Huir del terror en Malí para dormir en la calle en puertas del invierno frente a la comisaría de la Policía Nacional en Vitoria

Iker Rioja Andueza

Vitoria —
16 de noviembre de 2025 21:46 h

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Las previsiones meteorológicas auguran que, en los próximos días, el frío extremo puede llegar a Vitoria. No se descartan los primeros copos de nieve de la temporada. Del martes al domingo, las mínimas no pasarán de 2 ó 3 grados centígrados, según Aemet. En el barrio de Salburua, un grupo de voluntarias -porque en su mayoría son mujeres- busca desesperadamente una solución transitoria urgente en forma de lonja, local o lo que se tercie para dar techo a medio centenar de malienses que, ahora mismo, pasan las horas y pernoctan en los soportales frente a la comisaría de la Policía Nacional o en otros cercanos al lado de un supermercado.

La ciudad que discute la necesidad de un centro para refugiados -que se construye a no más de cinco minutos a pie del complejo policial- y que se cuelga medallas en calidad de vida tiene desde hace al menos cuatro meses completamente abandonadas a su suerte a decenas de personas que huyen del régimen de terror en su país de origen, Malí, adonde España pide no ir en ningún supuesto por los atentados, minas, escasez de combustible, falta de libertades y “bandidaje”, entre otros problemas. “Duermo en la calle. Tengo mucho frío”, resume bajo varias capas y una capucha, en nombre de todo el grupo, el joven Yaya, de 17 años, en el anochecer de una jornada todavía con temperatuas templadas pero con fuerte viento.

Es el benjamín de un grupo heterogéneo, con personas también de mediana edad o rondando la cincuentena. Su vida entera se acumula en una maleta con ruedas -una de ellas con los colores del Real Madrid- y un teléfono móvil. Matan el tiempo escuchando música o jugando al póker. Los más afortunados disponen de un 'camping gas' en el que hacer alguna comida caliente.

Este periódico informó a finales de julio de que las entidades sociales que trabajan con migrantes estaban empezando a detectar a un grupo de personas procedentes de Malí en las calles de Vitoria. Era exactamente el mismo problema ocurrido en Donostia en los meses anteriores, solventado en buena medida con solidaridad vecinal. Ya en 2024, a raíz de los golpes de Estado de 2020 y 2021, las peticiones de asilo de ciudadanos malienses se dispararon un 700% en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Conseguir una cita en la Policía Nacional, el cuerpo con competencias en materia de Extranjería, se ha convertido en un tapón, aunque “en un 98%” los malienses tienen derecho a protección, según datos de Zehar-Errefuxiatuekin. Esta entidad, de hecho, acaba de denunciar que en Donostia cinco personas de esta nacionalidad han sido arrestadas y “podría derivar en su expulsión” de España. Janire, una de las voluntarias de Vitoria, sostiene que están viendo casos de personas que reciben como propuesta para la primera cita en comisaría fechas “de 2028”. Sin esos papeles, no hay más Sanidad que la atención en Urgencias y se truncan los proyectos educativos o laborales.

Es una respuesta muy diferente a la que se articuló en 2022 con las llegadas de refugiados de Ucrania tras la invasión de Rusia. Francia, potencia colonial en el país y que se dice “verdaderamente preocupada” por la situación en Malí, según ha trasladado esta misma semana, ha levantado desde hace años un muro 'de facto' en pleno espacio Schengen de libre circulación y bloquea por sistema las llegadas de migrantes sin documentación en regla e incluso ha practicado 'devoluciones en caliente' en la frontera de Irún/Hendaya. En 2018, este periódico ya recogió junto a la muga testimonios de malienses bloqueados.

Aunque algunas personas de las que han pasado por Vitoria ya se han marchado a seguir con su periplo vital en algún otro lugar y otras han sido formalmente derivadas a recursos asistenciales oficiales, como el de Oñati, la sensación de las voluntarias es que las llegadas son constantes y que el grupo que pernocta en Salburua es mayor que nunca en estos momentos. Los soportales de la avenida de la cuenca del Deba, los últimos del barrio residencial y los que dan a la Policía Nacional, son donde se acumulan más personas. Es un punto de paso muy común, sobre todo en coche. Es el camino hacia los humedales del anillo verde, una zona de esparcimiento, o hacia el pabellón Fernando Buesa Arena, donde juega el Baskonia. Pero la vida cotidiana de los vitorianos parece darles la espalda a los malienses.

