Los agujeros negros del 11-M, según el PP

Copio y pego de las conclusiones del PP sobre la Comisión del 11-M.

La existencia de tan grandes zonas oscuras contribuye a que puedan gestarse múltiples teorías sobre la posibilidad de una infame conspiración –exterior o interior contra el sistema democrático español. Lo único cierto es que el atentado, por su brutalidad y enorme efecto destructivo, hizo que los españoles acudiéramos a las urnas en un clima de conmoción incompatible con la serenidad que debe presidir cualquier convocatoria electoral. Y no contribuye a despejar las dudas existentes el cierre de la Comisión cuando, por respeto a las víctimas y a la opinión pública, debería estar en estos momentos trabajando para desentrañar incógnitas como las que a continuación, y sin pretensión de ser exhaustivos, se ofrecen:

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1. La Comisión no ha podido determinar, porque no se le facilitaron alegando estar sometidas a secreto de sumario, las cintas correspondientes a las grabaciones efectuadas por la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía (UDYCO) entre los meses de febrero y marzo a varios de los miembros de la banda de “El Chino”. Tales grabaciones se efectuaron con autorización de sendos Juzgados de Parla y de Alcalá de Henares. De diversos autos del Juez del Olmo se desprende que la UDYCO pudo tener conocimiento de cómo a mediados de febrero “El Chino” pretendía obtener un pasaporte falso y preparaba una expedición a Asturias, a donde en efecto acudió el día 28 de febrero de 2004 regresando a Madrid al día siguiente, conduciendo lo que ha dado en llamarse “la caravana de la muerte”, pues en ella se trasladaron los explosivos desde el Principado asturiano hasta Morata de Tajuña. Se ignora cómo y por qué se produjeron las referidas intervenciones telefónicas, y si tenían relación con informaciones proporcionadas por la Policía de Oviedo.

2. El día 29 de febrero de 2004, “El Chino” fue multado por tres infracciones de tráfico en las proximidades de Burgos cuando transportaba los explosivos. A pesar de viajar sin documentación, sin seguro y con un pasaporte falso logró traspasar el control policial. No hay ninguna explicación razonable acerca de por qué el agente de tráfico que intervino el vehículo lo dejó marchar, en lugar de inmovilizarlo hasta obtener información sobre él o sobre su conductor.

3. La Guardia Civil inspeccionó en varias ocasiones la finca de Morata de Tajuña, alquilada por los terroristas y donde entre el 29 de febrero y el día 11 de marzo se prepararon las mochilas-bomba. La última inspección, producida en virtud de una denuncia, se produjo el mismo día 10 de marzo de 2004. No hay ninguna explicación oficial a este hecho.

4. No se ha esclarecido porqué la Policía dejó de “observar” al “Tunecino” el día 5 de marzo de 2004. La UCIE conocía la peligrosidad de Serhane y la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid vigilaba a Serhane. Se informó en la Comisión que la investigación tenía por objeto una célula durmiente de islamistas y que a lo largo de la investigación surgió “El Tunecino”, como un elemento más. Sin embargo, el imán de Villaverde, Abdelkader El Farssaoui, alias “Cartagena”, confidente de la Policía, llevaba informando de las actividades de “El Tunecino” desde hacía mucho tiempo, y había dado a conocer desde el 9 de junio de 2003 que era el jefe de los islamistas.

5. No se ha identificado al miembro de los TEDAX que informó al Juez Garzón en la estación de Atocha, en torno a las 12,30 horas del mediodía del día 11 de marzo, que la dinamita utilizada por los terroristas había sido “Titadyne”.

6. No se ha dado ninguna explicación oficial acerca de las razones por las que los TEDAX, que llevaron a cabo la recogida de todos los objetos encontrados en los trenes, no se apercibieron de la existencia de una mochila –la decimotercera- cargada de explosivos (con un peso como mínimo de 16 kilos) que era similar a otras dos que detectaron y explosionaron en la Estación de Atocha y en la del Pozo del Tío Raimundo y que, sin que nadie sepa cómo llegó, apareció en la Comisaría de Vallecas en la madrugada del día 12 de marzo.

7. No se ha dado ninguna explicación sobre las razones por las que no estalló la bomba contenida en la decimotercera mochila, a pesar de que el teléfono móvil utilizado como temporizador estaba en perfectas condiciones, ni se han esclarecido las contradicciones existentes entre el primer informe de los TEDAX al juez del Olmo de fecha 19 de julio de 2004 y el último que figura en el auto de 15 de febrero de 2005

8. Se ha especulado con la posibilidad de que los siete terroristas muertos en la acción de Leganés, que tuvo lugar el 3 de abril de 2004, no hubieran tenido ninguna intención de suicidarse. Así lo probaría el vídeo que grabaron unos días antes de su muerte, donde no reivindicaban nada, sino que amenazaban a la sociedad española como consecuencia de la decisión anunciada por el futuro presidente del Gobierno de incrementar nuestra presencia en Afganistán. La huida de uno de los terroristas al llegar la Policía al piso, la negativa a informar de quienes fueron los destinatarios de todas las llamadas telefónicas efectuadas momentos antes del supuesto suicidio y el rumor de que uno de los fallecidos se encontraba debajo de una cama, entre otras circunstancias, demuestran que la opacidad ha presidido también este episodio vinculado al 11 de marzo. La Comisión no ha tenido información alguna para esclarecer este episodio.

