La Plataforma de Migrantes denuncia vulneración de derechos en el centro de acogida de Mérida

La Plataforma de Personas Migrantes de Extremadura ha denunciado este sábado la vulneración de derechos humanos en el centro de acogida de Mérida, dependiente del Ministerio de Inclusión, con obstáculos para que puedan acceder a la petición de protección internacional y con menores a los que, según señala, “no se les trata como tales”.

Así lo han denunciado ante los medios de comunicación a las puertas de este centro, en el que estiman que conviven unas 400 personas, una veintena de ellas menores, procedentes de Canarias, integrantes de la Plataforma de Apoyo a las personas migrantes en Extremadura de Mérida, Badajoz y Montijo.

Denuncian que en este dispositivo reciben información escrita y verbal en idiomas diferentes a los suyos, que acaban por firmar documentos en lenguas que desconocen, lo que les coloca “en una situación gran indefensión jurídica”.

Según ha explicado Siaka Konaté, uno de las personas que ha pasado por el centro, esta situación es “injusta” y deberían tener un tratamiento igual que otros extranjeros que piden asilo después de estar aquí un tiempo, con un traductor que hable su idioma y al que le explique por qué y le oriente “para luego buscarnos la vida como sea”, porque “si no se entera de nada no sabe que camino coger”.

La plataforma denuncia que tras ser informados sobre su derecho a la solicitud de protección internacional por miembros de esta plataforma, cuando lo trasladan a los profesionales que gestionan dicho dispositivo, los responsables “han desoído su petición y no se la han facilitado en absoluto”.

Además, cuando solicitan cita al negociado de extranjería en Mérida, se les responde por correo electrónico con un mensaje tipo a todos en el que se les requiere documentación y requisitos que no recoge ley alguna, como pasaporte y estar empadronado.

Los representantes de esta plataforma aseguran que esto requisitos no aparecen en la normativa reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, con lo que se agrava así la vulnerabilidad de estas personas ya que, como les transmite con frecuencia la entidad que gestiona el dispositivo, en breve, deben abandonarlo, “quedando en la calle”.

Esta plataforma agradece la colaboración que en este sentido está prestando el Colegio de Abogados de Badajoz, ya que cada vez más personas migrantes acogidas en este centro están viendo reconocido su derecho a justicia gratuita y accediendo a las citas que inician su proceso de petición de protección internacional.

Por otra parte, denuncia que cada vez con mayor frecuencia están detectando a migrantes acogidas que dicen ser menores de edad y que pese a llevar consigo documentación que lo confirma, los responsables del dispositivo no ponen en marcha el protocolo dispuesto en la legislación vigente de protección del menor“.

Aseguran que estos menores deberían pasar de manera inmediata a un dispositivo específico para el acogimiento de menores de edad y después confirmar tal supuesto (con pruebas de edad y verificando en los correspondientes consultados y embajadas la autenticidad de los documentos que los supuestos menores portan).

Marisa Prudencio, portavoz de la plataforma, señala que es el ministerio el que tiene “toda la responsabilidad”, y asegura que “menores migrantes no existen, los menores cuando llegan a España y Europa, son niños y niñas y tratarlos como tal y aquí no se está cumpliendo eso”.

Prudencio ha explicado que han traslado de esta situación a la Fiscalía de Menores, la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura, a cuya presidenta, María Guardiola, le pide que “tome nota” porque es la responsable de cualquier menor que llegue y no tenga tutores.