Bizkaia rechaza las alegaciones de Alonsotegi y exige la devolución de casi un millón de euros por obras falsas

Ni las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alonsotegi ni las protestas vecinales han persuadido a la Diputación Foral de Bizkaia de liberar al consistorio de la deuda millonaria que le reclama derivada de la gestión fraudulenta de antiguos gestores. Bizkaia exige al ayuntamiento, ahora en manos de EH Bildu, la devolución de casi un millón de euros en concepto de subvenciones, más los intereses, por unas obras que tenían que haberse llevado a cabo en la localidad, pero que nunca llegaron a realizarse. Se trata de una deuda que el consistorio adquirió en 2012, cuando el entonces alcalde, del PNV, abonó ese dinero a empresas constructoras con facturas falsas, porque las obras no llegaron a realizarse nunca.

Se da la casualidad de que la gestión del alcalde que hizo el desfalco en las cuentas municipales por el que se exige la devolución de las ayudas, José Luis Erezuma, ya fallecido, acabó en el juzgado a instancias de EH Bildu, que en aquella época estaba en la oposición, pero que ahora es el que tiene la alcaldía de la localidad y que, por lo tanto, sería el encargado de hacer frente a esa deuda millonaria que puede colocar al municipio vizcaíno, de unos 3.000 habitantes, en una situación muy difícil desde el punto de vista presupuestario.

Los gestores del Ayuntamiento de Alonsotegi ya han anunciado que han trasladado la cuestión a los servicios jurídicos para que analicen la decisión de la institución foral de rechazar las alegaciones y “propongan nuevas actuaciones” en un nuevo intento de sortear la multa. La resolución de la Diputación es definitiva y agota la vía administrativa, aunque contra ella se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado en el plazo de dos meses, y eso es lo que analizan ahora los abogados del actual equipo de EH Bildu.

“Hemos requerido a los servicios jurídicos que analicen y propongan nuevas actuaciones ante esta resolución”, señalan desde el Ayuntamiento, desde el que consideran que era una decisión “esperada”, teniendo en cuenta que “el mismo órgano que abre el expediente de reintegro es el que valora las alegaciones”, recuerdan. No obstante, pese a ser una resolución esperada, “produce el mismo estupor e inquietud que la anterior”, señalan.

En total, se exige al Ayuntamiento la devolución de 600.000 euros de la subvención más 321.967,49 euros en concepto de intereses de demora. La cantidad total es de 921.967,49 euros. Equivale al 21% del presupuesto municipal. Como protesta por esta reclamación que puede llevar al municipio a una situación muy complicada desde el punto de vista financiero, cientos de personas se concentraron el pasado 30 de julio en el municipio ante el Ayuntamiento, con el alcalde Unai Arregi entre los presentes, como protesta por la reclamación y tras una pancarta con el lema ''Injustiziaren aurreran. Alonsotegi tinko', (Ante la injusticia. Alonsotegi firme). “Fue una foto de unidad y de defensa de la dignidad de un pueblo”, han recordado desde el consistorio.

En este sentido, desde el equipo de Gobierno han reafirmado su compromiso “en la defensa de los derechos e intereses de nuestro pueblo, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para evitar que una vez más sean nuestros vecinos y vecinas las perjudicadas por las malas prácticas que se dieron en el pasado”, señalan.

La Diputación exige esta cantidad al consistorio al estar acreditado que en 2012 se abonó una subvención foral para unas aparentes obras para reparaciones por unas lluvias torrenciales que nunca se ejecutaron. Los 600.000 euros que puso la Diputación de Bizkaia se usaron en realidad para saldar deudas anteriores del Ayuntamiento de Alonsotegi con la empresa Laneder y no para obras públicas. Se celebró un juicio y hubo hasta tres confesiones de que, efectivamente, los trabajos no se habían realizado, a pesar de estar certificados por el Ayuntamiento, pero los implicados resultaron absueltos ya que el tribunal consideró que no hubo quebranto de las arcas públicas.

En concreto, durante el juicio se corroboró lo que ya anteriormente se había reconocido por muchos de los implicados. Es decir, que había una deuda de 1.066.944,01 euros con Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud, y que en octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. El alcalde y varios asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento. Esos trabajos son los que no se hicieron Y que ahora son motivo de reclamación por parte de la Diputación foral.

La importancia de que en este momento se reclame el dinero al Ayuntamiento, más allá de que se pida cuando la institución está gobernada por el partido (EH Bildu) que capitaneó en su día la denuncia contra la formación que estaba en el poder (PNV) , está en el hecho de que quedan pendientes otras dos causas por irregularidades en Alonsotegi. La más avanzada, pendiente solamente de fecha de juicio, es la relativa al período de 2007 a 2011, con el 'jeltzale' Aitor Santisteban en la alcaldía. En este caso la factura sería todavía mayor que lo reclamado ahora, ya que suma 2,3 millones de euros más intereses. El dinero procedía igualmente de Bizkaia en su mayoría (1,7 millones) pero también del Estado a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero mediante dos asignaciones de 230.000 euros.

EH Bildu se hizo con la alcaldía en la persona de Unai Arregi en las pasadas elecciones municipales, poniendo fin a una historia de dominio del PNV en el municipio que está inevitablemente vinculada con casos de corrupción. Tres alcaldes del municipio han sido acusados de diferentes delitos de malversación y falsedad documental, prevaricación y fraude en las subvenciones durante sus etapas al frente de la alcaldía.