La urbanización ilegal de Valdecañas vuelve a la justicia extremeña, que podría impedir ahora su demolición

La Junta de Extremadura seguirá dando la batalla, como hace más de tres lustros, para evitar el derribo de la urbanización de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres) declarada ilegal por la justicia al estar construida en espacio protegido. Ahora, después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado los recursos que querían impedir que se ejecutase la sentencia del Supremo y se echara abajo todo el complejo, tanto lo construido como lo que se dejó a medias, el Gobierno extremeño ha anunciado que defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el cambio normativo ad hoc que se aprobó en 2023 para 'salvar' el complejo.

Además, la Junta de Extremadura ha dado luz verde a la tramitación de dos decretos que modifican los límites de medio centenar de Zonas de Especial Protección de Aves, entre las que se encuentra el embalse de Valdecañas, y de Lugares de Interés Comunitario, con lo que la urbanización dejaría de estar en suelo protegido. No obstante, cualquier cambio debe contar con el visto bueno de Europa.

Con independencia del color político, ya sea PSOE o PP, la postura de la Junta de Extremadura ha sido, en primer lugar, defender la legalidad de actuación urbanística, a pesar de la recalificación de unos terrenos para convertirlos en urbanizables, y, después de muchos reveses judiciales, impedir la demolición del complejo con varios argumentos. El TSJEx sentenció en su momento la demolición de todo lo construido, pero el Supremo ordenó en 2022 que también se echara abajo lo que estaba a medio construir o en estructura para restaurar la legalidad urbanística y ambiental por completo. Contra esa última sentencia recurrieron la Junta, los propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se levantó el resort. El Constitucional ha desestimado los tres recursos.

Tras la orden del Supremo de echar abajo Isla de Valdecañas, la mayoría absoluta del PSOE aprobó en 2023 la denominada ley ZEPA, que declaraba de forma expresa 55 territorios extremeños como ZEPA y aprovechaba uno de sus artículos para legalizar “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” levantadas en esos espacios a su entrada en vigor. 

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que ese cambio normativo “avala que no sea derribado” el resort, que cuenta con hotel de cuatro estrellas, 185 chalés de lujo, un campo de golf, además de instalaciones deportivas y una playa artificial con una zona náutica. Y esa es la postura que el Ejecutivo defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia, que se debe pronunciar al respecto.

De forma paralela, el PP está tramitando dos decretos de medio centenar de ZEPA y 13 Lugares de Interés Comunitario por “errores cartográficos cometidos en la delimitación inicial”. En concreto, se cambian los límites de las ZEPA de los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, el Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca dehesa boyal Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas. Con ello, la urbanización dejaría de estar en suelo protegido.

También se van a modificar límites “para permitir la expansión de muchos pueblos” porque la protección en zonas urbanas impide la ejecución o puesta en uso de infraestructuras públicas y equipamientos, como parques, residencias de ancianos o cementerios, según Manzano.