También hay varias decenas de colchones perfectamente alineados en otro soportal, en la calle de Madrid, bajo otro bloque de viviendas de Salburua. Y algunas de las personas que les ayudan sostienen que hay grupos repartidos por otros puntos de la ciudad. En verano, por ejemplo, había grupos igualmente en el entorno del ferrocarril, cerca de las oficinas de Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR.

Como Janire, otras mujeres de edades dispares como Montse, Conchi, Leire o Analía dedican parte de su tiempo y hasta de sus recursos económicos para apoyar a los malienses. Se han ido conociendo en estos meses allí y ahora comparten un grupo de WhatsApp. También se les ha unido Jacques, camerunés de 36 años, y que echa una mano como traductor al dominar el francés y el árabe. “Ellos vienen aquí por la guerra. Gracias a Dios han podido cruzar [el mar que separa África de Europa]. La mayoría son hombres, pero tenemos también a alguna mujer”, apunta señalando a la única que, ahora mismo, forma parte del grupo bajo los soportales frente la Policía Nacional, que tiene la mitad posterior de sus instalaciones completamente vacía porque nunca se llegaron a necesitar ante la reducción de funciones por el despliegue de la Ertzaintza. En su momento, Stop Desahucios cifró en 50 las viviendas que podrían salir de allí.

Al comienzo de la llegada de malienses, el Ayuntamiento ofreció a estas personas la posibilidad de que utilizaran las instalaciones de un centro cívico, San Andrés, para que se ducharan y asearan. Pero ahora ha cerrado el grifo, literalmente. Montse, que tiene una lonja solidaria desde hace dos décadas en el cercano barrio de Zaramaga, emplea los recursos que obtienen allí para pagar cada día la ducha a cinco de los refugiados en el polideportivo de Iparralde. Son 11 euros de su bolsillo al día. ¿Por qué empezó a colaborar? Explica que un amigo suyo, de origen maliense, se encontró en la mezquita con un vecino de su mismo pueblo ya en abril. “Me dijo que estaban viviendo en la calle. Y en la lonja ayudamos a tres”, apunta. La Policía de Vitoria también llegó a impedirles instalar una lona como cortavientos contra el frío, denuncian las voluntarias. Los móviles los cargan en bares de la zona que les abren sus puertas.

Conchi, vecina de Salburua, es la cocinera oficiosa. “Por las mañanas, les traigo pan y chocolate. Al mediodía, preparamos dos kilos de arroz con verduras o algo de carne. O con un huevo cocido”, explica. Si ella no puede, su marido se encarga de cocer el arroz. Tienen hasta bandejas y “un carrito” para las entregas. “Lo compro yo todo. Se está haciendo largo”, señala. Afirma que ella es “cristiana y católica practicante” y que llamó a Cáritas para buscar ayuda. Enfadada, lamenta que le contestaran que no podían hacer nada porque le dijeron que las llegadas están organizadas por “mafias”.

“Ellos son humanos”, se indigna apuntando hacia el grupo. “Cuando me acuesto, siempre miro por la ventana y pienso en el frío que va a hacer. Rezo mucho para que no llueva. Se les mojan los colchones. Ahora viene el frío”, se lamenta. Abandona la entrevista antes de tiempo porque el adolescente Yaya, que antes estaba en Miranda de Ebro y donde aprendió algo de castellano, lleva todo el día sin comer y no lo puede tolerar. Analía, que se mueve en patinete y es de origen argentino, muestra una bolsa del Banco de Alimentos con piezas de fruta. Asegura que esta institución es la única que entrega víveres regularmente a este colectivo.

