Los Gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para la transferencia a Euskadi de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, de las oficinas del SEPE (el antiguo Inem), de sus funcionarios y, particularmente, de la tramitación tanto de las prestaciones de desempleo como de los subsidios de paro. La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, dice no tener una “bola de cristal” para adivinar el futuro pero ha partido ya a Madrid para mantener una última reunión en la que cerrar los flecos pendientes desde julio en esta materia.
El PNV arrancó a Pedro Sánchez, a cambio de apoyarle en la última investidura, en 2023, un acuerdo para cerrar en 2025 todos los traspasos pendientes del Estatuto de 1979, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Es una materia no cedida nunca a ninguna comunidad autónoma. En julio, en un encuentro bilateral entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, se inició ese proceso con acuerdos en torno a un primer bloque de prestaciones más simbólicas que de relevancia. El PNV se quejó de que la parte de Sumar del Ejecutivo central había impedido un acuerdo mayor en torno a las materias que caen en cartera de Yolanda Díaz, las del SEPE, hasta el punto de pedir Pradales a Sánchez, en La Moncloa, un poco de “orden” en su gabinete.
Euskadi ya recibió en 2011 las denominadas políticas activas de empleo, es decir, la parte del antiguo Inem dedicada a formación, colocación y asesoramiento de parados. De hecho, el SEPE opera ahora en Euskadi en espacios compartidos con el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Ahora se completaría aquello con las políticas pasivas, las relacionadas con la Seguridad Social. “El traspaso técnicamente es posible. Esperamos que mañana se pueda lograr un acuerdo”, ha señalado a los periodistas aún en Vitoria Ubarretxena, que ha puesto en valor el “trabajo previo” de cocina para tener esas sensaciones positivas antes de la reunión clave. De hecho, ha indicado que se ha logrado encauzar las diferencias que había con las diferentes “sensibilidades” de la coalición Sumar, sin más concreciones.
El Ejecutivo autonómico, eso sí, deja claro que no aceptará acuerdos incompletos. Y también puntualiza que al minuto siguiente de firmar el traspaso del SEPE se pondrá ya con los siguientes bloques para completar la gestión de la Seguridad Social hasta llegar al traspaso de la tramitación de las pensiones. La Constitución y el Estatuto dejan claro que la regulación de las cuantías y reglamentos seguirá siendo competencia del Estado y que no se puede romper el principio de caja única y solidaridad interterritorial.
De lograrse un acuerdo, el lehendakari Pradales podrá presentarse ante el pleno de política general previsto para este jueves en el Parlamento con la medalla de haber arrancado al Estado estas competencias. Símbolicamente, en lo que va de año cada arranque de trimestre ha estado acompañado de una novedad en este sentido. El 1 de enero fueron las Cercanías de Renfe, el 1 de abril la gestión de costas y del litoral y el 1 de julio los permisos de trabajo de extranjeros, por ejemplo. Como adelantó este periódico, Euskadi aspira también a lograr un modelo de gestión compartida de los aeropuertos de Aena.