El título de este artículo coincide con la consigna difundida por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), sustituyendo en las movilizaciones al “Rajoy dimisión” y “Ni un día más de gobierno del PP”. Es un eslogan que responde al cambio de situación motivado por el relevo gubernamental. Es el lema coreado por el colectivo de pensionistas, mientras se sigue gritando: “Esta batalla la vamos a ganar”.
Produjo asombro al comenzar el año el espontáneo arranque de las concentraciones de pensionistas en Bilbao. Ocho meses después no deja de sorprender su tenacidad y capacidad de convocatoria. No detuvo esa marea el 22 de mayo el acuerdo presupuestario PP – PNV que recogía algunas reivindicaciones de forma parcial y temporal. El 26 de mayo se volvieron a inundar de gente las calles de Bilbao. Tampoco ha frenado las movilizaciones el 4 de julio la entrada en vigor de medidas favorables, pero insuficientes. Ni siquiera sirve como muro de contención el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo para volver a revalorizar las pensiones en función del IPC, siendo esa la demanda frente al mísero incremento del 0,25 %.
El 1 de junio la situación política dio un vuelco inesperado al aprobarse la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a La Moncloa. Para la lucha de los pensionistas la realidad actual tiene dos ejes: 1) las expectativas creadas por un Gobierno que parece dispuesto a garantizar pensiones dignas, 2) superada la amenaza del 0,25 %, pasa a primer plano la exigencia de una pensión mínima de 1.080 €.
El estrepitoso cese de Mariano Rajoy, arrastrando en su caída a la ministra del 0,25%, sitúa al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a Magdalena Valerio, experta en materia de pensiones y comprometida con esa causa. Son acontecimientos que producen satisfacción. Tres días después de triunfar la moción censura, en la concentración del lunes 4 de junio en Bilbao, una de las intervenciones remarcó ese cambio de paradigma:
“Los pensionistas no volveremos a recibir más cartas de Fátima Báñez anunciando miserables subidas de 0,25%. Esa pesadilla se acabó para siempre. Con nuestras movilizaciones hemos contribuido a la caída del gobierno de la corrupción. Se abre un nuevo periodo político. En el discurso de la moción de censura Pedro Sánchez citó expresamente las movilizaciones de pensionistas del País Vasco, pero no sabemos hasta dónde será capaz de llegar. Ignoramos si está en condiciones de asumir el nuevo reto que le vamos a plantear: fijar una pensión mínima de 1.080 euros para cerrar la brecha entre pensiones bajas y altas, y entre mujeres y hombres. A pesar de las mejoras que se van a aplicar, más de tres millones de pensionistas, un tercio del total, seguirán en situación de pobreza. La lucha tiene que continuar, pero la próxima manifestación ante la Delegación del Gobierno no va contra nadie, es para advertir que, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
El partido que gobierna las instituciones vascas cuestiona demandas sociales que afectan a la cuarta parte de la población y son compartidas por un amplio sector de la ciudadanía. El PNV habría acertado si en vez de presentar las mejoras presupuestarias en materia de pensiones como un logro propio adoptase una actitud más humilde, admitiendo que es mérito de las movilizaciones de pensionistas. Pudiendo apuntarse un tanto, erró la táctica, despertando el rencor de mucha gente, arriesgándose incluso a defraudar a parte de su electorado.
Conocido su carácter pragmático e interclasista, sorprende que el PNV descalifique la reivindicación de 1.080 € de pensión mínima. Comenzó la campaña el propio Lehendakari, conforme recogía el titular de Noticias de Gipuzkoa el 8 de mayo: “Urkullu no ve viable las pensiones mínimas de 1.080 euros”. Siguieron otros líderes jeltzales, culminando la acometida un artículo de opinión de Koldo Mediavilla “Ganancia de pescadores” (Deia, 19 de mayo), donde para llevar al absurdo la petición, se preguntaba: “¿Por qué 1.080 y no 1.500?”
La demanda de 1.080 eurs de pensión mínima no procede de un cálculo cabalístico. Se basa en recomendaciones de la Carta Social Europea, se calcula sobre el nivel salarial intermedio, es equivalente al 60% de esa retribución media, su objetivo es evitar la exclusión social de los pensionistas que cobran menos de los 8.200 euros anuales que fijan en el Estado español el umbral de la pobreza. Por tanto, es una aspiración legítima y necesaria. Su viabilidad depende de la voluntad de quienes gobiernan y tienen competencias para aplicarla.
