La Junta de Extremadura pondrá a disposición de todos los ayuntamientos de la región un mapa, con una fiabilidad mínima del 70%, con la ubicación de amianto en todos los edificios públicos y privados.
El amianto fue un material de construcción muy utilizado en los años 60, y su utilización y fabricación fue prohibida en 2002 por ser perjudicial para la salud y el medio ambiente.
La directora general de Trabajo de la Junta, Pilar Bueno, y el de Sostenibilidad, Germán Puebla, han presentado la puesta en marcha de este mapa para controlar el volumen y localización del amianto, que sigue presente en edificios e instalaciones de Extremadura. “Este censo debe incluir la localización de este material en cada término municipal y una planificación inicial para su retirada posterior, dependiendo de su peligrosidad y exposición a población vulnerable”, ha explicado Bueno.
Los ayuntamientos serán los encargados de verificar la presencia de este material, deberán llevar a cabo la fase de inspección técnica por teledetección o visita in situ y, partiendo de los datos del censo, complementar “hasta la totalidad” los emplazamientos que contienen amianto en su término municipal.
Para la creación de este mapa, el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura ha desarrollado un sistema de detección automática de cubiertas de amianto mediante imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).
Desde la Dirección General de Trabajo, en coordinación con las áreas de salud pública, medio ambiente y los ayuntamientos, se impulsará una campaña de sensibilización ciudadana para que se conozcan los riesgos del amianto y se colabore en su detección y elaboración del censo.
Germán Puebla ha destacado la importancia de hacer una correcta cuantificación de la presencia de amianto en los términos municipales, determinar cómo retirarlo, así como el coste total que supondrá esta acción y cómo se han de gestionar sus residuos.
De acuerdo con la normativa europea, la fecha para la retirada de este material en todo el territorio nacional está fijada para finales del 2028, aunque Puebla ha insistido en que “la flexibilidad es necesaria” y en que este mapa será “la primera piedra” para una retirada “necesaria y obligatoria”.
También se pondrá en conocimiento de las autoridades de la UE, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Demográfica (MITECO), el volumen de amianto que hay en cada comunidad autónoma “de cara a que se arbitre una línea de fondos que ayude a los a ayuntamientos”.