¿Qué ha pasado con los principales acusados en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi? Se han cumplido diez años del inicio de la investigación –en diciembre de 2009 denunció la empresaria Ainhoa Alberdi– y en unos pocos días –el 17 de diciembre– la Audiencia Provincial de Álava hará pública la sentencia de un juicio que se celebró a lo largo de todo 2018. ¿Cómo han sido estos años? La denunciante ha revelado el precio de dar el paso de acudir a la Justicia: “Se han vengado de mí hasta hoy”. Tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería encabezan la nómina de 26 procesados por compartir una sociedad aparentemente utilizada para camuflar comisiones ilegales, Kataia Consulting, que estaba a nombre de las esposas de los tres. Así han sido sus últimos años.
Detenido el 17 de marzo de 2010, quien todos conocen como Txitxo se vio despojado de su cartera de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación de Álava al día siguiente. El ex 'número dos' del PNV de Álava también perdió la vicepresidencia de la Caja Vital. Más costó que se desprendiera de su carné del PNV. Lo hizo ya en 2011 de la mano de Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y con un comunicado amenazante: “Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia”. Un miembro destacado de la formación, el presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, siempre le ha mostrado su apoyo.
Cronología del 'caso De Miguel'
El principal acusado no ha tenido problemas para continuar con su carrera profesional a pesar de su imputación. Tenía dos plazas reservadas en la Administración pública fruto de sendas excedencias en puestos a los que accedió 'a dedo'. La primera la tenía en Sprilur, en los Industrialdeak, donde trabajaba antes de ser nombrado responsable foral de Urbanismo por Xabier Agirre en 2007. Y la segunda en IKT, sociedad pública autonómica rebautizada actualmente como Hazi y que cuelga igualmente del área de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. De Miguel se incorporó a esta entidad en 2000, cuando fue nombrado ‘número dos’ del partido en Álava y dejó de estar liberado en EGI.
En los Industrialdeak no fue readmitido y cobró una indemnización de 22.000 euros. Pero sí se reincorporó a IKT en la primavera de 2010 (el 22 de abril), sólo que para entregar un parte de baja laboral a los pocos días (26 de abril). La incapacidad temporal se prolongó en el tiempo (hasta el 28 de febrero del siguiente) y la Seguridad Social llegó a abrir una investigación. En 2012 estuvo otros siete meses de baja laboral.
En cuanto al papel de Txitxo en Hazi, su amigo y jefe Asier Arrese explicó en 2014 en el Parlamento que estaba adscrito al área de Informática, pero en realidad desarrollaba sus funciones para la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Rural y Litoral. En 2018, mientras se celebraba el juicio, Txitxo era uno más en Hazi. Algunas fuentes mostraban su sorpresa por el hecho de que, mientras estaba sentado en el banquillo, el interlocutor del Gobierno vasco en algunos asuntos relacionados con el primer sector fuese una persona que se enfrenta a muchos años de cárcel por estar implicado, presuntamente, en hasta 21 delitos de corrupción. Otros conocidos expolíticos del PNV tienen también una plaza fija en esta sociedad pública, entre otros el que fuera presidente del PNV en Álava en la etapa de De Miguel, Ochandiano y Tellería, Iñaki Gerenabarrena.
De Miguel, eso sí, dejó Vitoria tras estallar el caso. Reside ahora en Gorliz, en una vivienda de la familia de su esposa cuya reforma abonó un empresario llamado Prudencio Hierro, también imputado en la causa y que confesó que así lo hizo, si bien lo rebajó a un trapicheo menor para que el político se ahorrara el IVA. Su última aparición pública fue una visita al tanatorio para acompañar a la familia de Xabier Arzalluz, uno de sus valedores, tras su fallecimiento a principios de este 2019. Dentro coincidió con algunos excompañeros en el PNV, que no ocultaron su sorpresa.
Según su abogado, Gonzalo Susaeta, no ha sido una década sencilla para Txitxo y para su esposa, igualmente procesada. “Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas –denunciadas a la Policía–, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, …”, explicó en el juicio.
El también exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano trabaja de nuevo en 2019 como contable en el parque tecnológico de Miñano. Ochandiano ocupó también ese puesto en 2008 y 2009, justamente cuando se produjeron los hechos que motivaron la investigación judicial ya que la empresaria que gestionaba la ampliación de los terrenos del parque tecnológico, Ainhoa Alberdi,denunció que se le intentó cobrar una comisión de 100.000 euros por ese contrato.
Ochandiano, contable de profesión y quien gestionaba la organización de actos para campañas electorales en el PNV alavés, desempeñó un papel fundamental en la creación de Kataia Consulting y del resto de empresas relacionadas con el caso y que aparentemente fueron utilizadas como pantalla para cobrar comisiones ilegales. En el camarote de su casa familiar apareció un cuaderno manuscrito en el que tenía anotados movimientos de la trama. Es quizás la prueba más importante de todo el caso, puesto que en él había alusiones a comisiones y a dinero negro.
