La Justicia extremeña admite un recurso contra el nuevo plan de la Junta para salvar Valdecañas
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el decreto por el que la Junta de Extremadura ajusta los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y deja fuera de estas a la urbanización de lujo Isla de Valdecañas.
La organización ecologista ha denunciado que el decreto excluye “deliberadamente” la isla de Valdecañas de la ZEPA bajo la justificación de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, con el objetivo de eliminar el principal obstáculo ambiental para la legalización del complejo. Pero Ecologistas en Acción ha recordado que el proyecto fue declarado ilegal y que su demolición total ha sido ratificada en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Según la organización, han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional 'Marina de Valdecañas', 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx anulara el PIR y once años y medio desde el inicio de la ejecución de las sentencias. “A pesar de ello, el complejo -que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas- continúa plenamente operativo”, ha criticado.
De igual forma, ha señalado que el Tribunal Supremo estableció que las construcciones “deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”, mientras que el Tribunal Constitucional inadmitió o rechazó los recursos de amparo presentados por la Junta, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo y las comunidades de propietarios.
El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Julio César Pintos, ha denunciado que, 19 años después, “la legalidad sigue sin restaurarse” y ha acusado a las administraciones implicadas y a la promotora de no haber iniciado la restauración ambiental.
Por su parte, el abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid, Jaime Doreste, que representa a la organización en este recurso, ha calificado el decreto como “un fraude de ley” y ha asegurado que la redelimitación pretende “vaciar de contenido sentencias firmes” que exigen la demolición.
Ecologistas en Acción ha defendido que el decreto carece de justificación técnica objetiva y que ha sido diseñado para excluir de la protección ambiental la superficie donde se asienta el complejo, lo que, a su juicio, facilitaría una eventual regularización.
La organización ha solicitado que se paralice la aplicación del decreto y ha exigido a la Junta de Extremadura el cese de cualquier actuación encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias, así como el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas.