España se arriesga a nuevas multas de la UE por frenar el almacenamiento energético
La transición energética hacia las renovables avanza a buen ritmo, y España parte con ventaja. Nuestro país ya genera más de la mitad de su electricidad que se consume con fuentes limpias: en 2025, las energías renovables alcanzaron el 55,5 % del mix eléctrico (que ascienden al 56 % si se incluye el autoconsumo), según datos oficiales. Además, sólo el pasado año se incorporaron cerca de 10 gigavatios de nueva potencia renovable, impulsados sobre todo por la solar fotovoltaica. Un crecimiento que sitúa a España entre los países europeos más avanzados en generación verde.
Pero no todo está hecho, ni mucho menos. De hecho, el liderazgo español tiene un punto débil que empieza a preocupar seriamente al sector: la falta de desarrollo del almacenamiento energético. Aunque la producción renovable no deja de crecer, su carácter intermitente, pues depende del sol o del viento, obliga a contar con sistemas que permitan guardar la energía y usarla cuando sea necesario. Y ahí es donde, según advierten expertos, España sigue avanzando demasiado despacio frente a lo que cabría esperar.
No se trata de una carencia menor. Sin capacidad suficiente para almacenar toda esa energía que somos capaces de generar, el sistema eléctrico pierde eficiencia y se ve obligado, en algunos momentos, a desaprovechar parte de la producción renovable. “El almacenamiento energético ya no es un complemento: es una condición imprescindible”, advierte Maurici Trullas, presidente de Foro Mercado Libre. En otras palabras, no basta con producir energía limpia: también hay que poder (y saber) gestionarla de manera adecuada.
Una oportunidad de futuro
En este contexto, el bombeo hidráulico vuelve a situarse en el centro del debate sobre cómo mejorar nuestra capacidad de aprovechar mejor la energía que nos brinda la naturaleza. Esta tecnología, basada en el uso de dos embalses a distinta altura para almacenar y generar electricidad, es una de las pocas soluciones capaces de operar a gran escala y durante largos periodos. España, además, tiene condiciones especialmente favorables para su desarrollo, tanto por su singular geografía como por su red de infraestructuras hidroeléctricas, repartidas por todo el país.
Pese a todo ello, su despliegue avanza con lentitud. En los últimos meses, el Gobierno ha introducido algunos ajustes regulatorios para facilitar estos proyectos, como la ampliación de plazos administrativos o una mayor flexibilidad en los permisos necesarios para llevarlos a cabo. Son avances destacables, pero insuficientes, tal y como recuerdan los expertos. “Van en la dirección correcta”, reconoce Trullas, aunque insiste en que “el problema es estructural”. Y señala a los culpables: trámites demasiado largos, una normativa fragmentada y una falta de alineación con el resto de Europa.
Es precisamente ahí donde aparece otro riesgo que va más allá de lo energético. La Unión Europea lleva años presionando para acelerar la transición, y en 2023 aprobó una directiva que incluye medidas para simplificar el desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento. Entre ellas, la consideración de interés público superior, pensada para reducir burocracia y dar seguridad jurídica. España, sin embargo, aún no ha adaptado completamente esta normativa, pese a que el plazo expiró en julio de 2024.
Multas millonarias
El precedente no invita al optimismo. El país ya acumula más de 100 millones de euros en multas por incumplir la normativa europea sobre aguas residuales, con sanciones que siguen aumentando cada día. “No es una abstracción: es dinero público que se pierde por no haber hecho a tiempo lo que era una obligación legal”, recuerda Trullas. Un aviso de lo que podría ocurrir si se repite el patrón en el ámbito energético.
Mientras tanto, la incertidumbre regulatoria también pesa sobre la inversión. Los grandes proyectos necesitan estabilidad y previsibilidad, y cualquier retraso puede traducirse en oportunidades perdidas. En un momento clave para redefinir el modelo energético, cada decisión cuenta.
Porque la transición no es solo una cuestión climática. También tiene implicaciones económicas y sociales. Garantizar un acceso asequible a la energía, reducir la dependencia exterior o evitar desigualdades territoriales son objetivos que dependen, en gran medida, de que el sistema funcione con eficacia. “No se puede defender la ambición climática y, al mismo tiempo, tolerar retrasos regulatorios que la debilitan”, resume Trullas. Por todo ello, el mensaje es claro: España tiene potencial para liderar la transición energética en Europa, pero necesita acelerar. Porque no hacerlo no solo frena el avance, sino que puede salir caro. En todos los sentidos.