Siendo contable de Miñano, Ochandiano lidió con la liquidación del contrato de Alberdi mientras, en sus palabras, ella vivía una negociación “paralela” por la comisión que se le había solicitado. La denunciante interpretó que las dificultades que encontró en ese proceso tenían que ver con el hecho de que Ochandiano compartía intereses económicos con De Miguel. El ahora imputado ingresó al parque tecnológico –una sociedad pública– habiendo superado un proceso de selección a través de la firma Campo & Ochandiano –sin relación de parentesco con él–,algo enormemente habitual en los entes adscritos al Gobierno vasco.
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Aunque aparentemente su puesto no tenía ningún tipo de vinculación política, Ochandiano abandonó el parque en 2009 coincidiendo con la llegada del PSE-EE al Gobierno vasco y la salida del también 'jeltzale' Alfonso Arriola de la gerencia, a pesar de los esfuerzos de De Miguel. Quien antes había ocupado otras responsabilidades de segundo nivel en la Administración –como en Osakidetza o en el Instituto Foral de Bienestar Social de Álava– logró un empleo de consultor en la asesoría del dirigente del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola (Betean). Abandonó Miñano con una excedencia de cuatro años.
En 2013, expirada la excedencia y en medio del sumario por corrupción, Ochandiano se dirigió a la Administración para recuperar su plaza, pero no había una vacante ajustada a sus características. Fue pasando el tiempo y, tras varios intentos, llegó 2017 y, en vísperas de que se iniciase el juicio, la red de parques le ofreció una plaza en el parque tecnológico de Bizkaia, en Zamudio. Posteriormente, saltó de Zamudio a Miñano a finales de 2018, según las fuentes consultadas. Desempeña funciones técnicas en el área económico-financiera pero no tiene poderes de contratación. Es el propio gerente del parque, Patxi Márquez, el que lidera ese departamento y del que depende Ochandiano. En determinados sectores del parque tecnológico su regreso causó extrañeza, más teniendo en cuenta que tuvo lugar coincidiendo con el macrojuicio por corrupción del que fue uno de los principales protagonistas.
En Miñano ejerce también como directora técnica otra de las imputadas en el caso, Miren Lourdes Bilbao, aunque en su caso sigue en el mismo puesto técnico que tenía en el momento de los hechos. En cuanto a Arriola, ya había dejado Miñano cuando estalló el caso y ocupaba un puesto de asesor en el Tribunal de Cuentas. Quien fue directivo del Deportivo Alavés, fue despojado del cargo de confianza y se reincorporó a su plaza de funcionario en el Gobierno vasco.
La década de este exdirigente ha sido más azarosa porque, en paralelo al 'caso De Miguel', se enfrentó a otra investigación acusado de haber conformado junto a dos agentes de los servicios de información de la Ertzaintza cercanos al PNV un sistema de espionaje para obtener información de rivales políticos o empresarios. Aquel caso acabó con la absolución de los tres por falta de pruebas. La sentencia se conoció en 2013. Tellería, en 2010, ocupaba también un puesto en una sociedad pública (Ceia) dentro del parque de Miñano. Tras conocerse el 'caso De Miguel' fue despedido, entonces ya con el PSE-EE al frente del Gobierno vasco. Ha estado trabajando en el sector privado.
Su esposa, Araceli Bajo, manifestó su malestar por la investigación. “Todo el mundo cuchichea, te pone caras raras. Es un auténtico infierno”, dijo en el juicio para añadir que su vida y la de su marido habían dado “un giro de 360 grados” por este causa, que es tanto como decir que nada cambió para ellos. Ella defiende con firmeza la inocencia de su esposo: “Primero de todo, no sería mi marido. No se lo hubiera permitido. Después de 30 años lo conozco perfectamente y Aitor no es una persona de coaccionar. Ese tipo de cosas no van con él”.
Otro de los protagonistas del 'caso De Miguel' es el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe como lehendakari y Miren Azkarate como consejera, Xabier Sánchez Robles. De su oficina salieron contratos 'a dedo' a las empresas de sus amigos De Miguel e Iñaki San Juan. En algunos casos incluso no hay constancia que se realizaran los trabajos encargados. Sánchez Robles, defendido por el penalista Javier Beramendi, presentó en el juicio los documentos sellados que acreditarían la falsedad de esas acusaciones, pero lo que se sospecha es que en verdad lo falso sean esas supuestas pruebas de descargo. Alegó que se las había facilitado alguien de dentro.
