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Roberto Uriarte

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y exlíder de Podemos-Ahal Dugu.

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Crisis y gobierno democrático de la economía

"Unas veces se gana; otras, se aprende". Aunque tampoco hay garantía de eso. Es evidente que, cuando las cosas van bien, el ser humano tiene tendencia a reproducir rutinas, sin cuestionarlas; y que las situaciones de crisis, cuando las cosas fallan, se pueden convertir en momentos de oportunidad, de cuestionamiento, de aprendizaje. Por desgracia, no siempre se aprovecha la oportunidad que conlleva la crisis para extraer enseñanzas.

La economía del bien común parte precisamente de la premisa de que cuando las cosas vienen bien dadas, las personas tendemos más a a competir que a cooperar, mientras que cuando se producen situaciones catastróficas, suelen invertirse los términos de la ecuación y la mayoría de las personas, suelen sacar lo mejor de ellas mismas. Y la premisa a partir de la cual desarrolla su propuesta teórica, es que el Estado debería incentivar los comportamientos económicos más cooperativos, más igualitarios, más participativos y más respetuosos con el entorno.

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La Constitución, aún más devaluada desde el 1 de enero

La reforma del artículo 135 de la Constitución realizada durante el mandato de  Zapatero, estableciendo el principio de estabilidad presupuestaria y la exigencia de que la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado, desplegará del todo sus efectos a partir del próximo 1 de enero, al aplicarse su disposición adicional, que estipula que "los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020".

Si el artículo 135 dice que hay que hacer presupuestos estables y no incurrir en niveles de endeudamiento insostenibles y si eso constituye una buena práctica, ¿dónde está el problema? Empecemos por el principio: el equilibrio presupuestario es un buen principio, pero ni siquiera el equilibrio debe imponerse de forma desequilibrada. Porque un sistema económico eficiente y justo necesita ponderar adecuadamente una multitud de principios y no sacralizar uno sólo de ellos por encima de los otros; y, en segundo lugar, porque en un Estado democrático, la economía es un subsistema de la política, de forma que los objetivos de eficiencia económica no son los únicos objetivos políticos; ni unos objetivos a los que deban supeditarse todos los demás.

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La corrupción en los tiempos del bipartidismo

Hace dos meses, este mismo medio me publicaba 'El último gobierno monocolor', en el que sostenía que la repetición de las elecciones del 28-A no debía interpretarse, como hacía la mayoría de los analistas, como una simple consecuencia de la incapacidad para negociar de determinados líderes políticos. Que había que insertar esa repetición electoral en un contexto que iba mucho más atrás del 28-A, concretamente hasta las generales de 2015. Porque esas elecciones de 2015 rompían el ciclo político de casi cuatro décadas de bipartidismo imperfecto, abocando a la articulación de gobiernos de coalición. Acabamos de afrontar las cuartas elecciones en menos de cuatro años; cuatro años de resistencia del PSOE, del 'Deep State', de los poderes financieros y de los medios de comunicación masivos a leer las nuevas exigencias de la voluntad general. Los números pedían a gritos desde 2015 un gobierno de coalición PSOE-Podemos, una vez que las derechas habían roto todos los puentes con sus viejos aliados del nacionalismo catalán. Un gobierno en el que razonablemente correspondía la presidencia al partido más votado y la vicepresidencia al otro. Decir algo que era tan evidente para cualquier observador imparcial extranjero se convirtió casi en un anatema. Sólo tras agotarse la paciencia de la ciudadanía, la tozuda realidad de los números parece que acabará imponiéndose.

Este cierre del ciclo político del bipartidismo coincide en fechas con el cierre del último de los macro-sumarios de corrupción en curso, el de los ERE de Andalucía. Decía Lord Acton que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso las democracias se articulan sobre el principio de desconcentración del poder y de articulación de contrapoderes institucionales. Siguiendo con esa lógica, no es exagerado pensar que los gobiernos de partido único con mayoría absoluta tienden a ser más susceptibles de corrupción que los gobiernos con mayoría relativa y los de coalición. El caso de los gobiernos de partido único y mayoría absoluta prolongada a lo largo de varias legislaturas es probablemente el más susceptible de generar formas agravadas de corrupción. Así ha sucedido con el PP en Madrid o el PSOE en Andalucía.

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¿Neoliberalismo corregido o políticas bipolares?

Leo que el Gobierno vasco va a invertir de nuevo en planes para promocionar el comercio familiar y de cercanía. A primera vista, una medida conveniente, pero intentemos profundizar un poco. Pasear hoy por cualquier ciudad o pueblo es ver cómo día a día las tiendas de siempre, los negocios familiares, los viejos cafés, van cayendo uno a uno y van siendo sustituidos por franquicias internacionales o simplemente, por locales vacíos o en constantes reaperturas abocadas al fracaso. Paseo por Bilbao y observo a tres jóvenes, sentados a pie de calle, comiendo comida-basura en recipientes de plástico, apoyados sobre una mesa improvisada, que es en realidad una caja-mochila de una empresa multinacional de repartos en bicicleta.

