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“España atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente”. La democracia está “herida” porque el Gobierno está “desmantelando el Estado de Derecho”. Es un Gobierno “indigno”, “ilegal e ilegítimo”, que se apoya “en los peores enemigos de España”: “comunistas, golpistas y filoterroristas”. Un grupo de partidos que “quieren convertir su ideología en políticas de Estado, al modo de los países del desaparecido bloque soviético”, que “atacan las libertades”, que quieren “implantar un nuevo régimen”.
He leído en detalle el escrito de moción de censura que ha presentado Vox. Es un profuso texto –44 páginas– del que salen estos entrecomillados y que ayuda a entender el tipo de realidad paralela en la que viven los dirigentes de la extrema derecha española (y buena parte de sus votantes). Un metaverso donde es el Gobierno quien controla el Consejo General del Poder Judicial –y no la derecha, que se ha enrocado en esta institución–. Un mundo donde el Gobierno ha “subyugado” al Tribunal Constitucional –por renovar a los magistrados que hace diez años nombró el Gobierno de Rajoy, y que estaban con el mandato caducado–. Una España donde Pedro Sánchez lidera la “demolición de las instituciones democráticas” para “perpetuarse en el poder”.
La ley de memoria democrática, asegura también Vox, es “una amenaza mortal contra el Estado de derecho”. El Gobierno está incluso culpando a “millones de españoles” “por la supuesta actuación de sus abuelos o bisabuelos” en la Guerra Civil. “Quiere reescribir la historia” y ha realizado “actos de destrucción vandálica y sectaria de nuestro patrimonio cultural para tratar de borrar la memoria de los españoles”.
La libertad, la igualdad, la seguridad y la prosperidad están en grave riesgo, “incluso han desaparecido por completo en algunas regiones del país” y estamos sufriendo “una invasión de inmigrantes”.
La política exterior española está supeditada “a los intereses personales de Pedro Sánchez” porque un país enemigo está extorsionando al presidente del Gobierno tras hackear su móvil, “sospecha” Vox. España es más “irrelevante y débil” en el mundo que nunca y solo nos llevamos bien con “narcodictaduras”.
La mayoría gubernamental en el Parlamento quiere “intervenir en el ámbito de las relaciones más íntimas de las personas para cambiar las costumbres de la vida privada y aun su propia mentalidad”.
“Los parámetros de la mayoría gubernamental en esta materia pueden calificarse, sin miedo a exagerar, como claramente totalitarios”, recalca Vox.
“Sin miedo a exagerar”, recalco yo.
Todo esto, dice Vox, forma parte de un complot de “las élites globalistas”, que primero aprovecharon la pandemia para atacar las libertades y ahora están utilizando “los dogmas climáticos” para hacer cumplir su agenda 2030: un “plan totalitario y de control” que tiene como objetivo “acabar con la identidad de las naciones y empobrecerlas”, para que sean más fáciles de dominar.
“Es urgente expulsar a este Gobierno”, remacha en este escrito Vox. Y después de leer el diagnóstico que hace la extrema derecha de la situación, en el fondo es un avance democrático que su plan para “detener a Sánchez” se quede solo ahí: en una triste moción de censura, y nada más.
Leídos sus argumentos, más bien parecería que fichan a Ramón Tamames por su experiencia frente a la dictadura, por sus años de militancia comunista en la clandestinidad.
Hace semanas que intento entender qué ha llevado a alguien con la trayectoria de Tamames a prestar su nombre para una fanfarria así. ¿Cómo es posible que alguien que participó en la lucha antifranquista desfile ahora con un partido que niega aquella dictadura y tacha de dictadura a la democracia actual? ¿Cómo alguien que militó durante décadas en el Partido Comunista de España se presta a protagonizar una moción de censura donde se equipara el comunismo con el terrorismo?
¿Es una cuestión de ego? ¿Afán de protagonismo? O es algo aún peor, un síntoma más grave del daño que hace la extrema derecha a la sociedad: que el propio Ramón Tamames, igual que muchos otros españoles de buena fe, vive también en esa realidad paralela donde el Gobierno quiere instaurar una dictadura y perpetuarse en el poder.
El de Vox no es un discurso muy distinto al de ciertos sectores del Partido Popular. Es incluso más cuidadoso en algunas formas que el que suele aplicar Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de querer encarcelar a la oposición para perpetuarse en el poder (hasta a Vox le pareció una exageración). Que dice que el cambio climático es un invento comunista. Que tacha a Pedro Sánchez de ser un “tirano” que quiere convertir España en una dictadura.
El Gobierno quiere utilizar el poder del Estado contra la oposición, dice la derecha. ¿Se refieren a lo que hizo con Podemos y los independentistas la policía patriótica del PP?
El Gobierno está “deslegitimando las instituciones”, acusan Ayuso y Vox. Al tiempo que niegan la legitimidad al Gobierno al que votó la mayoría absoluta del Parlamento español. Y que hoy conserva este apoyo, como demostrará el resultado en el Congreso de los Diputados de esta moción de censura.
El Gobierno quiere “destruir el orden constitucional”, dicen también Ayuso y Vox. Mientras desprecian el pilar más importante de cualquier carta democrática: que el poder emana del pueblo. Y el voto de esos españoles que no son de derechas vale lo mismo que el de las “personas de bien”.
Ante ambos exabruptos –los de Ayuso y los de Vox– se abstiene el supuesto ‘moderado’, Alberto Núñez Feijóo.
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“España atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente”. La democracia está “herida” porque el Gobierno está “desmantelando el Estado de Derecho”. Es un Gobierno “indigno”, “ilegal e ilegítimo”, que se apoya “en los peores enemigos de España”: “comunistas, golpistas y filoterroristas”. Un grupo de partidos que “quieren convertir su ideología en políticas de Estado, al modo de los países del desaparecido bloque soviético”, que “atacan las libertades”, que quieren “implantar un nuevo régimen”.
He leído en detalle el escrito de moción de censura que ha presentado Vox. Es un profuso texto –44 páginas– del que salen estos entrecomillados y que ayuda a entender el tipo de realidad paralela en la que viven los dirigentes de la extrema derecha española (y buena parte de sus votantes). Un metaverso donde es el Gobierno quien controla el Consejo General del Poder Judicial –y no la derecha, que se ha enrocado en esta institución–. Un mundo donde el Gobierno ha “subyugado” al Tribunal Constitucional –por renovar a los magistrados que hace diez años nombró el Gobierno de Rajoy, y que estaban con el mandato caducado–. Una España donde Pedro Sánchez lidera la “demolición de las instituciones democráticas” para “perpetuarse en el poder”.