El Gobierno prevé limitar a un máximo de tres años las plazas de interinos en las administraciones públicas

Imagen de archivo de trabajadores interinos y temporales en fraude de ley en una manifestación para reclamar la fijeza en Aragón.

Tres años para estabilizar al personal temporal en las administraciones públicas. Es el plazo que ha anunciado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, este jueves en el Senado, dentro de la reforma legislativa que pretende aprobar para reducir la alta temporalidad existente (del 28%) y para evitar que vuelva a repetirse en un futuro. Iceta ha explicado su intención de reformar el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer la "obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de 3 años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo", ha afirmado.

El 80% de las plazas públicas que la Administración prometió estabilizar antes de 2020 siguen ocupadas por temporales

El 80% de las plazas públicas que la Administración prometió estabilizar antes de 2020 siguen ocupadas por temporales

El ministro de Función Pública ya había anunciado la voluntad de reformar el EBEP para evitar que crezca más el número de interinos y de personal temporal, muy elevado en algunas administraciones, pero no había precisado la idea de fijar este plazo.

Como explicó Miquel Iceta en esta reciente entrevista con elDiario.es, el ministro ha explicado en el Senado la intención del Gobierno para combatir la temporalidad irá en dos direcciones, que quiere consensuar con los representantes de los trabajadores y el resto de Administraciones. Por un lado, mediante esta reforma del EBEP que impida que la excesiva temporalidad en el futuro y, por otro, mediante un proceso de estabilización extraordinario para el personal temporal ya existente, que ya comenzó en los dos gobiernos anteriores.

El ministro ha recordado que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que ronda "el 8%", mientras que en la administración autonómica supera "el 30%", sobre todo en salud y educación, y en los ayuntamientos es "del 13%". De media, en 2020 alcanzó el 28%, según la EPA.

"Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro", ha apuntado el ministro, como recoge Europa Press.

Movilizaciones de interinos para la fijeza

El ministro ha sostenido que es consciente de las movilizaciones de interinos que llevan muchos años en sus puestos de forma abusiva. "Queremos dar solución al problema que denuncian", ha apuntado Iceta, que ha reconocido el abuso de muchas administraciones, con ejemplos de trabajadores en sus puestos durante muchos años encadenando contratos en el mismo puesto o similares.

Estos colectivos de trabajadores temporales, que se están movilizando desde hace meses, con especial intensidad en los últimos días, reclaman que se les declare trabajadores fijos sin tener que superar ningún otro proceso de selección ni de méritos después de haber estado tantos años en sus puestos en fraude de ley.

"No se puede hacer fijo por ley a un funcionario. No se puede", ha respondido tajante el ministro Iceta sobre esta reclamación, una vía que ha recordado que ya ha rechazado el Tribunal Constitucional. "Ni podemos hacer concursos restringidos, digamos la verdad, porque eso choca frontalmente con el criterio constitucional de igualdad", ha añadido. Miquel Iceta ha pedido al resto de grupos políticos responsabilidad para abodar la solución a este problema para no ofrecer a los movimientos de interinos "soluciones que no son viables".

Sin embargo, como explicó el ministro en esta entrevista con elDiario.es, la idea del Ministerio es dar bastante peso a la la experiencia, méritos o años trabajadores en los procesos de estabilización del personal. "Tiene que haber un proceso al menos de concurso de méritos, no necesariamente de oposición. Pero nuestra Constitución impide declarar funcionarios por ley. Lo que sí que se puede hacer es un proceso de acceso en el cual el haber desarrollado esa función en la administración mucho tiempo tenga un determinado valor y, por lo tanto, se favorezca la consolidación de esa plaza", sostuvo el ministro a este medio.

Aunque la fijeza ha sido reconocida por algunos tribunales de instancias inferiores, como este de Toledo, no es la solución que han acordado la mayoría de tribunales, incluido el Supremo, que es el órgano que sienta jurisprudencia en España. El Supremo ha rechazado hasta el momento la solución de la fijeza automática de los trabajadores ya que considera que no garantiza los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que se exigen en la Constitución para acceder al empleo público.

Los interinos que reclaman la fijeza recuerda por su parte que la justicia europea consideró que los procesos de estabilización o consolidación del empleo existentes hasta el momento en España no le parecían un mecanismo efectivo de sancionar la temporalidad abusiva, como exige la UE.

El ministro Iceta ya ha apuntado que su intención es establecer además sanciones al abuso de la temporalidad en la Administración Pública. Una de las posibilidades que se baraja es que una administración que no cubra de forma permanente una plaza pueda perderla.

"Último proceso de estabilización"

Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, el ministro ha sostenido que se va a realizar un nuevo proceso extraordinario para estabilizar las plazas temporales existentes, tras el fracaso para alcanzar la meta del 8% e temporalidad en 2020. Iceta ha confiado en que este proceso "sea el último" que se promueve para dar carácter fijo al personal interino, tras los iniciados en el Gobierno de Rajoy, y que sea consensuado con las Comunidades, Ayuntamientos y los representantes de los trabajadores públicos.

"Vamos a intentar hacer las cosas bien y mantenemos ese criterio de que la tasa de temporalidad no exceda el 8% en el conjunto de las administraciones", ha subrayado Iceta, que quiere abordar los problemas de la Función Pública "a la mayor brevedad posible".

En este sentido, ha recordado que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público y que es en ese marco en el que se deben discutir los criterios y tener una radiografía, "lo más precisa posible" de la situación de temporalidad en el conjunto de las administraciones, recoge Europa Press.

El ministro Iceta ha añadido que esta Comisión está trabajando también en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición "flexibles" a aplicar para "poder absorber en un plazo razonable las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad".

Reforma para "antes del verano"

El ministro ha reiterado su intención de que las comunidades autónomas, las entidades locales y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre todas estas cuestiones "antes del verano". En concreto, Miquel Iceta ha explicado la idea de que "en junio" esté listo el real decreto pactado sobre la reforma del EBEP y acordada con las administraciones el proceso estraordinario de estabilización.

Además, Iceta ha dicho que el Gobierno quiere aprobar en septiembre el anteproyecto de Ley de Función Pública en la AGE para "consolidar un modelo público eficaz y motivador con una materia de recursos humanos más flexible".

También ha resaltado que el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia servirá para potenciar la recuperación económica y para adecuar el modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad siglo XXI. Iceta subrayado que se van a invertir "1.000 millones de euros de los 4.000 millones" en el componente 11 del Plan, que contempla la modernización de la Administración para que pueda seguir desempeñando su labor de cohesión social.

De estos 1.000 millones de euros, "970 millones" corresponderán a las comunidades autónomas y entidades locales y 30 millones los gestionará el Ministerio. "Estamos terminando de diseñar los criterios que deben informar de los proyectos que desarrollaremos", ha añadido.

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22 de abril de 2021 - 13:04 h

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