La Justicia tumba la acusación de filtración en las oposiciones a la Policía Local de Cáceres
La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones, en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.
Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a Efe el letrado.
En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados al argumentar que las acusaciones carecían de fundamento.
Por su parte, Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.
Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva y han resaltado la importancia de la sentencia absolutoria, lo que, a juicio de ambos, pone de relieve que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones.
Se trató de una prueba para cubrir ocho plazas de la Policía Local de Cáceres mediante sistema de oposición libre, que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.
Al respecto, Cortés ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”, lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.
Para Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.
La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.
El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, algo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.
Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición. En la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor que, según la defensa, no alteraron significativamente los resultados.