Entre la utopía y la realidad puede haber un abismo o un paso. Caben múltiples ejemplos de utopías hechas realidad: voto de la mujer, jornada de trabajo de ocho horas, sanidad universal, enseñanza gratuita, pensiones públicas. Los derechos hoy reconocidos antaño supusieron una ilusión, un ideal, una utopía. Resulta más fácil conseguir ahora una pensión mínima de 1.080 € que hace un siglo, en 1919, legislar el Retiro Obrero Obligatorio.
Más utópico que reclamar una pensión mínima de 1.080 € es soñar, como hace el PNV, con una Europa federal de las naciones, capaz de superar el modelo del estado decimonónico. Sin embargo, es una aspiración que respetamos y compartimos. Hasta en un acto sobre pensiones convocado en la sede de Sabin Etxea personas vinculadas al PNV se interesaron por la reivindicación de los 1.080 €. Significa que esa cifra se ha convertido en un referente, en un símbolo. Para hacerlo realidad falta un trámite, el de la inequívoca voluntad política.
Sabemos de dónde vienen las suspicacias del PNV hacia dicha reivindicación. Mientras en las concentraciones de pensionistas se reclamaban los 1.080 € a Rajoy, en el Parlamento Vasco la oposición se los demandaba a Urkullu. Algo cabría decir al respecto sobre respeto a los cauces que el colectivo de pensionistas sigue en sus reivindicaciones. Dejaremos ese episodio de lado, este artículo va de aspiraciones sociales, no de cálculos partidistas. En términos políticos apoyar los presupuestos del partido de la corrupción resultaba reprobable, el planteamiento varía en materia de pensiones: era la subida que se reclamaba, aunque sólo durase dos años. O sea, es una mejora insuficiente, pero no negativa. Es más, si no se hubiese aplicado, causaría frustración y angustia entre las personas que sobreviven con pensiones de miseria.
Reprochable es utilizar la mejora limitada de pensiones para intentar frenar las movilizaciones. Ha ocurrido lo contrario: el colectivo de pensionistas encaja sus demandas en los Presupuestos Generales del Estado. Ese triunfo parcial estimula la lucha en defensa de pensiones dignas, representada en los 1.080 euros. También es reprobable la difusión de anónimos y la propagación en las redes sociales de mensajes tendenciosos sobre personas comprometidas con el movimiento de pensionistas que desde la juventud están implicadas en las luchas sociales.
En la moción de censura motivada por la corrupción del PP, el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia expresa a las movilizaciones de pensionistas del País Vasco y se comprometió a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Esto significa que se aleja la pesadilla del 0,25%. A diferencia del PNV, otras formaciones políticas, entre ellas el PSOE, su socio institucional, acuden a las movilizaciones tras la pancarta que proclama la ilusionante utopía de los 1.080 €. Reclamar la presencia del Lehendakari en manifestaciones con motivaciones sociales, en absoluto partidistas, implica reconocer su legitimidad. Verlo de diferente manera supone otro error. El PNV se ha creado un problema desautorizando al movimiento de pensionistas. Si en el corto plazo de 10 días fue capaz de votar a favor y en contra de Rajoy, cabe suponer que cambie de actitud ante nuevos procesos electorales.
Al mejorar las condiciones para alcanzar los objetivos previstos, la situación se vuelve más compleja, varían los posicionamientos. Con el cambio de gobierno el porvenir se torna más esperanzador para los pensionistas. Basta fijarse en las declaraciones de las ministras de Economía y de Trabajo y Seguridad Social. Son partidarias de la revalorización tanto de los salarios como de las pensiones, pero una cuestión es querer y otra poder. El nuevo Gobierno advierte que no tomará decisiones por decreto como el PP, se basará en las recomendaciones del Pacto de Toledo y en los acuerdos entre asociaciones patronales y sindicatos.
Puede que los sindicatos vean la ocasión propicia para desvincularse de las plataformas de pensionistas, disponiéndose a negociar sin trabas asamblearias. Está por ver si los sindicatos defienden con firmeza la pensión mínima de 1.080 € que hoy asumen. Por otra parte, comienzan a aflorar demandas nacionalistas en el ámbito laboral y de las pensiones, pudiendo generar un efecto disgregador del movimiento. En esa línea va la demanda de la transferencia de la gestión de la seguridad social que el Gobierno Vasco reclama al Gobierno Central.
El 0,25% representaba una afrenta, por eso el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se convirtió en argumento irrebatible. Las mejoras porcentuales intensifican las desigualdades. El incremento del 1,6% de una pensión máxima duplica la subida del 3% de la pensión mínima. Dicha constatación lleva a reclamar, como ocurre con los salarios, mejoras lineales. La pensión mínima de 1.080 euros tiene carácter solidario y conjuntamente con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional favorece un reparto más equitativo de la riqueza. El acuerdo entre sindicatos y patronal que el 5 de julio fijó un SMI de 1.000 €, facilita el objetivo de equiparar ambas retribuciones.