9. El juez Baltasar Garzón informó en la Comisión que desde 1994 todas las operaciones contra el terrorismo islamista las dirigía él o su Juzgado con la colaboración de la UCIE. Amparándose en la imposibilidad legal de informar sobre asuntos que estaban sometidos a su jurisdicción, el magistrado no hizo referencia al hecho de que el Tunecino, el Egipcio y otros que constituyeron la célula del 11 de marzo estaban siendo estrechamente vigilados desde el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, vigilancia que se intensificó si cabe a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003. Tampoco lo hizo el jefe de la UCIE en su comparecencia ante la Comisión.

10. No se ha dado a la Comisión ni información ni explicación alguna sobre el hecho de que en una tienda de telefonía propiedad de un policía de origen sirio, Maussili Kalagi, se hubieran “liberado” los teléfonos móviles utilizados por los terroristas como temporizadores. Se ha sabido que el policía, adscrito a la UCIE, era amigo o conocido de los miembros de la célula islamista autora material de los atentados.

11. No se ha dado cuenta a la Comisión del grado de conocimiento que tenía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes del 11 de marzo sobre la actividad de los dirigentes de la célula islamista y en concreto de Allekema Lamari, que según un informe del día 6 de noviembre de 2003 podría estar preparando un atentado con coche bomba conducido por un suicida contra un “edificio” (¿la Audiencia Nacional?). ¿No hubo nadie en el CNI que relacionara esta investigación con el 11 de marzo una vez cometido el atentado? ¿Por qué el CNI mantuvo inalterable entre el 11 y el 14 de marzo la imputación de la autoría a ETA?

12. Un episodio sorprendente y tampoco explicado es que Mohannad Almallah, detenido por su presunta participación en los atentados del 11 de marzo, se afiliara al Partido Socialista Obrero Español después de pedir asesoramiento al policía Maussili Kalagi.

13. Otra de las infinitas casualidades relacionada con el 11 de marzo es que Camila Pardo Candela y su madre, asesora del Grupo Parlamentario Socialista, conversas al Islam y familia directa del anterior secretario general del PSOE (concretamente, la madre de Camila Pardo es hermana de la esposa de Joaquín Almunia), aparezcan como letradas de varios islamistas imputados en la operación Dátil y en el sumario del 11 de marzo, entre ellos de Nidal Acaid (detenido por Garzón en el transcurso de la operación Dátil) y de su esposa Nayat Fadal, que alquilaron al “Chino”, por mediación del “Tunecino”, la finca de Morata de Tajuña donde se procedió a la preparación de los trece artefactos explosivos utilizados en los atentados; así como que aparezcan en las notas de la UCIE recientemente publicadas por un diario nacional.

14. No se han aclarado las relaciones entre el agente de la Guardia Civil, Pedro García Domingo, imputado por el juez del Olmo, y el también imputado y encarcelado Lofti Sbai, presunto socio de “El Chino” en sus negocios de tráfico de droga, que fue uno de los invitados a la comida que tuvo lugar en una afamada marisquería de Madrid, y a quien Rafá Zouhier acusa de haber facilitado a los islamistas las armas que aparecen en el vídeo grabado por los islamistas el 13 de marzo de 2004 y las encontradas en el piso de Leganés.

15. Otra información inquietante es la que atribuye al argelino Rabia Gaya, carnicero de Gijón y colaborador del dirigente socialista Fernando Huarte, haber celebrado una reunión en marzo de 2003 con el marroquí Fouad el Morabit Amghar, actualmente en prisión por los atentados del 11 de marzo.

16. Otra información de extraordinaria gravedad es la que atribuye a un confidente marroquí haber revelado a su contacto en la UCIE, tres meses antes del 11 de marzo, que un grupo de marroquíes preparaban en Francia una operación de hachís para financiar la realización de atentados mediante la colocación de bombas en los trenes.

17. No se ha dado tampoco ninguna explicación al hecho de que los mandos de la UCIE que comparecieron en la Comisión ocultaran que uno de sus confidentes (a quien el juez del Olmo otorgó la condición de testigo protegido) había llamado al policía Evaristo Tobares, de la UDYCO, en las Navidades de 2003, para advertirle que no tomara ningún tren o transporte público de metro porque sabía que iban a poner bombas en los mismos. No se ha conseguido aclarar la veracidad de este testimonio ni si la información, caso de haberse producido, fue transmitida a la superioridad por el agente Tobares, actualmente jefe de seguridad del ministerio de Cultura. Según el confidente, la información se la proporcionó su entonces cuñado Abderraman Hammadi. En una nota informativa facilitada por la UDYCO al magistrado Juan del Olmo el día 15 de marzo se confirma la existencia de esta información, si bien se da a entender –aunque no de forma expresa- que el policía que la recibió no la transmitió a sus superiores.