El Constitucional inadmite la cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles de euskera en la Administración vasca
El Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con las exigencias de euskera de la antigua redacción de la normativa autonómica de empleo público, de 2022. Según ha informado 'Gara' y ha comprobado este periódico, la decisión se adoptó el 23 de junio y no se había hecho pública.
El inciso recurrido decía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. Sin embargo, hace apenas unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una reforma de esa ley de empleo público para modificar lo relativo a las exigencias idiomáticas precisamente por la judicialización de las convocatorias. Se eliminaron los índices generales para fijar el porcentaje de plazas perfiladas dando autonomía a cada institución convocante. Era una propuesta del PNV, el socio de Gobierno, el PSE-EE, la rechazó, pero salió adelante merced a la abstención de EH Bildu.
En una primera valoración, fuentes del Gobierno vasco han indicado sobre la resolución del Constitucional que “a falta de comunicación oficial” y “a la espera de conocer en profundidad la fundamentación jurídica del auto”, esta decisión del Tribunal Constitucional “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. “Se trata, por tanto, de una noticia positiva, ya que el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox”, abundan. Los 'populares', en todo caso, manifestaron su deseo de recurrir la reforma recién aprobada.
Según el Ejecutivo, “la modificación aprobada recientemente en el Parlamento responde precisamente a la necesidad de ofrecer una solución a la inseguridad jurídica existente en relación con dichas convocatorias”. “La reforma aprobada establece tres criterios para determinar los perfiles lingüísticos con criterios de proporcionalidad. Estos criterios se inspiran en la doctrina y la jurisprudencia desarrolladas hasta la fecha en esta materia, la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, así como la planificación y los objetivos de normalización lingüística de cada administración y un modelo que ofrece mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”, opina el Gobierno de Imanol Pradales.
“Hoy contamos con una buena noticias: quedan preservadas las bases del modelo lingüístico de las administraciones públicas vascas; y además el Parlamento ha aprobado una modificación de ley para dotar de más seguridad jurídica sin más exigencias”, abundan estas fuentes oficiales.
Desde EH Bildu también lo ven como una “muy buena noticia”. “Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua”, ha dicho el parlamentario Josu Aztiria. Sin embargo, a la vez entiende que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”. “Seguiremos trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”, compromete la coalición abertzale.