La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado de “desastrosa” la gestión de la lengua azul en la región por parte de la Junta y ha reclamado la obligatoriedad de la vacunación, así como que sea pública y “no dependa de laboratorios privados”.
En su visita este domingo el LX Salón del Ovino de Castuera (Badajoz), de Miguel ha calificado de “barbaridad” que la vacuna no sea obligatoria, algo que está llevando, a su juicio, a que haya casos de lengua azul “muchos meses antes de cuando debería”.
En su opinión, si la vacunación es pública, y no depende de laboratorios privados, “evitaremos que vuelva a haber escasez de vacunas cuando más se necesitan”.
Por otro lado, Irene de Miguel también ha criticado las medidas implementadas hasta ahora por la Consejería de Agricultura, ya que considera que las ayudas que se han articulado no funcionan. “Necesitamos medidas a corto, medio y largo plazo contra la lengua azul, y ayudas directas que solucionen el problema, no el café para todos que ha aplicado la Consejería”, ha dicho.
La líder de Unidas por Extremadura también ha aprovechado su visita al Salón del Ovino de Castuera para reivindicar el papel del cooperativismo como “solución a los grandes retos que tiene la ganadería y agricultura extremeña”. “Este salón demuestra que muchos de los problemas de comercialización y de precios se solucionan con el cooperativismo”, ha insistido De Miguel, que pide una apuesta más decidida por este modelo.
Problemas con el transporte escolar
La portavoz de Unidas por Extremadura también se ha referido a los problemas con el transporte escolar que se están registrando a escasos días del inicio del curso escolar. Ha criticado que desde el gobierno de Guardiola se apueste por “judicializar” el problema, “en lugar de ponerse de acuerdo con las empresas del sector”.
“Esto de llevar a los tribunales a empresas que ni siquiera han licitado no es más que propaganda para que parezca que se está haciendo algo, cuando el problema realmente es que no se ha hecho nada”, ha relatado. A su juicio, “no ha habido previsión ni planificación” en este sentido.
Según informó este viernes la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, tras el incumplimiento del acuerdo marco firmado en 2024 por un “grupo minoritario” de empresas, la Junta ha interpuesto una denuncia por la vía penal en un juzgado de Mérida en la que pide medidas cautelares con el objetivo de garantizar la prestación de dicho servicio en 242 rutas de transporte escolar.