La mayoría de los dictámenes del Consejo Consultivo consisten en reclamaciones patrimoniales por atropello de especies cinegéticas
La dimisión del ministro Gallardón y su inmediata recolocación en el Consejo Consultivo de Madrid (con sueldo de 8.500 euros mensuales) ha levantado múltiples suspicacias y malestar en amplios sectores que asisten una vez más a la facilidad con la que el poder político aprovecha económicamente las ventajas de las administraciones públicas para su disfrute particular.
Pero esas ventajas no sólo existen en la Comunidad de Madrid. Todas las Comunidades, a excepción de Cantabria que prefirió renunciar, crearon su propio chiringuito consultivo para asesorar a sus respectivos gobiernos. Y al frente de esos consejos están colocando, como en el caso Gallardón, a colegas políticos generalmente en declive.
En el Consultivo de Extremadura se reprodujo hace pocos meses una escena similar a la protagonizada por Gallardón. El consejero Nevado Batalla dejó el Gobierno de Extremadura la pasada primavera e inmediatamente fue nombrado por la Junta como consejero y presidente en el Consultivo En este caso, aún se escenificó con mayor crudeza el cambio de cromos porque el presidente del Consultivo, Clemente Cheque, era a su vez designado consejero de la Junta.
Respaldo a la propuesta del PP
Ese cambio de cromos y la intervención directa del poder político nombrando a consejeros lleva a preguntarse al coordinador de UPyD en Extremadura Francisco Sigüenza por la dudosa imparcialidad de este organismo. “No es tolerable que Batalla, exconsejero de Monago, dejara su cargo y le colocaran inmediatamente en la Presidencia del Consejo Consultivo. Y Checa dejara la Presidencia del Consejo Consultivo para ser Consejero de Monago. Este hecho rompe la poca imparcialidad que le quedaba al Consejo Consultivo. Actualmente el Consejo Consultivo es un ente político más, bajo las directrices de Monago. El último encargo va a ser que respalde la propuesta electoral del PP, para darle un barniz de legalidad”, señala Sigüenza que propone la desaparición de este organismo.
Según la ley para la creación del Consejo Consultivo de Extremadura que se aprobó en diciembre de 2001, este organismo tiene como misión asesorar a la Junta en aquellas cuestiones que se le demande, leyes nuevas, recursos ante el Estado… pero en la práctica la mayor parte del trabajo que lleva a cabo es hacer dictámenes de responsabilidad patrimonial, y más en concreto sobre daños causados en accidentes de tráfico al chocar o atropellar un vehículo alguna especie cinegética.
En la página web del Consultivo de Extremadura hay un listado de dictámenes realizados desde su puesta en marcha en 20013 y ahí se puede constatar que se han realizado casi 6.000 dictámenes, pero sólo 9 de ellos han versado sobre asuntos de constitucionalidad, mientras que 4.800 corresponden a dictámenes sobre daños y responsabilidad patrimonial en las más variadas causas. Asuntos como éste es el tipo de dictamen más habitual que se tramita en ese organismo: “responsabilidad patrimonial nº 0918-13-39 por daños ocasionados por especie cinegética (jabalí) en vehículo, tramitado a instancia de xxx , en nombre y representación de xxxx”
Políticos en declive
La mayor parte de los componentes de los consejos consultivos existentes están formados por personas con dilatada experiencia jurídica, pero en casos como Madrid, Valencia, Galicia o Extremadura sus propias leyes de creación facultan la designación de ex altos políticos sin más mérito que haber ocupado alguna responsabilidad política determinada. En el caso extremeño puede ser consejeros del Consultivo cualquiera que haya ocupado estas funciones: presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado o del Tribunal Supremo, así como Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Por ello, a la hora de repasar los miembros actuales y anteriores del Consultivo aparecen políticos ligados al PSOE y al PP tales como Juan Ignacio Barrero, Nevado Batalla, Casilda Gutiérrez o los ex presidentes de la Asamblea Antonio Vázquez y Federico Suárez. En la actualidad, los cinco miembros que conforman el Consultivo de Extremadura son Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, como presidente, y los consejeros, Elena Manzano, Don Juan Ignacio Barrero Valverde., Juan Manuel Rodríguez Barrigón y Andrés Eleno Eleno.
Caros y baratos
Los madrileños son los que más recursos destinan a sostener un órgano consultivo que, en su caso, cuenta con la participación de los exmandatarios del Gobierno de la comunidad, siempre que no ejerzan otros cargos. Su presupuesto asciende a 4.318.421 euros, de los que más de tres millones y medio se dedican a gastos de personal.
Andalucía y Cataluña condicionan el presupuesto a que dicho órgano emita informes sobre los diferentes ámbitos de su competencia. Andalucía dedica más de 3.300.000 euros para mantener un ente compuesto por 17 personas, mientras que en Cataluña esta cifra supera por muy poco los tres millones. Galicia dedica poco más de dos millones para mantener su funcionamiento.
El presupuesto que destina Extremadura al Consultivo está en 1.200.000 euros anuales, cuatro veces más que comunidades como Aragón que tiene la misma población o la Rioja. Además en éstos dos comunidades no se incluyen políticos entre sus miembros. Canarias, Navarras o Baleares tampoco llegan a los 500.000 euros anuales.
