La magistrada María Eneida Arbaizar Fernández, titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria, ha acordado la apertura de juicio oral contra un hombre, voluntario de una asociación, Apasos, que trabaja con la perrera municipal. Se le acusa de varios delitos de abusos sexuales según la normativa anterior y coacciones contra algunas de sus compañeras. Se enfrenta a una petición por parte de la acusación particular de hasta 44 años de prisión, aunque serían nueve de cumplimiento efectivo, pues la condena no puede exceder el triple de la más grave. Mientras tanto, según 'El Correo', el acusado se encuentra en prisión desde 2022, cumpliendo una condena de seis años por agresión sexual a su expareja.
La Fiscalía, que ve viable que se alcance un acuerdo con el acusado siempre y cuando reconozca los hechos, pide prisión de cinco años y medio (de cumplimiento íntegro) por tres delitos de abuso sexual, uno de ellos “continuado”, además de una multa de 6.300 euros por delitos también “continuados” de coacciones. Por su parte, la acusación particular, que representa a algunas de las víctimas, considera que los hechos serían constitutivos de nueve delitos de abusos sexuales (tres años de prisión por cada uno), seis continuados de coacciones (dos años y medio por cada uno) y uno de coacciones a la única persona implicada que no es una mujer (dos años de prisión). Las indemnizaciones oscilan entre los 10.600 euros de la Fiscalía y la petición de hasta 54.000 euros de las propias víctimas, que son ocho y siete de ellas personadas.
En el escrito de la acusación particular, se solicitaba que el Ayuntamiento, como dueño de las instalaciones en las que el empleado habría cometido los delitos, respondiera en el juicio con carácter de responsable civil subsidiario. Así lo dispone la magistrada en su auto, de manera que el Consistorio habrá de prestar fianza por 10.600 euros para garantizar que se cumple con la responsabilidad civil en caso de condena.
Apasos es la Asociación Protectora de Animales. Fundada en 2004, se dedica, entre otras labores, a recoger animales abandonados en la vía pública, a gestionar casos de acogida, a dotar de atención veterinaria y cuidados cuando sea necesario, al cuidado de animales y a la concienciación de la sociedad. Permite, asimismo, la opción de apadrinar animales. Funciona gracias a voluntarios que dedican su tiempo libre a colaborar, ya sea trabajando con animales o poniendo su casa a disposición como lugar de acogida.
El acusado, como recoge el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, era voluntario de Apasos (la Asociación Protectora de Animales), que colaboraba con el Ayuntamiento de Vitoria para brindar atención a animales acogidos en su Centro de Protección Animal (CPA). Comenzó a trabajar para este centro en 2018 y, además de voluntario, fue también contratado en varias ocasiones por el Ayuntamiento. Fue en aquellas inslataciones en las que coincidió con otras trabajadoras, que fueron víctimas de las acciones que el acusado habría supuestamente cometido. Dice la Fiscalía que “el acusado, actuando con la intención de imponer su voluntad [...], les impidió con frecuencia desarrollar tareas que hasta ese momento venían realizando, incluso acceder a determinadas estancias o a las propias instalaciones del CPA, empleando para ello, en multitud de ocasiones, gritos, expresiones vejatorias, seguimientos por el recinto o, incluso, en alguna ocasión, portazos o golpes al mobiliario”.
Se describen en el escrito de acusación de la Fiscalía varios episodios concretos. A una de estas colegas se aproximó, “diciéndole que le gustaba su perfume, oliéndole el pelo, o dirigiéndose a ella con expresiones como 'guapa, ¿dónde vas?', 'ya me gustaría irme contigo también a casa'”. A otra de ellas se dirigió “con expresiones como '¿tienes novio?', '¿te tiene contenta?', 'ya me gustaría tener la cabeza apoyada ahí' (refiriéndose al pecho de [ella]), 'tía buena'”. También, se recoge, “levantó la camiseta de [una de ellas], tratando de descubrir su ropa interior y, seguidamente, se abalanzó sobre ella, tratando de besarla en la boca, sin lograrlo, ya que [ella] logró zafarse del acusado y abandonar el lugar”. Se describen, asimismo, tocamientos y caricias y soplidos no consentidos.
