La Junta de Extremadura ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo en el que le reclama tres millones de euros adicionales para cubrir el sobrecoste generado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las ayudas a los centros especiales de empleo de la región.
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que estos centros desempeñan un papel “esencial” en la inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales, ofrecen empleo protegido y atención social a colectivos vulnerables y su sostenibilidad “depende en gran medida de las subvenciones públicas”.
Sin embargo, el “avance en la mejora de las condiciones laborales de muchas personas” hasta el incremento de más dfel 50% del SMI desde 2018 “ha generado un aumento significativo en los costes de personal de estas entidades”, ha destacado el consejero.
Por esto, la Junta denuncia que estos aumentos de costes no se han acompañado de incrementos en las transferencias del Estado, dado que no se ha tenido en cuenta esta evolución, por lo que la Administración regional ha tenido que asumir con fondos propios el diferencial necesario para mantener los programas, según Santamaría.
Así, reclama al Ministerio de Trabajo tres millones de euros adicionales de fondos autonómicos para cubrir el incremento del coste de las subvenciones, puesto que, de no hacerlo “se podrían ver afectados los contratos de más de 300 personas con discapacidad”.
En este escenario, el consejero ha expresado que la Junta buscará establecer “mecanismos de revisión” de las subvenciones para adaptarlas a las subidas del SMI y mantener un diálogo constante con las entidades para evaluar el impacto de los cambios regulatorios y laborales. “Vamos a incorporar medidas de adaptación en las convocatorias de ayudas para garantizar su eficacia y asegurar el acceso equitativo a las subvenciones”, ha añadido.
El objetivo del Gobierno regional es evitar que las entidades tengan que reducir contratos, acortar su duración o limitar los perfiles profesionales que incorporan.
“Su sostenibilidad depende, en gran medida, de las subvenciones públicas. Por eso, creemos firmemente que hay que impulsar la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y es una cuestión de justicia social, como así manifesté ante el Consejo de la Unión Europea, en julio de 2024”, ha reiterado.
En la rueda de prensa también ha participado el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI), Pedro Calderón, quien ha agradecido el “compromiso” de la Junta de Extremadura con la inclusión y la equidad en este asunto.
El presidente del CERMI también ha denunciado la falta de asignación presupuestaria suficiente por parte del Ministerio. En este sentido, ha pedido que se actualicen las cuantías tras estar “congeladas desde hace años”, lo que “pone en serio riesgo”, en su opinión, los puestos de trabajo.