¿Despolitizar la educación?

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”

Probablemente esta curiosa cita del inmortal Groucho Marx será suscrita por más de una persona. Unas lo harán saturadas por el hartazgo que supone la inagotable información sobre la corrupción instalada en nuestro sistema político. Otras, las más puristas, porque con angelical visión pretenden tratar la política como una práctica humana que contamina cualquier cuestión que roza, hasta hacerla inservible; la educación, por ejemplo.

Sin embargo, como nos recuerda el filósofo Daniel Innerarity ('La política en tiempos de la indignación'. Galaxia Gutemberg, 2015), en la Grecia clásica tan sólo los considerados con el término –hoy despectivo- de idiotas eran las personas que no participaban en los asuntos públicos y preferían dedicarse únicamente a sus asuntos privados; es decir, no hacían política. El resto de la comunidad estaba impelida a hacerla, como derecho y deber de ciudadanía.

Desconozco en cuál de estas visiones se encuentra más cómoda la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, pero sus declaraciones públicas no dejan lugar a dudas: no está cerca de quienes vemos en la política una oportunidad de servicio a la comunidad, un espacio de modificación y toma de decisiones que contribuyan a hacer un país, un mundo mejor. Y no se trata de una afirmación gratuita, ni de fijación por la crítica vacía. Veamos.

Llevamos un tiempo leyendo en prensa sus intervenciones, en las que insiste en la necesidad de diálogo y la conveniencia de la negociación para dirimir cuestiones espinosas. (Por tanto, en la necesidad de hacer “política de altura”, que llaman algunos). Nada que objetar a tal razonamiento, si no llevara, como ha resultado al final, una carta marcada que ha supuesto su propia desacreditación: negociar desde la más absoluta desconsideración de la contraparte –los sindicatos-, dialogar con el convencimiento de que sólo sirve la aceptación de lo propuesto por el propio Departamento de Educación. (En eso se convirtió -por ir a un ejemplo reciente- la reunión de la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria, del pasado 4 de mayo).

Hasta llegar a esa convocatoria, algunos/as habíamos interpelado a miembros de la Consejería en la búsqueda de un contenido y un ritmo continuo de negociación, si es que la intención de la Administración era coherente con lo que declaraba públicamente. Cualquiera que haya negociado propuestas, con otra parte sentada enfrente de una mesa, entenderá que hay variables insoslayables que intervienen en ese proceso: tiempo, valentía y voluntad política de querer acordar. De todo ello, la Consejería sólo demostró encontrarse a gusto con la primera variable, la del tiempo. De las otras dos, no hubo noticias.

Seguramente, por ello, ha dejado transcurrir casi seis meses desde la constitución del nuevo gobierno Urkullu, para afrontar el inicio de la negociación, que ha acabado tan pronto como finalizó la reunión aludida, sin oir hablar una palabra de consolidación de empleo, de reducir el elevadísimo índice de interinidad, de recuperar poder adquisitivo perdido, de mejorar condiciones para los y las trabajadoras que se acercan a la jubilación…

Sin embargo, lo más preocupante de esta situación de bloqueo actual es la tergiversación que la propia Consejera hace de ella, ayudada periódicamente por las declaraciones estridentes del portavoz del gobierno y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, el señor Erkoreka, al parecer más interesado en propagar incendios que en ayudar a resituar la negociación.

Primero fue la campaña mediática utilizada por el Departamento de Educación, con la intención de culpabilizar a cuantas personas y sindicatos participamos en las distintas jornadas de huelga en la enseñanza pública vasca (que se explique si no esas declaraciones donde se mezclaban el respeto a la libre decisión de quienes secundaran la convocatoria con la consabida carga emocional arrojada de las terribles y nefastas consecuencias para el alumnado y sus familias por la “pérdida horaria” de clases). En opinión de los integrantes del Gobierno Vasco se trataba de medidas políticas que enturbian el idílico mundo educativo. “Es necesario –decían- que la política salga de la educación”. Y se quedaban tranquilos, satisfechas, probablemente con la sensación embriagadora de creer coincidir con la opinión de miles de personas, que abominan de la política.