Hace unos años no habría imaginado algo así en el siglo XXI, en una ciudad desarrollada y mucho menos en este país, donde hasta la persona más humilde comía en mesa y mantel decentes; alimentos suculentos y calientes en platos de cerámica y con cubiertos metálicos. Es la nueva clase social de quienes, en pleno corazón de la riquísima Europa, tienen un trabajo que no les permite salir de la pobreza. Pero no sólo son ellos: incluso quienes pueden permitirse viajar en avión, se ven forzados en los aeropuertos a consumir comida-basura de marcas internacionales en envases de usar y tirar. La única diferencia es que tienen que pagar el doble o el triple de lo que en esa misma ciudad se paga en negocios locales por productos de mucha mayor calidad y servidos en condiciones dignas. Pero estos últimos son negocios condenados al cierre antes o más tarde. Es sólo la avanzadilla de lo que se nos viene encima. 

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El último gobierno monocolor

Las próximas elecciones van a suponer, muy probablemente, el fin de un ciclo político de cuatro décadas de gobiernos monocolores, un modelo que se ha definido como “de bipartidismo imperfecto o tendencial” en el que los dos mayores partidos se alternaban en el poder, con la habitual muleta del nacionalismo catalán y/o vasco; y la transición a un nuevo ciclo de gobiernos de coalición, asimilable al vigente en la mayoría de los países de Europa. Este cierre de ciclo está resultando más largo y complicado de lo necesario, como consecuencia de la resistencia de esos dos partidos, prácticamente hegemónicos en el anterior ciclo, a dar carta de naturaleza a los profundos cambios operados en los últimos años en los hábitos de voto de la ciudadanía y, en consecuencia, en el sistema de partidos. 

Esta resistencia se vió en principio encarnada especialmente en el Partido Popular, con sus exóticas propuestas a favor de que gobierne obligatoriamente el partido más votado, haciendo abstracción de si tiene apoyos suficientes en el Parlamento; y privando a los demás partidos del derecho a pactar para conformar mayorías, implícito en el sistema parlamentario. Sin llegar al extremo de pretender prohibir las “coaliciones de perdedores”, el Partido Socialista le ha tomado el relevo, iniciando Sánchez el anterior período de sesiones con una propuesta de reforma de la Constitución que no ha llegado a concretar. No sería grave si se tratara sólo de introducir la previsión de algunos Estatutos de Autonomía de que, pasado un plazo razonable para que los partidos intenten coaligarse sin que sean capaces de hacerlo, pueda gobernar en minoría el que obtenga más apoyos parlamentarios. La propuesta no es mala en su contenido, pero es pésima en su oportunidad, al plantear como prioridad del país reformar la Constitución para que haya una forma de evitar la repetición electoral que sortee la necesidad de acuerdos y permita sobrevivir a gobiernos débiles y sin apoyos, que serán probablemente incapaces de ver sus presupuestos aprobados.

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Pactos y fin del bipartidismo turnista

Las elecciones a celebrar el próximo 28 de abril no van a ser unas elecciones sin más. Van a ser tan decisivas que, como dice el profesor Héctor Illueca, van a tener una naturaleza materialmente constituyente, a pesar de no ser formalmente unas Cortes constituyentes.

En primer lugar, las elecciones van a marcar el final de una época: la del bipartidismo turnista, en la que el gobierno era siempre monocolor, aunque a veces necesitaba el apoyo parlamentario de alguna fuerza menor. Este papel de sostén del gobierno solía recaer en el nacionalismo catalán y/o vasco, gracias a los efectos del sistema electoral, que perjudicaba enormemente a terceros partidos de ámbito estatal, anulando de facto la capacidad de estos para actuar como partidos-bisagra. La irrupción de Podemos rompió este esquema “tendencialmente bipartidista”, iniciando la evolución hacia el multipartidismo. Consecuencia de ello es que el de Sánchez será probablemente el último gobierno monocolor y el próximo, el primero de coalición entre partidos.

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40 años de Constitución y constitucionalismo neocons

Ahora que se celebran con mucha pompa los 40 años de la Constitución Española, conviene recordar que sólo tuvo seis votos en contra en el Congreso, además de 14 abstenciones. De los seis que votaron en contra, cinco eran populares, militantes de Alianza Popular, el partido que se refundó años más con el nombre de Partido Popular. A los populares no les gustaba la Constitución, aunque algunos la aceptaron como mal menor y votaron “sí” a regañadientes. El entonces líder del grupo popular en el Congreso, Manuel Fraga, afirmó: “Nunca me he sentido tan portavoz del entero Grupo, de aquellos que en su conciencia se han visto obligados a decir que no, y aquellos que se han visto obligados a abstenerse”. 

Cuarenta años más tarde, los populares, convertidos de palabra al constitucionalismo, y con el fanatismo propio de todos los conversos, han iniciado una campaña en la que dividen a los miembros de la Cámara baja en quienes son constitucionalistas y quienes no lo son, siguiendo la rancia estrategia de separar a los diputados en buenos y malos españoles. Reviven, de la mano de Ciudadanos, la oscurantista tradición inquisitorial contra los malos cristianos, que reciben ahora el sambenito de “no constitucionalistas”, y que son, claro, los de siempre, los rojos y los separatistas. Se admite en el selecto club constitucionalista a aquellos que, procediendo de las filas “socialistas”, purguen sus pecados originales renegando del “sanchismo”.

