“Reasignar” un monumento franquista: la controvertida maniobra para blindar la Cruz de los Caídos de Cáceres como BIC
La tramitación para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha alcanzado este viernes un nuevo punto de fricción en la Asamblea de Extremadura. Frente a las duras acusaciones de la oposición, la directora general de Patrimonio Cultural, Adela Montaña Rueda, ha salido en defensa del expediente iniciado el pasado 12 de agosto y ha abogado abiertamente por la “reasignación” del símbolo franquista erigido en plena Guerra Civil. Una postura que contrasta de plano con las críticas del PSOE, que tilda el procedimiento de “fraude de ley” orientadamente diseñado para esquivar la Ley de Memoria Democrática.
En su comparecencia ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes a petición del Grupo Socialista, la directora general ha tratado de desvincular el expediente de cualquier intencionalidad política. Montaña Rueda ha asegurado que el periodo de estudio abierto por la Junta de Extremadura, que se prolongará durante 16 meses, “no anticipa” la resolución final ni presupone que el monumento reúna los valores patrimoniales suficientes para conseguir la máxima protección autonómica.
Sin embargo, el punto más tenso de la comisión ha girado en torno al uso de fuentes historiográficas en la documentación de la Junta. Rueda ha lamentado la “falta de respeto” hacia el trabajo técnico de su departamento tras las quejas expresadas por investigadores como el historiador César Rina Simón, quien llegó a exigir la retirada formal de su nombre del expediente. “No se puede atribuir una adhesión a la conclusión por una simple mención como fuente”, ha alegado la responsable de Patrimonio, argumentando que las referencias a Rina Simón son meramente contextuales. Para apuntalar su defensa, la directora ha citado una carta al director en la que dicho investigador pedía no “monopolizar la vida pública con barbaridades por quitar la Cruz”, añadiendo por su parte: “Creo fervientemente en la reformación y reasignación de las personas y de los monumentos también, todos tenemos derecho”.
Un origen inseparable del bando vencedor
Para justificar la incoación del BIC, el Ejecutivo autonómico de PP y Vox apela a la “monumentalidad, verticalidad” y al valor estético del diseño, firmado por Ángel Pérez, “único arquitecto cacereño con un Premio Nacional de Arquitectura”, así como a su función como elemento estructurador del paisaje urbano en la plaza de América. Asimismo, la directora de Patrimonio ha recordado que el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres aprobado en 2010 bajo mandato socialista ya catalogaba el elemento como “monumento conmemorativo con protección integral”, y que en 1984 se retiró la simbología franquista para dedicarlo de forma genérica a los “hijos muertos por la patria”.
Estas explicaciones no han convencido al portavoz socialista de Memoria Histórica, Gonzalo Romero Barba, quien ha acusado al Gobierno de María Guardiola de presentar como “una cuestión estrictamente patrimonial algo que, por su propio origen, es inseparable de su significado político e histórico”. Romero ha recordado que la propia documentación recopilada por la Junta admite que el monumento nació por acuerdo municipal del 9 de septiembre de 1937 y fue levantado en mayo de 1938 para exaltar a los caídos del bando sublevado: “¿Qué más necesitamos para conocer el significado originario? Retirar una inscripción no significa borrar la historia de un monumento”.
El parlamentario del PSOE ha afeado además a la Administración regional que haya seleccionado fragmentos de investigaciones académicas para armar su relato mientras, según ha denunciado, se obvian informes técnicos específicos encargados para este procedimiento. “La Administración no puede seleccionar únicamente lo que le interesa y presentarlo como aval científico; hasta los propios investigadores han pedido que no se manoseen sus trabajos”, ha enfatizado.
Colisión con la Memoria Democrática
El expediente para blindar la Cruz de los Caídos se produce además en pleno pulso institucional entre el Ejecutivo central y la Junta de Extremadura, tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la 'Ley de Concordia' de PP y Vox.
Desde el Grupo Socialista han reprochado a la Junta que promueva la protección del vestigio mientras las organizaciones de víctimas e iniciativas de memoria democrática reclaman su retirada. Frente a ello, Adela Montaña Rueda ha cerrado su intervención sosteniendo el “máximo respeto” del Gobierno autonómico hacia las víctimas y ha contrapuesto las labores de exhumación de fosas comunes que ejecuta en la actualidad la Consejería frente a la “falta de diligencia” que ha achacado a las anteriores legislaturas socialistas.