La Fiscalía recoge que estos hechos condujeron a siete mujeres a dejar de acudir al centro o a acudir siempre con compañía o cuando sabían que no iban a tener que quedarse a solas con el acusado. Por estos hechos, se le imputan al acusado siete delitos leves continuados de coacciones (con petición de una pena de multa de tres meses por cada uno de ellos), dos de abuso sexual (prisión de un año y seis meses por cada uno) y uno continuado de abuso sexual (prisión de dos años y seis meses). Además, se hace una petición de indemnizaciones por responsabilidad civil que, sumadas las de todas las víctimas, asciende a los 10.600 euros. Esos 10.600 euros serán la cantidad de fianza que se ha determinado que el acusado habrá de prestar. En cualquier caso, el Ministerio Fiscal “estima probable alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensa”, lo que evitaría el juicio.
La acusación particular, que representa a siete de las víctimas, recoge en su propio escrito de acusación algunos de los hechos descritos por la Fiscalía. “Comenzó a tener una conducta de acercamiento sexual hacia algunas voluntarias, quienes de una forma u otra rechazaron los tocamientos y las expresiones de contenido sexual que [él] les profería”, asegura.
Entiende la acusación particular que los hechos que describe serían constitutivos de nueve delitos de abusos sexuales (pide tres años de prisión por cada uno de ellos y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de cada una de las víctimas), seis continuados de coacciones (dos años y seis meses de prisión por cada uno e igualmente medidas de libertad vigilada y alejamiento posterior) y uno de coacciones (dos años de prisión con similares medidas posteriores). La acusación particular eleva a 54.000 euros la petición de indemnización a las víctimas por daños morales. “Por ser el titular del establecimiento o perrera donde un empleado suyo (el acusado) cometió todos los delitos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz responde con carácter subsidiario del abono de la responsabilidad civil mencionada”, recoge el escrito.
El auto de la magistrada María Eneida Arbaizar Fernández dispone la apertura del juicio oral contra el acusado. Cuenta con dos fechas, una de abril y otra de agosto. El juicio será o bien por siete delitos leves continuados de coacciones, dos de abuso sexual y uno continuado de abuso sexual o bien, alternativamente, por nueve delitos de abusos sexuales, seis continuados de coacciones y uno de coacciones. La acción civil, por su parte, se dirige frente al acusado pero también frente el Ayuntamiento, al que se juzga como responsable civil subsidiario. Por ese motivo, y en caso de que el acusado no preste la fianza, se le requiere también al Consistorio la misma fianza de 10.600 euros.
A raíz de los hechos que ahora se juzgarán, Apasos y el Ayuntamiento se enzarzaron en un ir y venir de denuncias. Miembros de Apasos denunciaron también en 2021 al Ayuntamiento por maltrato animal y mostraron, además, su descontento ante una actitud del Consistorio que calificaban de “venganza” por las denuncias de los abusos sexuales. “Los voluntarios y voluntarias de la perrera tienen prohibida la entrada a la zona en la que están los animales recién llegados y los enfermos, que son los que más necesidad tienen de salir de ahí”, se quejaba Apasos.
Apasos también denunció por omisión a tres empleados municipales del Centro de Protección Animal. La denuncia se archivó en septiembre de 2022. “Nos alegramos de haber mantenido durante estos dos años de investigación la presunción de inocencia de los tres trabajadores municipales denunciados. Esta resolución judicial confirma que actuaron correctamente y que la denuncia de Apasos contra estos empleados públicos no respondía a la realidad. Considero que el Ayuntamiento también actuó de la manera adecuada cuando tuvo conocimiento de la denuncia por presuntos abusos sexuales contra un extrabajador municipal que inmediatamente fue apartado del servicio en la perrera y un mes después ya no trabajaba en el Ayuntamiento. También fue esta institución quien, antes que nadie, puso en conocimiento de la Fiscalía esos presuntos abusos sexuales”, se congratuló entonces Iñaki Gurtubai, a la sazón concejal de Hacienda y Recursos Humanos.
Una de las denuncias estuvo dirigida también al propio Gurtubai, por una presunta prevaricación. Apasos estimaba, según recogía Efe en 2022, que conocía los supuestos abusos sexuales y no hizo nada al respecto. Esta denuncia se archivó algo más tarde, coincidiendo ya con el sobreseimiento de la causa. “Visto el contexto, desarrollo y contenido de las resoluciones que la entidad denunciante considera prevaricadoras, las mismas no lo son ni de lejos; no puede siquiera atisbarse que el señor Gurtubai haya dictado resoluciones insostenibles e inaceptables desde cualquier óptica de interpretación de la ley”, señalaba el auto.
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