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EXTREMADURA

El cierre de Aguablanca pone en jaque a una comarca sin alternativas que perderá una riqueza de 50 millones

El próximo viernes 12 de febrero se inicia la mesa de negociación con la empresa. Para los trabajadores y los sindicatos la única alternativa posible es que Río Narcea continúe su actividad

Al día siguiente, los sindicatos han convocado una concentración en Monesterio bajo el lema 'Por el empleo, por la justicia'

Algunos estudios constatan que un puesto de trabajo en una industria como esta repercute en la creación de entre 4 y 5 empleos en el sector servicios. Los sindicatos hablan de una verdadera catástrofe para la zona

Los trabajadores se han enfrentado a dos ERE temporales, y pueden agotar la prestación por desempleo en seis meses

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Vista aérea del complejo minero

Vista aérea del complejo minero

Su cierre supondrá mucho más que la pérdida de empleo para 400 familias de Monesterio y toda la comarca. Los sindicatos alertan de que el cierre de la mina Aguablanca sobrepasará fronteras. Piensan que será una verdadera catástrofe de la que no ven visos de remontada.

Si la mina echa el cerrojo puede arrastrar consigo a todo el entramado de empresas auxiliares y a un sector servicios que ha encontrado aquí el ‘filón’ con el combatir la crisis.

El sentimiento es de desconcierto. Los nervios a flor de piel desde que los habitantes de esta zona se desayunaran con una carta en la que Río Narcea anunciaba a los trabajadores que cerraba. Con el asombro de todos, porque en verano había solicitado el permiso para continuar con las extracciones de mineral en las galerías subterráneas.

Para hablar de efectos que puede tener su cierre, las cifras pueden ser la ‘prueba del algodón’. Comenta el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, que los estudios económicos constatan que empleo en una industria como esta repercute en la creación de entre 4 y 5 empleos en el sector servicios. Un empleado sin cualificación, trabajando en este sector, puede tener un sueldo neto de unos 1.500 euros, aumentando esta cifra en los empleos más especializados por encima de los 2.000.

Si los sindicatos estiman que la mina deja 17 millones de euros en costes laborales, la cifra se dispara hasta los 50 millones de euros de manera indirecta. Una riquexa que se puede evaporar.

¿Hay alternativas de empleo?

La respuesta del alcalde de Monesterio es que no. Al menos no para absorber a todo el volumen de trabajadores que se iría a la calle. Se trata de una zona de baja industrialización, eminentemente rural, que encontró una alternativa económica cuando la crisis del ladrillo azotó a todo el mundo.

La mina abrió sus puertas justo cuando la burbuja estallaba y mandaba al paro a todos los obreros. A efectos prácticos ha sido un salvavidas al que se agarraron buena parte de los empleados de este sector.

Pero la mina ha sido mucho más, porque fue capaz de mantener a flote toda la hostelería y los servicios que había en Monesterio. Aguablanca coincidió en el tiempo con momento en que la Nacional 630 perdió su protagonismo como vía de tránsito por ser un punto privilegiado de la Ruta de la Plata. Y precisamente fue la autovía del mismo nombre la que le arrebató ese protagonismo, al desviar todo ese volumen de tráfico fuera de la localidad.

Ha habido empresas que han nacido al auspicio de la propia mina, en el caso de El Real de la Jara (Huelva), un pequeño municipio muy próximo a la mina, donde se han creado empresas auxiliares, tales como de limpieza de los vehículos de alquileres

Pero el de Monsterio ha sido un caso diferente. Allí la mina ha reforzado un sector que en caso contrario estaba condenado al declive. ¿Qué pasará entonces ahora? La única respuesta es que la mina se quede, algo en lo que coinciden tanto la Junta, como los sindicatos y los trabajadores.

