cifra en 300.000 los interinos que ocupan puestos estructurales de la Administración: estabilizará sus plazas antes de 2025

Los movimientos de trabajadores públicos interinos que piden la fijeza de sus plazas estiman que en España hay 800.000 empleados temporales “en fraude” dentro de las Administraciones Públicas. Sin embargo, desde el Gobierno siempre se ha precisado que no toda la temporalidad del sector público es abusiva y que el dato de puestos que se podían considerar fijos era menor. Este lunes, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto una cifra al abuso: 300.000 empleados interinos que ocupan plazas de manera temporal pese a cumplir funciones estructurales.

El Gobierno ha pactado con la Comisión Europea ocupar esas 300.000 plazas con trabajadores fijos en los próximos tres años como parte de los compromisos para recibir los fondos del plan de recuperación por el coronavirus. En una rueda de prensa junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, Iceta ha reconocido la “excesiva concentración de personal con carácter interino en los últimos 10 años” que sufren los empleados públicos.

No obstante, el fraude de la interinidad no afecta a todos los niveles de la Administración por igual, según las cifras ofrecidas por el ministro. La incidencia más alta se encuentra entre los trabajadores de los servicios públicos autonómicos, donde se sitúa en el 30%, siendo los sectores más afectados la sanidad y la educación. En los ayuntamientos la media es del 13%, mientras que en la central se queda en el 8%.

El objetivo del Gobierno es que el tope máximo en todos los niveles sea del 8%. Para combatir esa temporalidad destinará 1.000 millones de euros del fondo de recuperación, unos 970 millones serán gestionados por las comunidades y los ayuntamientos y los 30 restantes desde el Ministerio. Además, Iceta ha recordado que el Gobierno está llevando a cabo reformas como la del Estatuto básico del empleado publico para incluir medidas como la que recoge que si una administración cubre una plaza estructural con un trabajador interino durante más de tres años, se arriesga a perder esa plaza.

No obstante, la temporalidad no es la única lacra que arrastran las administraciones. Contrarrestar el envejecimiento (la media de edad de los funcionarios es de 52 años, una década más que en el sector privado) y mejorar la captación de talento serán las otras dos prioridades. Para ello el Gobierno tratará de transmitir que “la Administración no es el último refugio, sino que puede ser enriquecedora para los trabajadores” y pondrá en marcha medidas para tratar de aumentar el perfil de los directivos y aumentar la paridad entre mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad.

Robotización y apps

El Gobierno ha incluido las medidas para reducir la interinidad y rejuvenecer la plantilla de trabajadores públicos dentro de la partida de fondos europeos que incluye las medidas digitalización de las administraciones. En este componente, que en total recibirá 4.315 millones, se encuentran también reformas estructurales como “la robotización y la inteligencia artificial” de los procesos burocráticos, ha explicado Calviño, con objetivo de que “reducir tiempos de gestión y dar una atención más rápida, en la gestión de prestaciones por desempleo, subvenciones y contratación pública”.

Un aspecto clave de la digitalización de las administraciones es mejorar su accesibilidad a través del móvil “antes de que finalice 2022”, ha manifestado la vicepresidenta. “Podremos firmar electrónicamente de manera sencilla con nuestros dispositivos móviles, consultar rápida y fácilmente el estado de nuestros trámites administrativos, descargar certificados digitales en nuestros móviles, como certificados de domicilio, de titularidad de inmuebles o vehículos, para presentarlos electrónicamente allí donde sea necesario”, ha asegurado.

Los sectores en los que se pondrá un mayor énfasis son los de la justicia y el sanitario, ha continuado Calviño. El primero, con medidas como “la gestión de trámites a través de dispositivos móviles o conexión de los sistemas de gestión procesal para poder celebrar juicios telemáticos”. En el de la salud, con la “mejora de la coordinación interna y la puesta en marcha la creación de espacios de datos comunes y modelos predictivos antes de finales de 2023”. Esta parte del plan está dotada con 2.600 millones de euros.

Extender el uso de los datos en todos los sectores de la Administración es, en cualquier caso, otra de las metas estratégicas de los planes enviados a Bruselas. En este sentido la ministra ha citado el caso específico del SEPE, para cruzar con mayor efectividad las necesidades de las ofertas de empleo con las de la demanda.

La digitalización de la Administración es el componente 11 (de 30) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para los fondos europeos. Forma parte del eje de Transformación digital, que junto a la Transformación ecológica, la Cohesión social y territorial y la Igualdad de género, son las cuatro columnas del Plan. A España, que es con Italia uno de los países más beneficiados, le corresponden 140.000 millones, de los que casi 70.000 se desembolsarán en forma de transferencias a fondo perdido, y el resto como préstamos a bajo interés.