Del pleno interrumpido a la indignación fiscal de los afectados por la polio ante “el abandono institucional”
La protesta que este jueves volvió a interrumpir el pleno de la Asamblea de Extremadura al grito de 'Estamos abandonados' no es un episodio nuevo. Hace apenas unas semanas, varios afectados por la poliomielitis fueron desalojados de la tribuna de invitados del Parlamento extremeño tras reclamar una atención sanitaria adecuada para quienes padecen síndrome postpolio. Hoy la escena se ha repetido con idéntico desenlace y ha vuelto a poner el foco sobre una reivindicación que acumula décadas de espera.
Detrás de ambas protestas está la frustración de quienes sobrevivieron a la epidemia de poliomielitis y afrontan ahora las consecuencias del síndrome postpolio, una enfermedad degenerativa que compromete progresivamente la movilidad y la autonomía personal. El presidente de la Cámara, Manuel Naharro, advirtió a los asistentes de que no podían interrumpir el desarrollo de la sesión, ordenó a los servicios de la Asamblea su desalojo y se mostró dispuesto a reunirse con ellos una vez finalizado el pleno, como así ha sido finalmente.
Tras las movilizaciones está la Plataforma Niñ@s de la Polio Extremadura, una organización que agrupa a personas afectadas por la enfermedad y que ha trasladado sus reivindicaciones tanto a la calle como a las instituciones. Su principal denuncia es que las medidas anunciadas por la Junta no responden a las necesidades reales de un colectivo que envejece con secuelas físicas cada vez más severas.
El último episodio de ese conflicto ha llegado con la tramitación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2027. El Gobierno autonómico ha incorporado una deducción de hasta 4.000 euros en el IRPF para las personas afectadas por la polio, una iniciativa presentada como medida de apoyo sanitario y social. Sin embargo, la plataforma considera que se trata de una respuesta insuficiente y, en muchos casos, inútil.
“La mayoría de nosotros no necesitamos ventajas fiscales, necesitamos poder seguir caminando, moviéndonos y haciendo una vida digna”, sostiene Juana Hornero, una de las portavoces del colectivo. “Una deducción no paga las sesiones de fisioterapia que dejamos de recibir ni resuelve el deterioro físico que sufrimos cada año”.
Rosa Hernanz Herrera comparte ese diagnóstico y considera que la prioridad debe situarse en la atención sanitaria. “Lo que pedimos es rehabilitación continuada. La enfermedad sigue avanzando y cada año perdemos capacidad funcional. No podemos esperar a que nuestra situación empeore para recibir ayuda”, señala.
La crítica del colectivo se apoya en una realidad económica que afecta especialmente a quienes arrastran secuelas graves desde la infancia. Muchos perciben pensiones no contributivas o cuentan con ingresos tan reducidos que apenas generan cuota tributaria. En esas circunstancias, la deducción fiscal carece de efectos prácticos.
“Hay afectados que no podrán beneficiarse ni un solo euro de esa medida”, explica Hornero. “No porque no la necesiten, sino porque sus ingresos son tan bajos que no tienen una cuota sobre la que aplicar la deducción. Se anuncia una ayuda de 4.000 euros que para muchos se queda exactamente en cero”.
Eloísa de Dios Sánchez considera que el problema radica en que las administraciones siguen sin comprender la realidad cotidiana del colectivo. “Mucha gente cree que hablamos de una enfermedad del pasado, pero convivimos con sus secuelas cada día. Necesitamos tratamientos y seguimiento médico, no sólo anuncios que después apenas tienen efecto en nuestras vidas”, sostiene.
Mientras el debate político se centra en el terreno tributario, las reivindicaciones de los pacientes apuntan directamente al ámbito sanitario. El síndrome postpolio, clasificado internacionalmente bajo el código G14, aparece entre quince y cuarenta años después de haber superado la infección inicial. Los supervivientes desarrollan debilidad muscular progresiva, fatiga extrema, dolor y pérdida de capacidad funcional debido al desgaste de las neuronas que durante décadas compensaron los daños provocados por el virus.