Una testigo dijo también que en estos años había tratado de presionarla. Oro Ochoa de Eribe, que trabajó como funcionaria-jefa en Juventud, reveló que recibió en 2011 una llamada telefónica en su puesto de trabajo en la Administración. Era Sánchez Robles y le ofrecía su colaboración para ayudarle a preparar la comparecencia ante el Parlamento, que celebró una comisión de investigación sobre este asunto. Aparentemente, le aseguró que tenía posibilidad de facilitarle las preguntas que se le iban a hacer. “Sé que vas a ir al Parlamento y yo te puedo ayudar”, contó Ochoa de Eribe que le dijo el que fuera director de Juventud, entonces ya imputado. “Y yo le dije que no se comunicara conmigo nunca más”, remachó.
Sánchez Robles es funcionario en la Diputación de Bizkaia y se desconoce si el partido le retiró el carné. Su hermana (Isabel Sánchez Robles) y su esposa (Josune Gorospe) han ocupado en estos años importantes cargos públicos en la Diputación, en el Parlamento y en el Congreso. La segunda es actualmente diputada.
Las adjudicaciones de Sánchez Robles las firmaba su superior jerárquico, el viceconsejero Gurutz Larrañaga, ya jubilado y alejado de toda actividad pública. Larrañaga ha seguido una estrategia de defensa muy diferente a la del resto de acusados. En el juicio, fue el primer imputado en responder a todas preguntas. “Lo hago primero porque no tengo nada que ocultar y segundo por mi deber de cargo público. Lo considero un deber”, manifestó para asegurar que la responsabilidad de esos contratos era “del director”.
Con un punto de valentía y otro de socarronería, Josu Arruti rompió la norma no escrita entre los acusados del 'caso De Miguel' durante años –negarlo todo y acusar al fiscal de todo tipo de tropelías– y confesó. Años después del inició de la investigación, confesó que una operación urbanística en Zambrana valorada en 65 millones había comisiones ilegales e incriminó a De Miguel. También admitió que cometió delitos fiscales por ocultar ingresos a Hacienda, extremo refrendado por la propia Diputación de Bizkaia (controlada por el PNV).
Antes de que acabara el juicio, en noviembre de 2018, la familia Arruti –está imputado su padre, su hermana y un cuñado– ya había devuelto el dinero (y con intereses) para resarcir el daño causado a las arcas públicas. Puso sobre la mesa 130.000 como gesto de arrepentimiento y buena voluntad. Para lograrlo, Arruti había ahorrado los beneficios de un negocio familiar que han puesto en marcha: un humilde bingo en Bizkaia. La familia Arruti comparte equipo jurídico con la hermana de De Miguel, Aintzane, imputada como contable de la red de empresas que controlaba el político. Ella también tenía un preacuerdo con la Fiscalía para reconocer ciertos hechos a cambio de una rebaja de condena. Pero se bajó del carro en el último momento.
Iñaki San Juan era el administrador de la empresa Errexal, que recibió contratos aparentemente irregulares y 'a dedo' del área de Juventud que dirigía Xabier Sánchez Robles y compartía sede y contabilidad con Kataia Consulting, la sociedad clave del caso. Errexal nunca ha dejado de existir, si bien con un sutil cambio de nombre para minimizar la publicidad negativa de la investigación judicial. La compañía se llama hora Perexila y se dedica a lo mismo, una consultora y promotora cultural. En el juicio, este exconcejal nacionalista se felicitó de estar recibiendo contratos “con total naturalidad” de la Administración a pesar de la “magnífica publicidad” negativa que para él ha supuesto el 'caso De Miguel'. “Para mi alegría, en este 2018 hemos empezado a trabajar otra vez en Juventud”, ha manifestado San Juan, que ha indicado que facturarán por estos servicios “del orden de 30.000 euros”. Ha sido subcontratada también por la compañía Montai, dirigida por un cuadro del PNV, Aitor Elorza, para algunos trabajos. Elorza –que también ha recibido contratos de Juventud– fue propuesto por las defensas de los imputados para garantizar que todas las contrataciones eran ajustadas a la legalidad.
En cuanto a Sergio Fernández Oleaga, quien consideraba a Txitxo su “padrino”, ha seguido obteniendo contratos con Stoa en esta década. Según los datos del registro vasco de contratos (que no tienen por qué ser exhaustivos), en los últimos años han sido once las adjudicaciones –todas de entidades locales de Álava– por un valor total de 485.270 euros. Se da la circunstancia de que en la actualidad el parque tecnológico de Miñano, ante la demanda de grandes firmas por instalarse en Álava, ha reactivado el proyecto de ampliación iniciado por Alberdi y cuya segunda fase recayó en Stoa en un contrato bajo sospecha. Mientras se celebraba el juicio, en los documentos presentados Fernández Oleaga firmaba nuevos documentos. La oposición, en el Ayuntamiento, en las Juntas Generales de Álava y en el Parlamento, ha criticado duramente esta circunstancia en estos meses.
En este periódico te hemos ofrecido la cobertura más amplia del 'caso De Miguel': https://www.eldiario.es/temas/caso_de_miguel/
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