El Estado de Michigan ha exigido a un preso que pague su estancia en prisión con los ingresos de un libro que ha escrito en concepto de “reembolso parcial por los costes de los cuidados del procesado mientras estaba en prisión”. El caso tiene un interés suficiente para generar un debate específico, pero lo traigo aquí a colación sólo porque plantea de forma descarnada algo que, a pesar de ser evidente, no suele tenerse en cuenta cuando se habla de la cárcel: que se trata de un servicio público que ofrece el Estado y que tiene un coste elevadísimo que deben pagar a escote los contribuyentes.
Siendo esto así, ¿no es sorprendente que las mismas personas que no pierden oportunidad de erosionar los servicios públicos, acusándolos de ineficiencia y de unos costos inasumibles no dejen de reivindicar el código penal como panacea para casi todos los males de nuestra sociedad?
Día a día se van introduciendo nuevos delitos en el código penal, día a día se van agravando las penas de los delitos existentes, día a día crece la confianza social en las soluciones punitivas a los problemas sociales. Día a día ingresan en prisión “tuiteros”, raperos o independentistas catalanes. Seguimos con la “prisión permanente revisable”, que no es otra cosa que la restauración de la cadena perpetua. Pero nada es suficiente para saciar el ímpetu punitivo de quienes se proclaman sucesores ideológicos del liberalismo, pero tienen una habilidad pasmosa en hacer al menos tres excepciones en su empeño por adelgazar el Estado: la cárcel, la policía y el ejército.
El Gobierno español se ha comprometido recientemente con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos siete años, hasta rondar los 18.000 millones de euros. ¿Cuantas personas autoproclamadas liberales se han quejado? Las mismas que se quejan cuando el gobierno interviene sobre el mercado para rescatar a los bancos o a las autopistas.
El Estado español gasta tres millones de euros al día en mantener a las 57.000 personas que cumplen condena en sus centros penitenciarios. ¿A cuantos autoproclamados liberales se ha oído cuestionar el gasto público en el sistema penitenciario? ¿A cuantos poner en cuestión la eficiencia de ese servicio? ¿Cuantos se preocupan de en qué medida consigue la cárcel ser un instrumento adecuado para obtener el resultado de la reinserción social, de reeducar al preso pero que no vuelva a delinquir, de reducir, en fin, la actividad delictiva y garantizar una mayor seguridad pública? ¿Cuántos plantean la posibilidad de medidas alternativas a la prisión?
Como se puede advertir, las anteriores reflexiones no las planteo desde la divergencia en lo ideológico o en materia de valores. Olvidémonos de Foucault. Prescindamos incluso del hecho de que desde una perspectiva de democracia radical y en la medida en la que supone la privación del bien más preciado del ser humano, su libertad, la cárcel debe ser el último recurso, la última solución, cuando ya no queda otra solución. Y de que el Estado no está legitimado para privar a la persona presa de ningún otro derecho que los mínimos necesarios para restaurar el daño o impedir que se repita. El garantismo democrático exige que las restricciones de libertades y derechos sólo se ejecuten en la medida mínima necesaria para garantizar las libertades y derechos de todos.
Aquí no pretendo ir tan lejos. No pretendo cuestionar los argumentos de quienes tienen una visión menos garantista del derecho penal. Simplemente, planteo unas interrogantes desde una perspectiva utilitarista. ¿Cómo pueden unas personas tan preocupadas por la eficiencia de cada euro que el Estado gasta en pensiones, en educación o en sanidad despreocuparse tanto de la eficiencia de cada euro que gasta en cárceles o en ejército?
Si se preocuparan realmente de lo que dicen preocuparse, observarían también que existe una relación estrecha entre el dinero que deja de gastarse en políticas “sociales” y el que se necesita gastar en seguridad, en policía y en cárceles. Es más: si observaran el mundo de una forma desprejuiciada, llegarían a la conclusión de que los países donde existe menor delincuencia y mayor seguridad no son los que tienen unas leyes más crueles, ni siquiera son los que porcentualmente gastan más en seguridad, sino los que poseen una mayor igualdad social, por haber practicado a lo largo del tiempo importantes políticas redistributivas.
En Estados Unidos, uno de los países con un sistema penal más severo y que aplica más penas de muerte del mundo, las cárceles están atestadas: más de un millón y medio de personas, sin contar a las que permanecen presas en centros del ejército y otros similares. Es el país con mayor número de presos del mundo y con mayor proporción de su población encarcelada. Y sin embargo, probablemente no exista otro país con un desarrollo económico equiparable que sea menos seguro.
Frente a datos tan abrumadores, no faltarán neoliberales que en lugar de abordar la cuestión de fondo, prefieran coger el rábano por las hojas y aplicar su receta habitual: reducir el gasto, privatizando el servicio. Cada recluso nos cuesta aproximadamente 2.000 euros al mes. Sabiendo lo que cuesta, por ejemplo, mantener a un anciano en una residencia privada y si añadimos los costos de unas medidas de vigilancia y seguridad enormes, ¿hasta dónde se nos iría la factura, incluso si obviamos los elementos de interés particular e incluso corrupción que suelen acompañar cualquier proceso de privatización?
En el otro extremo, Noruega es uno de los países más seguros del mundo. Sólo tiene 3.800 reclusos. 115 de ellos tienen el privilegio de entrar en la cárcel de la isla de Bastoy, un recinto autónomo y ecológico donde no hay rejas y que está volcado en la rehabilitación. Sólo una de cada diez personas que salen de Bastoy vuelve a reincidir.
En resumen: que los problemas sociales complejos, como lo es el de la delincuencia, no admiten atajos ni recetas mágicas. Y que desde luego, ni limitarse a cambiar la redacción de las leyes para hacerlas más estrictas, ni pretender adelgazar los servicios públicos son soluciones que funcionen en el mundo real. La seguridad sí está vinculada, en cambio, a las sociedades igualitarias y a las políticas públicas eficientes.
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