La plataforma denuncia que el Servicio Extremeño de Salud continúa ofreciendo una respuesta claramente insuficiente para una enfermedad crónica e irreversible. Según trasladaron personas afectadas en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea, muchos pacientes reciben apenas diez días de rehabilitación al año, una cifra que consideran incompatible con las necesidades que genera esta patología.
Joaquina Blázquez López lamenta que esas sesiones resulten claramente insuficientes. “Diez días al año no permiten mantener la movilidad. La rehabilitación debería formar parte de nuestra atención habitual porque estamos hablando de una enfermedad degenerativa”, afirma.
La cuestión llegó al Parlamento regional, donde PP, PSOE y Unidas por Extremadura aprobaron recientemente una iniciativa para instar a la Junta a garantizar una rehabilitación continuada, elaborar un censo de afectados y mejorar la formación de los profesionales sanitarios.
“Diez días de rehabilitación al año no son un tratamiento. Son un trámite administrativo”, critica Hornero. “Después nos piden que mantengamos la movilidad y evitemos la dependencia, pero sin las herramientas necesarias para conseguirlo”.
La cartera del Sistema Nacional de Salud
La reivindicación de los afectados encuentra respaldo en la reciente actualización de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La Orden SND/356/2026 amplía el enfoque de la rehabilitación para enfermedades crónicas y reconoce que estas terapias no deben limitarse a recuperar funciones perdidas, sino también a mantener capacidades, preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Diversos grupos políticos y organizaciones de afectados han reclamado ya a la Junta que incorpore estas prestaciones de forma efectiva al sistema sanitario extremeño. Sin embargo, la plataforma considera que las actuaciones realizadas hasta ahora se han limitado a recordar procedimientos administrativos ya existentes sin abordar el problema estructural: la falta de profesionales especializados y la inexistencia de programas estables de rehabilitación específicos para personas con polio y síndrome postpolio.
Pero la batalla que mantiene este colectivo no es únicamente sanitaria. También es una reclamación de memoria y reparación. Los afectados recuerdan que forman parte de una generación marcada por una epidemia cuya gestión sigue siendo objeto de controversia histórica. Numerosos supervivientes sostienen que la llegada tardía de las vacunas durante el franquismo dejó a miles de niñas y niños expuestos a una enfermedad que ya comenzaba a controlarse en otros países.
Esa demanda de reconocimiento quedó recogida en la Ley de Memoria Democrática, que contempla medidas de reparación para las víctimas de la polio. Sin embargo, los afectados lamentan que esos compromisos aún no se hayan traducido en ayudas concretas ni en una cobertura sociosanitaria específica.
“Llevamos toda una vida esperando justicia”, afirma Hornero. “Primero sobrevivimos a una enfermedad que pudo haberse evitado en muchos casos y ahora tenemos que seguir luchando para que se reconozca lo que nos ocurre. No pedimos privilegios; pedimos que se cumpla la ley y que la sanidad pública nos permita vivir con dignidad”.
Una reivindicación que comparten Rosa Hernanz Herrera, Eloísa de Dios Sánchez y Joaquina Blázquez López, presentes en las movilizaciones impulsadas por la plataforma y convencidas de que la protesta en la Asamblea era necesaria para sacar a la luz una realidad que, a su juicio, sigue siendo ignorada por las instituciones.
La sensación de abandono que resonó en el Parlamento extremeño sigue siendo, para muchas de estas personas, el reflejo de una situación que consideran insostenible. Por eso rechazan que sus reivindicaciones se reduzcan a una deducción fiscal. Lo que reclaman no es pagar menos impuestos dentro de unos meses, sino recibir ahora la atención sanitaria que necesitan para conservar una autonomía personal que el síndrome postpolio amenaza con arrebatarles.