¿Qué entiende este Gobierno por “decisiones politicas”? ¿Qué son, entonces, los nombramientos que el lehendakari Urkullu realiza con los miembros de su gobierno, incluida la titular de Educación? ¿En base a qué criterios –seguramente no políticos- selecciona a unas personas del resto de posibles? Cuando la propia Cristina Uriarte confecciona su equipo de trabajo para los asuntos relacionados con la educación, ¿rechaza acaso a cuantas personas tengan un perfil político? ¿Tenemos que entender que su actual equipo gestor toma diariamente decisiones, gestiona problemas y administra una plantilla de trabajadores y trabajadoras de la educación excluyendo las medidas políticas?

Si las respuestas a estas dudas fueran todas afirmativas, las preguntas seguirían agolpándose. ¿Cómo deben llamarse entonces las posturas que adopta la propia Consejería cuando apuesta por potenciar unas medidas sobre otras? ¿Por qué se plantea modificar el cubrimiento de las sustituciones en 2º Bachillerato y no en la ESO o en Primaria?¿Y cuando realiza una convocatoria de OPE (como la actual, la de 2017) por debajo del 100% de las plazas libres por la tasa de reposición? ¿O cuando se decide en esa misma propuesta eliminar las plazas de Formación Profesional inicialmente incluidas? ¿Cómo entender la elección de personas de reconocido prestigio dentro del Consejo Escolar de Euskadi que nombra el propio Departamento? ¿No son decisiones políticas?

¿A quién pretende engañar con estas declaraciones? Desde luego no a una comunidad educativa como la vasca que ha sabido manifestarse en todo momento, con plena lucidez, contra la LOMCE, Heziberri y los recortes aplicados por esta Consejería, sabedora de que así estaba utilizando medidas políticas, con el objetivo de que sirvieran para que cambiasen otras, las adoptadas por partidos políticos.

No podemos estar más en desacuerdo con las afirmaciones de la consejera en este intento de contraponer política y educación. En nuestra opinión, la inmensa mayoría de las decisiones que se toman en el ámbito de un gobierno y de los colectivos y organizaciones afectadas por ellas, son decisiones políticas: las toman personas en puestos de responsabilidad política, elegidas, seleccionadas como asesores o cargos determinados por un partido político concreto.

Y es que así creemos que tiene que ser. Por eso no criminalizamos, ni tan siquiera dudamos de que la politica deba estar detrás de cada una de estas decisiones. Porque como nos recuerda con claridad Josep Ramoneda (op. Cit2), la política es defendible por tres propias razones: ser el único poder al alcance de los que no tienen poder, combatir la fantasía de una sociedad sin política y con un Estado limitado a estrictas funciones de control y vigilancia y, en tercer lugar, conseguir disputar a los poderes económicos su autonomía.

Hay personas que con sus deleznables y punitivos actos alejan a la ciudadanía de la política. También hay otras que, criticando su práctica, buscan demonizar unas decisiones de otras. Aquellas y estas son parte de esa sociedad que ha aceptado vivir de forma democrática. Porque coincidimos con Innerarity, cuando defiende que vivir en democracia es aceptar un espacio donde se desenvuelven con libertad la decepción, la protesta, la desconfianza, la alternativa y la crítica.

Basta, por tanto, de introducir elementos de discordia para intentar desprestigiar las decisiones que las personas adoptamos en nuestra crítica a otras tomadas desde el poder. Desde estas líneas, solicito el mismo respeto para todas y cada una de las decisiones políticas adoptadas, pasadas y futuras. Porque nunca renunciaremos a utilizar la política para conseguir una educación mejor en una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria, aunque ello sea entendido por la Sra. Consejera como una politización de la educación.