Presentan una queja por la falta de respuesta institucional a los malienses que llevan un año en la calle en Vitoria
Miembros del grupo de solidaridad creado en el barrio de Salburua de Vitoria han elevado una queja a la Defensoría vecinal de la ciudad (institución conocida como Síndica) para demandar una mayor implicación municipal en la atención a los migrantes procedentes de Malí que llevan casi un año, desde el verano de 2025, viviendo en la calle por el tapón burocrático de la Policía Nacional para otorgarles su condición de refugiados. La síndica en funciones, Ainara Martínez de Sabarte, ha dado acuse de recibo a la petición en una comisión municipal celebrada este jueves, aunque ha asumido que es “un tarea de difícil solución”.
La queja recalca que ha sido gente del barrio o de zonas cercanas la que ha dado el paso de ofrecer una respuesta “humanitaria” a quienes llegan huyendo de graves conflictos en su país de origen y lamentan que las instituciones o “no cubren” las necesidades de los malienses u ofrecen respuestas “insuficientes” a las tres demandas básicas, techo, higiene y comida. Plantean que “hay locales y pisos municipales que están vacíos”, por ejemplo. En los últimos meses sí han podido hacer uso de parroquias.
Explican que se ven obligados a usar una fuente pública para asearse, o a ir a casas de vecinos solidarios, mientras podrían habilitarse espacios en los centros cívicos o polideportivos de la zona. Plantean que, por ejemplo, es habitual que en fiestas se instalen cabinas de baños portátiles y que ésa podría ser una solución temporal también. Y agregan que “con una periodicidad razonable” precisarían de servicio de lavandería, más allá de que personas del barrio les hagan el favor ocasionalmente. Se da una “situación de inhumanidad” hacia “gente educada y agradecida”, que “no molestan al barrio” y son “cuidadosos”, concluyen.
No hay aún una resolución oficial de la Síndica como respuesta a estas peticiones, pero Martínez de Sabarte sí ha puesto en evidencia que la ciudad aprobó en 2023 un “plan de convivencia” que pone los derechos humanos en el frontispicio. En todo caso, ha apuntado que existe también una queja en la zona donde se guarecen los malienses, dos soportales próximos a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño, interpuesta por una persona que quiere abrir un negocio en una lonja y que no tiene acceso a ella.