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Una dosis de optimismo y dos de resignación

Lanbide ha hecho público un informe sobre la 'Situación del Mercado de Trabajo de las personas jóvenes en la CAE' que alerta sobre la gravísima situación del trabajo juvenil en Euskadi y que contiene unas conclusiones demoledoras, llegando a afirmar expresamente  que estamos "en riesgo de perder a una generación para el empleo". Aun dejando de lado el grave problema de que una parte de nuestra juventud tiene que salir a países extranjeros a buscar un empleo con unas condiciones que se le niegan en su propio país y de la enorme fuga de talento que esto supone, los datos que aporta el informe son desoladores. De los 185.600 vascos menores de 25 años que había hace sólo una década, ahora quedan sólo 163.000. De ellos, más de la cuarta parte -concretamente el 26 %- está en el paro. La mayoría de los restantes, en el trabajo precario.

Quizá no esté de sobra recordar que Lanbide no es una ONG independiente o vinculada a algún grupo de la oposición; que es el servicio de empleo del Gobierno vasco y que, por tanto, sus documentos son documentos oficiales y expresan el análisis de nuestra realidad socio-laboral que hacen los responsables políticos del gobierno. Ellos mismos reconocen que estos hechos, con ser graves en sí mismos, conllevan una gravedad añadida que excede a lo laboral y que impregna todo lo personal, generando en quienes la padecen una sensación de "desánimo" y de "desgaste psicológico" que podría "desembocar en exclusión social" y en un aumento de la "sensación de inutilidad que podría conllevar a elevar los índices de criminalidad…".

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¿Una consulta habilitante?

Es cierto. Has convivido durante casi toda tu vida adulta con gobiernos del PNV, entu Ayuntamiento, en tu Diputación, en Gasteiz. Incluso quien gobernaba en Madrid lo hacía muchas veces gracias a pactos con el PNV. Y tienes razón en que nunca, jamás de los jamases, ni tu ayuntamiento, ni tu diputación, ni tu gobierno te consultaron sobre nada que no tuvieran que consultar por exigencia legal. Donde gobierna el PNV, nunca se pregunta. Ahora dicen que te quieren consultar. Que quieren hacer una “consulta habilitante”.

No te preguntaron sobre las mayores infraestructuras que se construyeron en elpaís. No te consultaron sobre el Tren de Alta Velocidad. Tampoco sobre la supersur, esa carísima autopista que está siempre medio vacía a pesar de que los carteles a la entrada inducen por confusión a entrar en ella. Ni sobre el modelo energético. No te preguntaron si creías que la fiscalidad debía basarse en las rentas del trabajo o si las rentas del capital debían tributar igual. No te consultaron para bajar el Impuesto de sociedades en Euskadi por debajo incluso del tipo español. No te preguntaron en su día sobre las vacaciones fiscales vascas, ni te preguntan hoy sobre las bonificaciones fiscales para algunos inversores extranjeros. Nunca te preguntaron sobre los impuestos con los que tú ibas a mantener sus gobiernos, ni sobre dónde se debía gastar tu dinero. Mucho menos te preguntaron sobre cuestiones como si se debía regular o prohibir tal o cual espectáculo con maltrato animal. Nunca, nada.

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Nacionalismo globalizador... a la vasca

En Europa seguimos hablando de 'Estado Social' haciendo como que no supiéramos que hace décadas ya que se rompió el pacto social de la postguerra. El difícil equilibrio entre Estado y mercado se rompió a favor del último y hoy la política no intenta ya la composición de dos lógicas diferentes, sino que se limita a la legitimación 'a posteriori' de las decisiones que toma el mercado. O mejor dicho, los mercados. Porque los mercados reales tienen muy poco que ver con el modelo plenamente neutral, igualitario y eficiente de la hipótesis liberal, frente a la cual la realidad es la de unos mercados cautivos y distorsionados, no gobernados por ninguna mano invisible, sino por todopoderosos actores privados en connivencia con gobiernos obedientes.

Este modelo de desarrollo conlleva profundos desequilibrios y dosis importantes de descontento ciudadano. Un malestar que es canalizado sabiamente a lo largo y ancho del mundo por numerosos partidos nacionalistas-populistas, que plantean soluciones milagrosas para contentar a los de abajo sin cuestionar los privilegios de los de arriba. La fórmula más habitual consiste en culpar de todos los males a los extranjeros y fomentar el 'orgullo nacional'. Y si se reside en el norte de un continente o de un Estado, también suele funcionar bien acusar de todos los males a los 'vagos e incompetentes del sur'. En Italia, la Liga Norte utiliza las dos estrategias para sacar rédito de enfrentar, dentro de la cadena de la desigualdad y de la precariedad a quienes ocupan los penúltimos eslabones (las clases medias empobrecidas) con quienes se sitúan en los últimos (inmigrantes y sectores marginalizados del sur). La estrategia se completa, al estilo Trump, con un discurso económico proteccionista 'anti-establishment globalizador'.

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