Sin contar VISESA y Alokabide, el presupuesto 2020 del Gobierno Vasco para políticas de vivienda es de poco más de un euro por cada cien. 151,6 millones de euros. Un 0,19 % del PIB, muy lejos del 0,32 % del PIB que según EUSTAT se dedicaba hace diez años (217,4 millones). Recursos paupérrimos para hacer frente a una emergencia habitacional que desde el Gobierno se quiere ocultar. El II Informe FOESSA sobre la exclusión social es inapelable. Casi uno de cada cuatro vascos tiene dificultad para acceder a una vivienda digna. 50.000 hogares son insalubres y en 25.000 hay hacinamiento. Por otra parte, 233.000 personas viven en pisos con gastos excesivos que no pueden pagar.
A pesar de la propaganda, la cruda realidad es que los objetivos del Gobierno vasco en materia de vivienda se incumplen de forma sistemática. Estaba previsto desarrollar este año diez aspectos de la Ley de Vivienda Vasca pero, después de cuatro años, ni siquiera se han aprobado los dos reglamentos más importantes; el que debe regular el derecho subjetivo y el de viviendas deshabitadas.
De las 5.226 personas a quienes se ha reconocido el derecho subjetivo, una clara minoría de los destinatarios de la ley, sólo a un 15 % (799) se les ha asignado una vivienda de alquiler social. A otro 15 % (774) se les da la Prestación Económica de Vivienda (PEV), 250 euros mes para alquiler privado, una cuantía congelada desde hace años, a pesar del aumento de los alquileres privados, y sin tener en cuenta la unidad familiar ni la renta a pagar. Al 70% restante, se les dice que quedan en lista preferente para ocupar una vivienda inexistente, y no se les ofrece la PEV porque ya están percibiendo otro tipo de prestación de vivienda que no exige llevar cuatro años inscrito en Etxebide.
El año pasado, 25.838 unidades familiares percibían la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), y 7.589 las Ayudas de Emergencia Social (AES). Los mismos 250 euros. El resultado es que más de 34.000 hogares vulnerables viven de alquiler privado, con una ayuda insuficiente y necesidades crecientes. Como consecuencia, aumentan las familias que dedican la mitad de sus ingresos a gastos de vivienda, y los desahucios por impago de alquiler, sin alternativa habitacional, y con los servicios municipales y forales de urgencia desbordados.
En Etxebide hay actualmente 52.000 personas inscritas en demanda de alquiler, las mismas que había en 2013, cuando el Gobierno Vasco excluyó clandestinamente a miles por no haber renovado sus datos, sin avisarles personalmente como era su obligación. Según el Informe de Necesidades de Acceso y Cambio de Vivienda 2018, hay 84.082 personas que necesitan acceder a una primera vivienda, y tres de cada cuatro; o no tienen ingresos o los tienen insuficientes e irregulares.
El parque de gestión pública de viviendas es de 22.700 de alquiler protegido, con una renta media de 319 euros. De ellas, Alokabide gestiona 13.077, de las cuales 5.325 son de particulares captadas a través del programa BIZIGUNE, las mismas que había en 2013. Otras 263 son viviendas libres del programa ASAP. El resto son viviendas municipales en Bizkaia y Gipuzkoa. Nuevamente, el Gobierno Vasco plantea como objetivo para 2.020 captar hasta 6.000 viviendas en BIZIGUNE y 600 en ASAP, y nos tememos un nuevo fracaso.
Mientras tanto, las 20.000 viviendas construidas en derecho de superficie, es decir con suelo público cedido gratis, y que debían revertir al parque público a los 75 años, se han ido privatizando para hacer caja. Los próximos años, 22.146 viviendas VPO (32%), dejarán de ser protegidas, y miles de viviendas VPO de alquiler privado, como las de Benta Berri, Intxaurondo o Vitalquiler, podrán cambiar de uso y dejarán de tener alquiler tasado. Añadamos que 76.286 viviendas necesitan rehabilitarse, por accesibilidad o eficiencia energética, que 75.970 hogares necesitan cambiar de vivienda; por tamaño inadecuado, mal estado, o elevado precio de la renta de alquiler (ENYDVE).
Por eso es necesario que los recursos del Departamento de Vivienda se incrementen urgentemente, hasta llegar al 1% del PIB, tal y como recomiendan todos los expertos, y es necesaria una reforma fiscal a fondo, porque estamos subvencionando con 300 M euros, más del doble del presupuesto, la compra de vivienda, que beneficia a las rentas altas. Hay que dedicar recursos para frenar la especulación, y ampliar el parque de alquiler público, que apenas llega al 2% frente a la media del 15% en Europa. Hay que movilizar la vivienda vacía, y hay que hacerlo ya, y limitar el precio de los alquileres por ley. Y, sobre todo, coordinación interinstitucional y participación social real.
El Manifiesto habitacional de medidas urgentes ante la emergencia habitacional, presentado en abril por Stop Desahucios Euskadi, recoge las alternativas para que se respete la vivienda como un derecho fundamental que se debe garantizar a todas las personas, especialmente a las más vulnerables.
*José Arturo Val del Olmo es miembro de la Comisión de Vivienda de Stop Desahucios Euskadi
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