Concentración en Monesterio en defensa de la continuidad de Aguablanca

Concentración en Monesterio en defensa de la continuidad de Aguablanca

A los trabajadores les queda 6 meses de paro

El final de la mina trae consigo problemas mucho más profundos en los que hay que detenerse. Los sindicatos CCOO y UGT trasladan a este diario su malestar por el hecho de que los trabajadores se han enfrentado ya a dos Expedientes Reguladores de Empleo Temporales (ERTE). Unas regulaciones que han hecho que muchos de ellos no acumulen más de medio año de prestación por desempleo en caso de irse a la calle. Ya habrían agotado gran parte de la prestación, y entienden que la empresa les ha traicionado.

Comenta en este sentido Saturnino Lagar, del área de Industria de CCOO Extremadura, que aunque la empresa adquiera el compromiso de hacer planes de recolocación para los empleados, la realidad es que no hay tiempo físico. En caso de que la mina cerrara mañana, casi la totalidad de estos trabajadores llegaría al verano con el paro agotado, dependientes de un subsidio de 420 euros en el mejor de los casos.

“La realidad es que la empresa, que ha tenido grandes beneficios, regresa a Toronto mientras que los trabajadores, que son los que dejan la riqueza en la zona son a los que vamos a perder”, según advierte el dirigente de CCOO. Insiste en que no hay alternativas de recolocación. Los sindicatos apuntan más elementos, como el hecho de que estos empleados, con la nueva reforma laboral, serían dados de baja a un precio realmente ‘suculento’ para una empresa que el pasado año tuvo beneficios millonarios.

Se pregunta en este sentido la organización CCOO si la dirección de la mina está pensando en la zona o en ellos mismos, a lo que advierten de que el Gobierno central, que fue el que concedió la solicitud de explotación, no puede tolerar el cierre. Al menos hasta que concluyan los permisos de explocación dentro de dos años. Más si cabe teniendo en cuenta que esta empresa ha recibido hasta siete millones en subvenciones públicas.

María José, de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT de Extremadura,no ve justificable la decisión de la empresa de cerrar, cuando existen otros muchos sectores donde el precio fluctuante del material no determina su cierre, sino menos ganancias. Que no es lo mismo desde luego.

Critica que ha sido una verdadera "tomadura de pelo", porque la mina, este verano, había intentado negociar el ERTE, a la espera de que se le concediera el permiso de explotación subterráneo.

Pide igualmente el sindicato que la Declaración de Impacto Ambiental que había solicitado la empresa para la explotación en galerías se resuelva de inmediato, para que “no pueda ser esa la excusa que utilice la empresa para el cierre”.

Mesa de negociación y concentración

Hasta el momento tanto los sindicatos como los trabajadores desconocen las intenciones finales de la empresa, y si planteará finalmente un plan de cierre u otras alternativas.

Será el próximo viernes, 12 de febrero, cuando se forme una mesa de negociación, en la que conocerán al fin las intenciones de la empresa. Comenta Eloy Sánchez, del comité de empresa, que los trabajadores están muy preocupados. Pasan por un momento de incertidumbre que no saben cómo acabará. La única solución, que la mina continúa con su actividad, tal como recoge el contrato de cesión firmado hasta 2018.

Precisamente en defensa de los puestos de trabajo los sindicatos UGT y CCOO han convocado para el próximo sábado 13 de febrero, a las 12,00 horas, una concentración en la calle Templarios, junto al ayuntamiento.

La protesta se celebrará bajo el lema ‘Por el empleo, por la justicia, por el futuro: No al cierre de la mina de Aguablanca’.

Critican que existen muchas preguntas sin responderse. Los sindicatos no entienden por ejemplo el motivo por el que este verano la empresa les transmitía que a 4,7 dólares la libra de mineral la mina era rentable, y que a pocos meses afirmen que “ni a 6 dólares es rentable en la actualidad”.

Quedan en torno a tres millones de toneladas por extraerse, a dos años de que termine el periodo estimado de explotación, lo que hará que a todas luces no venga otra empresa a terminar el trabajo por el elevado coste que supone poner en marcha de nuevo una mina, con toda su infraestructura.

Apuntan a que tiene que ser la actual la empresa la que termine los trabajos, y en este caso la administración central tendría que ser la que obligara a la empresa, como responsable, a que terminara los trabajos que había solicitado.

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