Charo Cordero propone cuantificar el coste que tiene un medio rural despoblado
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha propuesto en el Congreso sobre Despoblación celebrado en Huesca la introducción de un enfoque local en las leyes generales que cuantifiquen el coste que tiene un medio rural despoblado.
Ha instado a que se mida el impacto que la aplicación de las leyes nacionales tiene en el medio rural, “y si ese impacto genera mayores distancias entre ciudades y pueblos o efectos limitantes al desarrollo social y económico de los pueblos”, un análisis que ayudaría a adaptar la normativa a las necesidades del medio rural.
Ha reflexionado sobre la importancia de “incorporar a la visión del impacto de las leyes el coste del despoblamiento, ya que un medio rural despoblado tiene un coste efectivo y un riesgo de pérdidas ambientales y culturales graves”.
La presidenta cacereña señala que una de las normas “más criticadas” a lo largo de estos dos días ha sido la que afecta al techo de gasto, que impide a los ayuntamientos y diputaciones saneadas invertir los fondos a su disposición en sus cuentas corrientes. Ha reiterado la necesidad de la derogación de esta norma y ha añadido que otro espacio normativo en el que hay que influir desde el poder local “es en los fondos estructurales y en los instrumentos financieros de la Unión Europea”. A su juicio, sería importante reformar la Política Agraria Comunitaria “para hacerla más participativa y flexible en su gestión”.
Por último, ha recordado que este congreso ha coincidido en el tiempo con la presentación en el Parlamento Europeo (PE) del informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico.
Este informe puede significar un gran impulso, según Cordero, por lo que se ha propuesto enviar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una declaración de apoyo del II Congreso Nacional de Despoblamiento a la aprobación de este informe en el PE.
Nueva legislación
En el marco del congreso los gobiernos locales presentes han pedido al Gobierno central que sean ellos los que hagan una ley específica con dotación económica para frenar la despoblación de las zonas rurales.
El objetivo según explican es poner el foco en una realidad: que el 80 por ciento de la población española vive en sólo el 20 por ciento del territorio y que la mitad de los municipios españoles, 8.125 en total, están ya en riesgo de extinción.
Durante dos días, presidentes de diputaciones, alcaldes, expertos y académicos han debatido sobre despoblación y sobre cómo repoblar los municipios abandonados o a punto de quedarse abandonados.
Aragón una de las comunidades más afectadas por la llamada “desertización” de las zonas rurales, lo que llevó a su presidente a comprometer un apoyo “cerrado” al Gobierno del PP para convencer a la UE de que hay que atender esta realidad como “una política de Estado”. Europa, por tanto, está llamada a jugar un papel protagonista, sobre todo porque se están pergeñando los presupuestos comunitarios para el periodo 2020-2030.
Otra de las conclusiones destacadas del congreso de Huesca exige contar con una financiación suficiente y, para ello, pide que la despoblación se convierta en un factor preferente cuando haya que repartir los fondos que recalen en España. Los gobiernos locales se encargarían de gestionarlos.
El secretario general de la FEMP, Juan Ávila, ha apuntado que esa posibilidad es “la primera vez” que se está planteando en Bruselas. La Federación, a través de su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido a los expertos que están analizando la reforma de la financiación local que también la despoblación cuente ya con cuantías concretas, con “un margen” suficiente de recursos para poner freno a este fenómeno. La FEMP entregará un documento muy preciso en este sentido a dicha comisión de expertos, y lo hará en breve, ya que los trabajos del estudio acabarán en agosto.
Por otro lado, dado que la comisionada del Gobierno para la Estrategia Demográfica está coordinando un documento con propuestas para paliar la despoblación, en cuya redacción participan todas las administraciones, la FEMP planteará que cada una de esas medidas tenga dotación presupuestaria. La financiación, en definitiva, ha sido la gran demanda del Congreso y, junto a ella, la entrada en vigor de una ley específica.
Según señala el texto de conclusiones del congreso, los gobiernos locales participarían en la redacción de la norma desde el primer momento, defenderán que tenga dotación económica y luego se la darán a las comunidades autónomas para que la encajen en sus ordenamientos.
Que prolifere la banda ancha para conectarse a internet, “mancomunar” la prestación de servicios públicos en los pueblos, mejorar las infraestructuras viarias, crear una red de transporte público a demanda o cambiar la Política Agraria Común, de modo que el nivel de renta no sea tan influyente, son otras demandas del congreso.