Leire es mucho más joven. Es del Sindicato Socialista de Vivienda. Agradece la existencia de una “red solidaria” frente a la “dejadez increíble” de las instituciones “burguesas”, con una respuesta “claramente insuficiente”. Lamenta el desenfoque de las reacciones al problema de la vivienda, con propuestas de construcción de pisos para las clases medias cuando en la misma ciudad hay colectivos vulnerables en la calle. “Se pasan la pelota de unos a otros. Que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, que si ahora el Gobierno central... Pero aquí nadie hace nada”, se queja.

Por el contrario, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, preguntada por este periódico, asegura que el Estado lleva “muchos meses trabajando” en este asunto para “dar la mejor respuesta” a los malienses. “Llegan a Euskadi a pedir refugio y asilo político. Y estamos agilizando todos los trámites con la Policía Nacional para que tengan una primera entrevista y puedan acceder a los servicios sociales y al circuito estatal [de protección]”, indica.

“La llegada de malienses se ha más que duplicado en los últimos meses por razones políticas de su país, donde hay persecución y guerra. Como digo, estamos trabajando en colaboración el Ayuntamiento y con el Gobierno vasco para dar la mejor solución”, agrega Garmendia. Según datos de CEAR, desde julio del orden de 500 personas de Malí han llegado a Euskadi y, de ellas, más de la mitad lo han hecho a Vitoria.

A cinco minutos del criticado centro de refugiados

“En los discursos oficiales se presume de proteger a las personas refugiadas y promover la migración regular, pero las personas que vienen de África no cuentan, 'de facto', con vías de acceso regulares ni seguras, y quienes emprenden tránsitos terrestres y marítimos no son identificadas como personas en búsqueda de asilo o merecedoras de protección internacional, sino como infractores de las leyes administrativas. Finalmente, la práctica totalidad de éstas ven denegada la protección si logran solicitarla, con la excepción precisamente de las personas que huyen del conflicto de Malí, que en su práctica totalidad obtienen la protección subsidiaria”, han expuesto SOS Racismo y Zehar-Errefuxiatuekin recientemente.

El principal proyecto del Gobierno central en materia de migración en Vitoria y en Euskadi es un nuevo centro para refugiados en el barrio de Arana, en una antigua clínica y residencia a no más de cinco minutos caminando del lugar donde ahora se guarecen los malienses. El proyecto ha concitado rechazos vecinales y políticos -el PP ha recogido firmas y lo ha asociado a la delincuencia, Vox enarbola la xenofobia y el PNV aboga por un “modelo vasco” que huya de “macrocentros”- y finalmente tendrá 200 plazas y no 350, como se anunció inicialmente. Si bien la delegada Garmendia ha asegurado que “con el centro de refugiados de Arana no se tendría esta crisis con los malienses”, la alcaldesa, la también socialista Maider Etxebarria, explicó que además de la reducción de plazas, que se ha publicitado como “una buena noticia”, el recurso iba a ser para “familias”. Estos migrantes, en su mayoría, son personas solas. Se pueden leer aquí todas las noticias relacionadas con este recurso.

Janire, que es una de las personas más activas de entre las voluntarias, alerta del racismo subyacente que también está empezando a emerger. Recuerda que, hace unas semanas, Vox plantó una jaima para realizar su propaganda contra la “delincuencia” justo a unos metos de los soportales. Algunas voluntarias refieren haber escuchado frases “si tanto te importa, ¿por qué no te los llevas a tu casa?”. “Se criminaliza a estos colectivos cuando no son para nada los culpables. Es lo que persigue el racismo, hacerles responsables a ellos mismos de su miseria”, apostilla Leire.

Pero a Janire, sobre todo, le preocupa el invierno. Como consecuencia del cambio climático, Vitoria vive de sus años más cálidos y, hasta ahora, el otoño no ha sido especialmente beligerante. Pero esta semana todo va a cambiar. El mercurio se va a desplomar y puede llegar la nieve. Por eso pide que el mensaje final a la ciudadanía de Vitoria sea de ayuda. Buscan mantas y sacos de dormir con urgencia. Y demandan que se habilite un espacio cerrado y bajo techo para que quienes ahora pernoctan en la calle puedan hacerlo con menos riesgo. “¿Tiene que morir alguien para que hagan algo?”, se preguntan las voluntarias.

elDiario.es/Euskadi

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