Orbán gana tiempo. Los 27 ministros de Economía de la UE han decidido posponer la discusión sobre la propuesta de la Comisión Europea de bloquear 7.500 millones de fondos de cohesión a Hungría por su deriva autoritaria. Algunos países, como Francia y Alemania, defienden que la cifra debería rebajarse en virtud de unos supuestos avances legislativos de Budapest, en contra de la propuesta de Bruselas reafirmada la semana pasada.
Los días, eso sí, se acaban: el plazo dado por la Comisión Europea vence el 19 de diciembre, fecha en la que decaería el expediente si no lo aprueban los Gobiernos que, por otro lado, también podrían decidir aprobar la sanción pero con una cifra inferior.
Las negociaciones sobre este expediente son muy transversales. Porque Hungría también tiene pendiente una condicionalidad reforzada para recibir los 5.800 millones de euros del fondo de recuperación. Y, mientras los miles de millones permanecen en Bruselas, el Gobierno de Viktor Orbán chantajea con expedientes clave en la coyuntura actual: los 18.000 millones de ayuda a Ucrania para 2023 y el impuesto de sociedades mínimo del 15% para las multinacionales, asunto que también ha sido suprimido de la agenda por el veto húngaro.
“Desafortunadamente no estamos en condiciones de adoptar el paquete, nuestra ambición sigue siendo desembolsar la ayuda a Ucrania a principios de enero, y pedimos que se estudien soluciones con el apoyo de 26 Estados miembros, sin tocar el Marco Financiero Plurianual”, ha dicho el ministro de Economía checo y presidente de turno del Consejo de la UE, ZbynÄ›k Stanjura.
Los 27, en todo caso, sí tienen previsto tomar una decisión sobre el plan de recuperación de Hungría, condicionado a 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si los Gobiernos de la UE no aprueban formalmente el plan antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.