El movimiento de pensionistas tiene poder de convocatoria real, pero carece de la capacidad de interlocución legal de los sindicatos. Este dilema, frecuente en la historia del movimiento obrero, se reproduce en la defensa de las pensiones públicas. Las experiencias y los resultados son desiguales. Mientras en la generalidad de los territorios falta sintonía, una de las claves del éxito del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia es la unidad en la pluralidad, de tal modo que en las movilizaciones no aparecen símbolos partidistas ni sindicales.
El PNV reclama a Pedro Sánchez transferir competencias pendientes, destacando la seguridad social. Si se trata de la gestión administrativa, sin cuestionar el alcance global y solidario de la “caja única de las pensiones”, no hay motivos para plantear objeciones. Otra cuestión es que a través de esa operación se intenta expandir, todavía más, las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), modelo autóctono de pensiones privadas instaurado con aval sindical en instituciones y empresas públicas dependientes de la administración autonómica.
Destacados dirigentes del PNV, entre ellos el Lehendakari Urkullu, están desvelando que su proyecto soberanista en materia de protección social pasa por las EPSV. La iniciativa la tomó el Diputado General de Bizkaia con una propuesta que el 26 de julio resumía el diario Deia con este titular: “Rementeria aboga por impulsar una EPSV para todos los trabajadores de Bizkaia”.
La respuesta ha sido inmediata, tanto en las concentraciones de pensionistas como desde sus asociaciones. La Coordinadora Estatal rechaza desde Bizkaia dicha iniciativa en estos términos: El modelo social del PNV socava el Sistema Público de Pensiones con las EPSV“. Incluso el sindicato nacionalista ELA, que forma parte de las comisiones gestoras de las EPSV, desautoriza el proyecto con rotundidad: ”ELA desea llamar la atención sobre un hecho. Desgraciadamente, la prioridad de cada vez más personas que tienen empleo no es contratar una EPSV; es llegar a fin de mes con un mínimo de dignidad.“
De modo que la oposición a las EPSV de empleo, modelo promovido desde las instituciones que gestiona el PNV como alternativa al sistema público de pensiones, marca una nueva línea de confrontación del partido jeltzale con el movimiento de pensionistas.
En julio no se paralizaron la mayoría de las concentraciones ante los ayuntamientos del País Vasco. Al contrario, se refuerzan convirtiendo las fiestas veraniegas en espacios reivindicativos. Concretamente en Bilbao, el 20 de agosto, lunes de la Aste Nagusia (semana grande), habrá una nueva manifestación, contando con el apoyo de la Coordinadora de Comparsas y de otros colectivos sociales. También se han celebrado actividades reivindicativas durante las fiestas patronales en diversos municipios de Bizkaia, entre ellos Barakaldo y Santurtzi.
En algunas localidades se ha decidido que las concentraciones proseguirán todo el verano. Es caso de Bilbao, referente esencial del movimiento de pensionistas. Pese a bajar la participación se mantiene la cita de los lunes, en la perspectiva de reactivar las movilizaciones a comienzos de setiembre. Además, la gente que sale de vacaciones lleva el compromiso de apoyar las acciones de pensionistas en los lugares de veraneo.
Abundan las pruebas de la vitalidad del movimiento de pensionistas, sobre todo en el País Vasco, más en concreto en Bizkaia. Lo evidencia la presencia en las concentraciones de Bilbao de pensionistas de otras zonas; por ejemplo, Sevilla y Madrid. Desde Asturias y La Rioja se anuncia la participación en la manifestación del 20 de agosto. Junto a la problemática general se plantean reivindicaciones de sectores específicos, como la asistencia domiciliaria o el colectivo afectado por la penalización de las jubilaciones anticipadas. Toma auge el rechazo a los fondos de pensiones privados y sus beneficios fiscales. Hay otras actuaciones, como las movilizaciones contra el intento de demoler el centro de pensionistas Romo (Getxo).
El movimiento de pensionistas mantiene su fuerza y arraigo. Acudir a las concentraciones se convierte en una tarea más para quienes tiempos atrás adquirieron el hábito de la disciplina laboral. Se ha tomado conciencia de que lograr pensiones dignas requiere una lucha firme y prolongada. Las acciones en la calle prosiguen, mientras se va acercando la hora de defender las pensiones en las urnas. Por eso, en las concentraciones se recaudan fondos para cubrir gastos de megafonía, pancartas o cartelería. Basta aportar menos de un euro por persona para crear un fondo económico que recuerda las cajas de resistencia de antaño. En definitiva, gobierne quien gobierne y negocie quien negocie, las pensiones se defienden.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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