La red vecinal habilita nuevos espacios para que los malienses no duerman en la calle en Vitoria tras el cierre de parroquias
La red vecinal Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses atendiendo a los malienses que viven en la calle en la zona de Vitoria próxima a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño, ha anunciado este miércoles la habilitación de “nuevos espacios de pernocta” logrados por ellos mismos después de que se cerraran, por la cercanía del verano, las dos parroquias que había cedido la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa Ana en Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Aranbizkarra. Añaden, igualmente, que cederán espacios para que CEAR y Zehar-Errefuxiatuekin puedan atender a este colectivo que huye del gran conflicto que vive Malí y que se encuentra en España con un tapón burocrático a la hora de tramitar su condición de refugiados.
Salburuko Harrera Sarea ha insistido en que “una vez más” es “el movimiento popular” el que da “un paso al frente” para tapar los huecos que no cubren las instituciones. Los malienses empezaron a llegar a Vitoria hace un año en modo importante, así como también a Donostia y a Pamplona. En este tiempo, centenares han pasado por la ciudad y, aunque el colectivo va rotando, no baja de medio centenar el grupo sin techo. Entrado el invierno, se acordó con el Obispado el uso de dos parroquias, con tres docenas de plazas, además de la veintena disponible en la asociación vecinal. Ahora, desaparecida la “emergencia climática”, en palabras de fuentes de la diócesis, se ha perdido esa posibilidad, aunque no cierran la puerta a retomar este formato en otoño, cuando vuelva el frío.
Los portavoces de la red vecinal destacan la “altura política y humana de muchas personas y colectivos de Gasteiz, muy alejada de la inacción de las instituciones”. La puesta en marcha de nuevos espacios “no puede interpretarse como una solución al problema”. “Las personas solicitantes de asilo continúan en una situación de exclusión y vulnerabilidad que ninguna institución está resolviendo”, sostiene Cristina Riega, una de las portavoces.
Y agregan: “Todas las instituciones conocían la situación [del cierre de las parroquias]. A todas les avisamos con tiempo de lo que iba a ocurrir. Y ninguna ha sido capaz de ofrecer una respuesta. Hemos tenido la sensación permanente de asistir a un partido de 'ping-pong' donde cada administración lanzaba la pelota a otra sin asumir responsabilidades”. “Seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora porque hablamos de personas que forman parte de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Seguiremos organizando solidaridad y acompañando a quienes lo necesitan. Pero también seguiremos denunciando una situación que tiene responsables políticos. La solidaridad popular puede aliviar las consecuencias del problema, pero no puede sustituir indefinidamente a las instituciones”, añaden.
En los últimos días ha trascendido que la Defensoría Vecinal (institución conocida como Síndica) está analizando el asunto, que la alcaldesa socialista Maider Etxebarria ha señalado que están muy encima del tema, aunque matizando que los recursos públicos son “finitos” y que la consejera Nerea Melgosa ha manifestado que el Gobierno vasco “actúa y ha actuado desde el primer momento” aunque “no es su competencia”. En Radio Vitoria, Zehar-Errefuxiatuekin indicó que en este año han acogido a tantas personas como cinco veces la capacidad de sus centros de acogida en Tolosa y Oñati, en Gipuzkoa.