Denuncian a una edil del PP en Gata por desviar fondos de la AMPA a su cuenta personal

La Asociación de Madres y Padres del módulo de Gata del CRA Almenara ha presentado esta misma semana una denuncia ante la Guardia Civil contra una exmiembro de su Junta Directiva por presunta estafa o apropiación indebida. Se trata de N. F. J. , quien además ocupaba el cargo de concejala de Cultura, Mayores, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Gata y segunda teniente de alcalde hasta el pasado 18 de noviembre, antes de que el alcalde revocara su anterior nombramiento. Hasta el momento, mantiene su acta de concejala sin competencias, aunque desde el PP se le ha pedido que renuncie a ella.

La denuncia, registrada por el actual presidente de la AMPA, José Pablo Pérez Montero, expone que ella figuraba como apoderada en la cuenta bancaria de la asociación junto a otra integrante de la anterior Junta Directiva. Ambas dejaron sus cargos tras diversos requerimientos, una vez que sus hijos habían dejado de estar escolarizados en el centro.

Según la documentación aportada a elDiario.es Extremadura, en la cuenta bancaria asociada al AMPA —que figura con saldo cero desde agosto de 2023— se habrían realizado varias transferencias entre junio y agosto de ese año por un importe total de 1.674 euros, todas ellas con la concejala como ordenante y beneficiaria. La actual Junta Directiva sostiene que estas operaciones se efectuaron “sin autorización ni consentimiento” del colectivo.

La AMPA afirma que tuvo conocimiento de estos movimientos una vez asumieron sus cargos en marzo de 2025 y asegura haber reclamado extrajudicialmente la devolución del dinero, “sin obtener respuesta”, incluso con la mediación del Juzgado de Paz.

En el escrito presentado ante la Guardia Civil, la asociación solicita que se tome declaración tanto a ella como a la otra apoderada, L. C. S., y que se requiera a la entidad bancaria una certificación completa de los movimientos.

La investigación queda ahora en manos del puesto de la Guardia Civil de Gata, que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen un delito de estafa o apropiación indebida.