Extremadura solicitará una ampliación de 200 hectáreas anuales para el cava tras la sentencia del Supremo

La Junta de Extremadura solicitará al Tribunal Supremo que, tras la sentencia que ha anulado los artículos en los que se limitaba la superficie de plantación de viñas con destino a cava, se declaren nulas las restricciones fijadas para 2020, 2021 y 2022 y, en consecuencia, pedirá la concesión de nuevas hectáreas de replantaciones y plantaciones para esos años.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha detallado que las nuevas concesiones de hectáreas se hará teniendo en cuenta “un crecimiento sostenido, nunca desmesurado” del sector y se trasladará al Ministerio de Agricultura una vez escuchado el sector extremeño.

En este sentido, ha señalado que Extremadura tiene 1.706 hectáreas en la DO Cava, de las que 1.476 ya están en producción, y cree que teniendo en cuenta, no solo la capacidad de producir, sino después de vender en el mercado, esa ampliación podría rondar las 200 hectáreas/año.

La consejera ha analizado este lunes la sentencia del Supremo, que ha dado la razón al Ejecutivo extremeño, al anular los dos artículos del Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre. Estos decretos daban la potestad al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de limitar la superficie de plantación de viñas con destino a cava, lo que, a juicio de García Bernal, “daban un relevante e inexplicable protagonismo al consejo regulador”.

Nulidad de la reforma

La Junta de Extremadura solicitó al Supremo la declaración de nulidad de la reforma, ya que imponía al Ministerio de Agricultura la aceptación de las recomendaciones presentadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava y privaba a la comundiades de la posibilidad de emitir informe contra esas recomendaciones.

García Bernal ha indicado que en la sentencia se anulan los dos artículos con los que el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas y se establece que estas decisiones deben ser establecidas por el Ministerio, no por el Consejo Regulador. El Ejecutivo extremeño también recurrió la resolución del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, como ha hecho con este decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, con lo que se pone de manifiesto que “gobierne quien gobierne, la Junta defiende los intereses de los agricultores extremeños”, ha subrayado.

Con la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno está obligado a consultar a las CCAA afectadas y ser quien restrinja o no nueva hectáreas “pero de manera motivada y con informes”, ha dicho.

“Queda claro que no importa quien gobierne este país, solo nos importan los cultivadores de cava de Tierra de Barros, como ocurre con los tabaqueros del norte de Cáceres”, ha señalado la consejera, que ha recordado que fue la universidad extremeña la que hizo el informe que se adjuntó con el recurso, como también ha hecho el del tabaco para solicitar que en la nueva PAC se perciban las mismas ayudas.

A su juicio, esta decisión “marca un aviso” a los dirigentes del Ministerio de Agricultura de que cuando la Junta se opone “siempre lo hace con motivaciones y con razones” y ha insistido en que siempre se ha defendido la capacidad de Extremadura de producir más “y tener voz y voto” en las decisiones “ante los oligopolios del norte de España”.

García Bernal, que no ha querido pronunciarse sobre la petición de dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por parte de algunas organizaciones agrarias, ha indicado que en 2018 no oyó “nunca” pedir la dimisión de Rajoy, y ha abogado por “remar juntos, porque todos estamos en el mismo barco”.